Por Héctor Pérez Bourbon
(Comentarios a uno de los proyectos sobre reformas en el Poder Judicial)
En las leyes pueden distinguirse distintos elementos componentes: un contenido preceptivo de carácter jurídico y un texto continente, ambos sustentados en una decisión política.
Hay, entonces, por lo menos, tres ópticas distintas de análisis: un análisis político de la decisión, un análisis jurídico del contenido y un análisis técnico del texto.
Me referiré sólo a este último aspecto, el análisis técnico del texto, particularmente de uno de los proyectos de reforma del Poder Judicial presentados por el Poder Ejecutivo: el de creación de nuevas Cámaras de Casación.
LA SITUACIÓN ACTUAL Y SU REFORMA
Poco antes de entregar el gobierno la llamada Revolución Libertadora dictó el Decreto-Ley nº 1285/58 mediante el cual estableció un régimen integral de organización del Poder Judicial reemplazando, y derogando, las normativa anterior.
De las modificaciones posteriores -más de ochenta- algunas se estructuraron como modificación al Decreto-Ley y otras simplemente como leyes autónomas.
El proyecto presentado para la creación de nuevas Cámaras de Casación propone una ley autónoma que crea estos órganos y establece algunos requisitos y algunas particularidades referidos a ellas; también modifica catorce artículos y deroga dos del Código Procesal Civil y Comercial y modifica dos artículos del mencionado Decreto-Ley.
No es un buen sistema esto de generar leyes autónomas existiendo un texto base. Veremos algunos errores que se generan por este deficiente método de modificación legislativa. Este modo de legislar produce lagunas o contradicciones normativas que, a la postre, resultan fuente de conflicto. Si a ello le sumamos una muy poco cuidada redacción, los conflictos se incrementan.
CUATRO EJEMPLOS PARA MUESTRA
Primer ejemplo:
El artículo 11 del Decreto-Ley establece que “Los jueces de primera instancia, de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones y de los tribunales orales, concurrirán a sus despachos todos los días hábiles, durante las horas en que funcione el Tribunal”.
No se ha previsto nada de esto para los nuevos camaristas, ni en la nueva ley ni como modificación de la normativa existente. ¿Qué significa eso? ¿Qué los nuevos camaristas de casación no tendrán esa obligación? ¿Tienen algún privilegio especial o se trata simplemente de mala elaboración del texto?
Segundo ejemplo:
El proyecto establece las condiciones para ser camarista y les fija las mismas que a los miembros de la Corte, lo que está establecido en el artículo 4º del Decreto Ley Nº 1285/58; entre otras cosas ocho años de abogado.
Pero el artículo 5º de ese mismo Decreto-Ley establece los requisitos para otros magistrados: “Juez de la Cámara Federal de Casación Penal, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, de las cámaras nacionales de apelaciones y de los tribunales orales” y a éstos les fija una antigüedad menor en la profesión: seis años.
¿Hay algún motivo para que a los actuales camaristas de casación se les exija seis años de ejercicio de la profesión y a los nuevos ocho? Si existe el motivo en ningún lado se lo explica.
Tercer ejemplo:
Se plantean, como dijimos, una serie de modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; entre otras cosas se propone el siguiente texto para lo que sería el nuevo artículo 289:
ARTÍCULO 289.- El recurso de casación se podrá fundar en alguna de estas causales:
1°.- Inobservancia o errónea aplicación o interpretación de la ley sustantiva.
2°.- Inobservancia de las formas procesales esenciales.
3°.- Unificación de la doctrina cuando en razón de los hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales se hubiere llegado a pronunciamientos diferentes.
4°.- Arbitrariedad.
La enumeración de estas causales del artículo 289, ¿es taxativa o puede haber otras? Parecería que es una enumeración abierta, no taxativa, habida cuenta de que el encabezado del artículo utiliza el verbo “poder” y no “deber”. Si fuese taxativa, el encabezado de ese artículo no diría “se podrá fundar” sino “se debe fundar”.
Sin embargo, el que se propone como nuevo texto del artículo 290 es el siguiente:
ARTÍCULO 290.- El recurso de casación se deberá interponer por escrito, fundado con arreglo a las causales previstas en el artículo anterior, […] (cito sólo la parte pertinente).
Es decir, si este artículo 290 dice que el recurso debe estar “fundado con arreglo a las causales previstas en el artículo anterior” parecería significar que esa enumeración (la del artículo 289) sí es taxativa: que no puede haber otras causales.
Esta indeterminación en que un artículo dice una cosa y el siguiente dice lo contrario conspira contra la seguridad jurídica a la que tiene derecho la población.
Cuarto ejemplo:
También la reforma propuesta para el artículo 294 tiene sus problemas. En efecto, se propone este texto:
ARTÍCULO 294.- Si la sentencia o resolución impugnada no hubiere observado la ley sustantiva o la hubiere aplicado o interpretado erróneamente o hubiere incurrido en arbitrariedad, el tribunal la casará y resolverá el caso con arreglo a la ley y a la doctrina cuya aplicación declare.
Si hubiera inobservancia de las formas procesales esenciales, la Cámara de Casación interviniente anulará lo actuado y remitirá las actuaciones al tribunal que corresponda para su sustanciación.
En un caso la Cámara resuelve la cuestión; en el otro, anula lo hecho y ordena que se haga correctamente. Hasta allí todo bien.
Sin embargo, si se correlaciona este artículo 294 con el ya visto 289 se observa que el primer párrafo del 294 (resuelve el caso) corresponde a los incisos 1º y 4º del artículo 289 mientras que el segundo párrafo (anula lo actuado y reenvía al tribunal) corresponde al inciso 2º de ese mismo artículo.
¿Qué hará o qué debe hacer el tribunal en el supuesto del inciso 3º?
Parecería claro que debe unificar la doctrina pero, una vez hecho eso, ¿resuelve la cuestión a la devuelve al tribunal para que éste resuelva de acuerdo con esa interpretación?
La respuesta a esta pregunta no está en el proyecto.
CONCLUSIÓN
Hay otras indeterminaciones pero esto es muestra suficiente de que el proyecto debió merecer una revisión bastante más profunda.
Todo el debate parlamentario se centró en lo político y en lo jurídico, soslayando totalmente lo técnico, la elaboración del texto.
Y el texto es lo que le llegará a la población, mucho más que la voluntad del legislador.
Hay que cuidar ese aspecto.
Héctor Pérez Bourbon
Instituto de Ciencia y Técnica Legislativa
www.icytel.org.ar
Esta es una simplificación con fines didácticos. En realidad estos tres aspectos se entrelazan enormemente con lo que, a veces, no resulta tan sencillo distinguir un análisis de otro.
2 Modifica el artículo 32, que contiene el listado de tribunales y que se actualiza con esta modificación y el 21, que no guarda ninguna relación con la creación de las nuevas cámaras y parece ser sólo la reparación de un olvido en alguna modificación anterior.
