Dentro del marco de la Constitución provincial vigente sería necesario para tener una mejor Justicia:

• Que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sea realmente un tribunal constitucional, y no de casación como lo es casi exclusivamente hoy, que atienda los recursos de inconstitucionalidad contra los fallos de las cámaras de apelaciones, y que ejerza las demás cuestiones que le asigna el artículo 165 de la Constitución Provincial. La primera de ellas (Inc. a), referida a las acciones declarativas de inconstitucionalidad -individuales y colectivas- que deberá ser reglamentada con un trámite sencillo, en un Código de Procedimiento Constitucional -como el que proyecté cuando fui diputado nacional y que rige ahora en Tucumán-, en el que no se exija que la norma o acto cuestionado no haya comenzado a ser aplicado, como interpreta en la actualidad el TSJ haciendo casi imposible su admisión.

• Que las causas civiles, comerciales, de quiebra, de familia, de menores, criminales, criminales económicos, correccionales, laborales, contencioso administrativa, tributarios, electorales, de faltas y de paz se tramiten en doble instancia. La primera ante los jueces especializados o de competencia múltiple que la ley ha creado; y la segunda ante las cámaras de apelaciones que podrán revisar todos los agravios de hecho y de derecho que se le planteen. Para ello habrá una cámara única en cada circunscripción en que se divide la provincia, las que se dividirán en salas -de tres jueces- que atenderán las distintas materias (civil, comercial, criminal, laboral, etc. o de competencia múltiple). Con ello se garantizará el “Derecho a recurrir del fallo ante juez o tribunal superior” como exige el artículo 8, 2, h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el inc. 22, del art. 75 de la Constitución Nacional; y la doctrina de la Corte Suprema en “Casal, Matías Eugenio” del 20/9/05.

• De esta manera los recursos de casación serán sustituidos por los de apelación en los que las salas de las Cámaras y no las del TSJ revisarán no sólo el derecho sino también los hechos que fundan los fallos de primera instancia.

• Para las causas contencioso administrativo deberán crearse o habilitarse juzgados de primera instancia; con un procedimiento que unifique las acciones de plena jurisdicción y de anulación o ilegitimidad, en el que no tenga participación un fiscal y en el que se unifiquen los actuales recursos de apelación, cuando la provincia es parte, con el de casación, en los demás casos, en una única apelación, la que, al igual que el recurso de revisión, deberán tramitarse ante las respectivas salas de las cámaras, y no en el TSJ como ocurre ahora.

• En las causas criminales, criminales económicas y correccionales, seguirán siendo atendidas por los jueces de instrucción, y las salas de las Cámaras que receptan los juicios orales y dictan las sentencias -en forma colegiada o unipersonales-, de acusación; y habrá que crear o habilitar otras de apelación, que sustituyan la sala penal del TSJ.

• Deberán derogarse las leyes que admiten los juicios por jurados por: no haber sido establecidos por ley federal (Arts. 24 y 75 Inc. 12 de la C. N.); por no ser “populares” ya que no son elegidos por el pueblo, ni por sus representantes; por ignorar el derecho; por discriminar a los abogados y jueces que no pueden integrarlos; porque la experiencia indica que sus fallos no son mejores, y porque el jurado hace más engorroso, lento y costoso los juicios.

• En materia laboral los jueces de conciliación pocas veces toman la audiencia de conciliación y en las cámaras las audiencias orales se hacen y fallan con un solo vocal, por lo que la doble instancia debería reorganizarse con juzgados de primera instancia en los que tramitan el juicio desde la demanda hasta la audiencia oral y la sentencia, y las apelaciones sean atendidas por las salas laborales de las Cámaras que haya en cada circunscripción. A solicitud de parte, en cualquier etapa del proceso, se puede hacer una audiencia de conciliación, que será atendida en una oficina especializada, como la que acaba de crearse como “experiencia piloto” a nivel de Cámara.

• Las apelaciones de los fallos del Juzgado Electoral, deberán ser resueltos en una sala de la Cámara de la Capital y no ante el TSJ.

• Deberán designarse más jueces y reformarse las normas procesales para simplificar y uniformar los trámites. La digitalización y despapelización de los procesos servirá para acortar distancias entre el litigante y el tribunal, evitará la permanente concurrencia a los tribunales y no será necesario constituir domicilio en donde tenga asiento el tribunal, pudiendo presentarse escritos y hacerse notificaciones digitalmente.

Reforma Constitucional

Como lo propusimos, sin éxito, cuando fui constituyente en 1987 con otros colegas, cuando se reforme la Constitución provincial debería dársele autonomía al Ministerio Fiscal e incorporar en su texto al Consejo de la Magistratura; integrado por legisladores, jueces y abogados, que tendrá a su cargo: la Escuela de la Magistratura, los concursos de los que aspiran a ser jueces o fiscales inferiores y el actuar como jurado de enjuiciamiento de los magistrados inferiores cuando sean acusados por la Legislatura con dos tercios de votos.

Estas ideas quieren ser un modesto aporte a un debate, en el que hoy son más frecuentes las quejas que las propuestas, para intentar alguna vez hacer realidad en Córdoba aquello de “afianzar la justicia”.

Córdoba, noviembre de 2013.

* Es profesor Emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y catedrático de la Universidad Católica de Córdoba y fue constituyente provincial y diputado de la Nación.