Acosado por la ola delictiva en el distrito, Daniel Scioli envió a la Legislatura un proyecto de ley que plantea una modificación del Código de Procedimiento Penal. Los legisladores mostraron indiferencia y hasta ventilaron otras posibles modificaciones.
En conferencia de prensa, el gobernador Daniel Scioli, junto al ministro de Justicia y Seguridad Ricardo Casal, anunció el envío a la Legislatura de un proyecto sobre limitación de excarcelaciones y reempadronamiento de armas. “Vamos a pedir el rápido tratamiento”, enfatizó el mandatario bonaerense.
El proyecto que el Gobierno bonaerense envió y que está caratulado como PE-12/12-13 modifica el Código Procesal Penal bonaerense. Se intenta limitar el beneficio de la excarcelación cuando se porten armas de fuego ilegalmente y exista resistencia o evasión a un procedimiento por parte una autoridad pública; cuando los presuntos delincuentes tengan antecedentes por comisión de delitos con armas, o estén gozando ya de una excarcelación anterior.
En su artículo 1º, el proyecto apunta a la modificación del artículo 171 de la Ley Nº 11.922 y sus modificatorias -Código Procesal Penal de la Provincia-, estableciendo, en referencia a la Denegatoria, que “en ningún caso se concederá la excarcelación cuando hubiere indicios vehementes de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación. La eventual existencia de estos peligros procesales podrá inferirse de las circunstancias previstas en el artículo 148”.
En ese sentido, también se consigna que “tampoco se concederá la excarcelación cuando, en los supuestos de tenencia o portación ilegítima de armas de fuego, el imputado hubiera intentado eludir el accionar policial, evadir un operativo público de control o, de cualquier otro modo, desobedecer, resistirse o impedir el procedimiento”.
Se establece además que “a fin de garantizar la correcta aplicación de las disposiciones precedentes y de lo normado en el artículo 189 bis apartado segundo párrafo octavo del Código Penal, a partir de la aprehensión, la autoridad policial o judicial requerirá en forma inmediata los antecedentes del imputado”.
Reacciones
En la misma Cámara baja donde finalmente ingresó el proyecto de Scioli fue donde se produjo la primera reacción, desde allí se emitió un elíptico mensaje. En paralelo a la iniciativa del PE, a través de una reforma al Código de Procedimiento Penal bonaerense, el mismo Código que busca modificar el gobernador, se busca atacar los delitos relacionados con violencia familiar.
El proyecto de ley presentado por el presidente del bloque de diputados del FpV-PJ, Juan de Jesús, está basado en que “la violencia doméstica inmersa hoy en el cuerpo social destruye los valores más respetados y actualmente mata, destruye el amor y la solidaridad propia del seno familiar”, según fundamentó.
De todas maneras el jefe de los diputados oficialistas se mostró optimista con la acogida que tuvo el proyecto del Ejecutivo y dijo que “el bloque (del FpV-PJ) está dispuesto a tratarlo cuanto antes, tal como lo ha solicitado el gobernador”.
Por otra parte, conocida, entonces, la intención del gobernador Daniel Scioli de limitar las excarcelaciones, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) salieron, ya directamente, a rechazar la medida pues, aseguran, que llevará al “colapso carcelario y judicial” y que “no mejorará la seguridad, porque no tienen nada que ver con la prevención”.
Alejandro Mosquera, director de la CPM, explicó que “la medida trata de actuar como mensaje propagandístico, en el medio de una discusión sobre la inseguridad en la Provincia”, pero en realidad “no resuelve nada”.
“Es una propaganda que causa daño”, señaló para luego recordar que algo similar se vivió en el 2000 y que “no mejoró el tema de la inseguridad, sino que elevó la arbitrariedad policial, el armado de causas y la cantidad de personas privadas de la libertad sin sentencia”.
Como para volver a tomar la delantera, el sciolismo echó a la cancha al legislador bonaerense Rodolfo Iriart que expresó su “total apoyo a la acción integral de desarme” que impulsa el gobernador Scioli, y destacó que “el que tiene armas ilegales y además posee antecedentes debe ir preso”.
“La CPM publicó un comunicado para criticar el proyecto” admitió otro sciolista, el diputado Iván Budassi, presidente de la Comisión de Seguridad, y señaló la contradicción de coincidir “con el objetivo de propender al desarme y la reducción de armas” y la crítica a la medida propuesta, “que tiende a desalentar la tenencia de armas ilegales, y que protegerá a la sociedad de quienes las portan y se niegan a someterse al control de las autoridades”.
Mientras tanto el proyecto del PE, con destino incierto, que intenta limitar las excarcelaciones por tenencia de armas espera que la Cámara baja sesione para tomar estado parlamentario.
