Por Pamela Fedra Vallet

Una de las problemáticas que tuvo que enfrentar el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman, al asumir en su cargo de funcionario público, fue el tema de las expropiaciones, al parecer ahora es una de las cuestiones más candentes que analiza la Legislatura. Muchos legisladores consideran que expropiar es una de las salidas más loables para preservar las fuentes de trabajo, sin embargo el macrismo no acompaña esta idea.

Cabe recordar que la crisis del 2001 trajo como consecuencia el quiebre de muchas empresas, lo que provocó que cientos de personas perdieran su fuente de trabajo. A partir de allí, la sociedad comenzó a movilizarse y a organizarse en forma solidaria y, en consecuencia, surgieron numerosas empresas recuperadas que luego mutaron en cooperativas de trabajo autogestionadas por sus propios trabajadores.

Los trabajadores emprendieron entonces una nueva forma de lucha: la ocupación de empresas con el firme objetivo de volver a producir, para así escaparle a la desocupación permanente y a la subsistencia esporádica del asistencialismo social.

En este marco, una salida legal a este obstáculo constituye la expropiación de los bienes de las empresas fallidas, llevada a cabo por gobiernos locales con el firme propósito de conciliar intereses entre las partes: preservar los intereses de los acreedores por parte del Estado y mantener las fuentes de trabajo.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estimó conveniente establecer políticas sociales y económicas que contribuyan al desarrollo productivo de las cooperativas de trabajo, según lo manifiesta el Decreto Nº 915/05, que creó el Programa de Promoción de Actividades Cooperativas con el objeto de mejorar la capacidad competitiva de las cooperativas y contribuir así al mantenimiento y ampliación del nivel de ocupación capitalina.

Hasta el momento, la ciudad de Buenos Aires ha recuperado más de 20 empresas a partir de las sanciones de la Legislatura y las promulgaciones del Poder Ejecutivo, sin contar las que se tratan en la Comisión de Desarrollo Económico, que preside la diputada Ana María Suppa.

La ley 121 de Expropiaciones es precisa en definir a la utilidad pública como “el fundamento de toda expropiación y comprende todos los casos en que se procure la satisfacción del bien común”. Según el artículo 27 de la citada ley, la ocupación no puede extenderse por más de dos años, al tiempo que permite que el jefe de Gobierno -según el artículo siguiente- disponer de la ocupación o uso temporario de un bien en “caso de necesidad urgente, imperiosa o súbita, por un plazo no mayor de cinco días corridos”.

Ante este compromiso social por parte de todos los actores involucrados en esta gestión, los legisladores asumen un grado de madurez política que no es gratuito ya que suele traer estallidos internos que recorren los pasillos del recinto: ideologías y referencias partidarias.

La tarea no es sencilla para el Parlamento comunal, ya que es una problemática que alcanza picos de sensibilidad social por la presencia de trabajadores que, nucleados en organizaciones, presionan en la labor de comisión por la pronta sanción de las leyes que les permita volver a su operatividad.