Por Pablo Winokur

La crisis política y económica de 2001/2002 generó una especial inquietud por parte de la ciudadanía sobre el funcionamiento de muchas instituciones políticas y respecto a los manejos que los políticos y funcionarios tenían sobre sus áreas de influencia. La cuestión sobre la transparencia institucional pasó a ser un reclamo de la ciudadanía y, junto con esto, adquirieron más notoriedad pública las organizaciones no gubernamentales que realizan monitoreo de los poderes, entre ellos del Congreso.

Sin embargo, pasado el aluvión inicial las mejoras ocurridas durante los primeros años post-crisis parecieron estancarse. Poder Ciudadano es una de las organizaciones más importantes de la Argentina en lo que hace a monitoreo de las instituciones públicas. En diálogo con Parlamentario, su directora ejecutiva Laura Alonso analiza la evolución de los mecanismos de transparencia de ambas cámaras del Congreso. Y asegura que, pese a los avances, no hay una real voluntad de transparentar la gestión

– ¿Mejoró la transparencia en el Congreso después de la crisis de 2001?

– Nosotros notamos mejora en lo que es publicidad de información. No estoy hablando de desempeño legislativo o si el Congreso delibera más. En términos de transparencia es lo que hay más publicidad de información por la reforma reglamentaria que se produjo en el reglamento de la Cámara de Senadores y algunos ajustes también en Diputados. Por ejemplo, en el caso de becas y subsidios, el Senado está obligado a publicarlos en Internet y Diputados no. Diputados lo hizo en 2006 a pedido de algunas organizaciones, pero cuando se deja de demandar, y eso no es una obligación estatutaria, nadie lo hace. Por eso, hay que lograr ahí es una reforma del reglamento clara en ese sentido.

– ¿Se avanzó con las declaraciones juradas de los legisladores? ¿Hoy son públicas?

– En el caso de los senadores, gracias a una batalla legal de Poder Ciudadano, terminaron cediendo sus declaraciones juradas. Nosotros realizamos un pedido todos los años y tenemos una copia de sus declaraciones juradas al asumir. En el caso de diputados sigue siendo muy difícil, nunca logramos completar las 257 declaraciones juradas y la Secretaría Administrativa dice que no tiene recursos humanos para sacar las fotocopias, que el papel está caro y siempre hay alguna discusión al respecto. Es evidente que hay una negación, que sigue habiendo una resistencia a facilitar el acceso a los ciudadanos a la información sobre declaraciones juradas.

– ¿Es un tema burocrático o político?

– Si es burocrático, nosotros durante muchos años hemos recomendado que las dos cámaras firmaran un convenio con la Oficina de Anticorrupción del Ejecutivo para utilizar su software de carga. Actualmente, los legisladores cargan la información de las declaraciones juradas a mano con una lapicera, con lo cual para leer uno tiene que interpretar la letra del que lo cargó, que puede ser el contador, el diputado o la secretaria…

– ¿Existe un software para eso?

– Hay un software que utilizan los funcionarios del Ejecutivo: entran con una clave y cargan su información, que va a la base de datos de la Oficina de Anticorrupción y cuando vos pedís a la OA la declaración jurada del Presidente de la Nación, viene impresa con letra clara y legible. En Diputados siguen negándose a utilizar este software que ya existe.

– ¿Por qué cree que se niegan?

– Porque no hay un amplio compromiso por promover esta información…

– ¿Pero hay interés en que no se sepa?

– Hay un interés en no hacerlo. En los últimos tres “Congreso bajo la lupa” (N de la R: un libro de reportes anuales sobre el desempeño legislativo que produce Poder Ciudadano), recomendamos a las dos cámaras llamar a la OA y decirles “queremos firmar un convenio, queremos usar el software que ustedes tienen y queremos establecer el pedido, la solicitud de declaraciones juradas por Internet”. Nunca lo hicieron. Se lo hemos recomendado al ex presidente Scioli, del Senado, a Balestrini cuando fue presidente de Diputados…

– ¿Qué opina de la existencia de becas y subsidios que diputados y senadores pueden entregar?

– Hay una primera discusión que es respecto a si los legisladores tienen derecho a distribuir dinero. Sucesivas investigaciones nos han demostrado que si bien existe un registro, no hay un control sobre a quien se le entrega y porqué. No hay ningún control, respecto de cuál es el vínculo con el que recibe el dinero, si el que lo recibe lo necesita, si el que recibe ese dinero lo utiliza para un fin determinado o lo utiliza para otra cosa…

– ¿Por qué cree que pasa esto?

– Básicamente porque hay un manejo deliberado del uso de estos recursos para financiar la política.

– ¿Cómo se mejoraría el sistema?

– Habría que establecer criterios de elegibilidad para las becas y subsidios. El senador o diputado debería hacer una propuesta de entrega a una persona o institución, teniendo en cuenta esos criterios de elegibilidad. Y una dependencia, como la Secretaría Administrativa, debería estudiar que esa personas o institución sea elegible. Y a los seis meses o al año, estudiar si efectivamente ese dinero fue utilizado con ese fin.

– O sea que luego de los primeros avances en materia de transparencia, no hubo nuevas mejoras.

– No. Y en el caso de las declaraciones juradas es muy notorio, porque explicitan hasta donde quieren que se sepa quiénes son y qué hacen. Hay una función básica del legislador que es representar. Pero los partidos no producen información sobre los candidatos y las tienen que suplir las ONG haciendo sus bancos de datos. O aparece el Directorio Legislativo (NdR: una organización que recopila los principales datos de cada legislador y los imprime en un libro) tratando de suplir esa carencia de información. El legislador se tendría que preocupar por decir quién es, qué hace y cuál es su agenda de trabajo, con quiénes se reúne, cuánto dinero tenía cuando llegó al Congreso, cuáles son sus intereses y si los va a defender o no los va a defender, y cómo se va cuando deja del Congreso: si tiene más plata o menos plata. Estas son cosas básicas en un sistema democrático.

– Hasta ahora comenta lo malo, ¿pero se mejoró en algo?

– La publicidad, por ejemplo, de los decretos de la Presidencia en el Senado, permite tener muchísima información que antes no existía. Poder Ciudadano pudo hacer un trabajito estudiando los viajes de los senadores: esa información ayuda a que otros podamos entender qué es lo que sucede en el Congreso. La transmisión de las sesiones a través de Internet fue un avance; el Senado TV ha sido un avance; que existiera Diputados TV también sería un avance. Hemos propuesto varias veces que el Congreso pueda compactar en una o dos horas su funcionamiento semanal en un programa de TV que se transmita por Canal 7 o en un programa para Radio Nacional. Si bien puede ser complicado tener una señal de aire o de cable, Canal 7 debería tener un compacto de información semanal sobre el Congreso.

– En 2008 el Congreso tuvo mucho protagonismo. ¿Fue buena la manera en que se manejaron los debates?

– Sí. Nosotros hicimos un informe bastante positivo sobre cómo las dos cámaras usaron algunos de los mecanismos de publicidad de información y de transparencia que se venía reclamando hace bastante.

– ¿Por ejemplo?

– La transmisión en Internet de todas las reuniones de comisión y de las sesiones completas. Las versiones taquigráficas se publicaron enseguida, aunque sea una versión provisoria. Estaban todos los proyectos, el listado de la votación nominal… Circuló mucha más información de la que circula en otros debates. Fue una discusión importante que suscitó mucho interés y los mecanismos funcionaron bien. Entonces es importante decirlo…

– ¿Cómo se financian Poder Ciudadano y las organizaciones que hacen seguimiento parlamentario?

– Nos cuesta mucho. Las ONG’s vivimos de donaciones y de contribuciones de terceros. Pero esas contribuciones generalmente se achican porque vienen de organismos de la cooperación internacional o fundaciones internacionales. Poder Ciudadano no ha recibido en general fondos del sector privado o de individuos interesados en la Argentina para monitorear al Congreso. No hay un interés local de otros actores en que organizaciones como la nuestra pueden hacer este trabajo. ¿Cuál es el efecto? Que si uno no logra una reforma estatutaria, los acuerdos de buena fe se van cayendo a medida que las personas van cambiando la dirección de estas instituciones. Las ONG’s no podemos hacer todo, porque hay responsabilidades que son políticas: las ONG’s no somos electas para reformar los reglamentos de las cámaras del Congreso para hacer más transparente su funcionamiento.

– ¿No reciben fondos de gobiernos?

– No en el caso de actividades de monitoreo y seguimiento de instituciones públicas. Podemos recibirlo para la implementación de algún programa específico, el proceso de construcción de ciudadanía o alguna actividad de implementación de alguna herramienta de Poder Ciudadano. Hemos recibido algunos fondos en esas áreas, pero no son la mayoría…

– Si viene alguien del Congreso y les ofrece un subsidio para que ustedes monitoreen, ¿lo aceptarían?

– No, buscamos otras fuentes que no sean de la propia institución. No sería creíble nuestro trabajo, ni la intención del Congreso de ser observado por una organización independiente.