El Senado tuvo casi el doble de sesiones que la otra cámara. Las reuniones de comisión fueron 267 y 27 de los proyectos aprobados correspondieron al oficialismo.
Un exhaustivo informe de la Fundación Directorio Legislativo analiza puntillosamente el desarrollo del año parlamentario que acaba de concluir. Año electoral, y en pandemia, lo cual vale para tener en cuenta a la hora de comparar lo actuado en 2021 con otros años electorales. En ese sentido, el trabajo advierte sobre la merma en la cantidad de sesiones y leyes sancionadas respecto del año anterior.
Se hace hincapié en que durante los meses de las elecciones (las primarias de septiembre y las generales de noviembre) el Congreso no convirtió en ley ningún proyecto. Escenario al que hay que agregar el dato en que las negociaciones por la agenda legislativa fueron más dificultosas para los legisladores oficialistas y opositores. Y se advierte también que la nueva composición del Congreso que surgió de las últimas elecciones complejiza el escenario legislativo, al dejar con pocas bancas de diferencia al oficialismo y la oposición. En este sentido, las sesiones de diciembre muestran la antesala de un 2022 que estará marcado por la necesidad de negociar y articular consensos para evitar la parálisis legislativa.
En materia de sesiones, hubo 22 en ambas cámaras a lo largo del período ordinario (del 1 de marzo al 31 de diciembre), y en ese sentido el Senado fue la cámara que más reuniones desarrolló: 14, contra 8 de la otra cámara.
Sobresalieron las sesiones especiales: 7 en Diputados y 11 en el Senado. Solo hubo dos ordinarias y ambas fueron en la Cámara alta, donde el oficialismo era todavía mayoría. La particularidad de las reuniones especiales es que en ellas la lista de proyectos a debatir es acordada por un grupo de legisladores en contraste con las reuniones de tablas (ordinarias), en donde el temario es debatido y consensuado entre todos los bloques.
Hubo además dos reuniones informativas, una en cada cámara. Esto es, las reuniones en las que el Congreso recibe al jefe de Gabinete para que éste cumpla el mandato constitucional de informar al Parlamento. Ambos informes fueron brindados por Santiago Cafiero en su calidad de jefe de Gabinete, pues su sucesor, Juan Manzur, todavía no ha debutado en esas lides.
El Congreso aprobó a lo largo del período ordinario 2021 52 leyes. Una de cada 4 leyes aprobadas se gestó a partir de proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, o sea que estamos hablando de 13 leyes. El 75% restante estuvo originado en iniciativas elaboradas por diputados o senadores. Del total de esos proyectos (39), casi el 70% fueron elaborados por legisladores oficialistas, en tanto que el 23% de las demás leyes se explican por iniciativas de la oposición. A su vez, 3 leyes (8%) tuvieron origen en iniciativas presentadas tanto por legisladores oficialistas, como opositores.
El año 2021 estuvo marcado por las elecciones legislativas, que precisamente esta vez tuvieron la particularidad de que el cronograma electoral se modificó, corriéndose un mes en ambos casos: de agosto a septiembre y de octubre a noviembre, respectivamente.
Directorio Legislativo hace hincapié en que la actividad electoral demorada se tradujo en un parate de la gestión legislativa en los meses electorales, en los cuales no se sancionaron leyes.
Finalmente, el Poder Ejecutivo extendió el período ordinario hasta el 31 de diciembre. En ese mes, el Congreso registró el pico de mayor cantidad de leyes sancionadas en el año: 14.
A diferencia de 2020, en donde uno de los temas centrales de las leyes sancionadas fue la atención de la pandemia, en 2021 la agenda de salud pasó por iniciativas de otras características, como la Ley de Alimentación Saludable, o la de Contracepción Quirúrgica. En 2021, la agenda Covid se desplazó de los temas de salud a los temas de economía.
El Congreso trabajó en la sanción de iniciativas diseñadas con la intención de recomponer los ingresos económicos de los argentinos. Es el caso de las modificaciones en Ganancias, Bienes Personales y Monotributo.
Los temas más legislados fueron iniciativas vinculadas a las transferencias de inmuebles y a la declaración de fiestas, días nacionales o capitales nacionales. Este tipo de proyectos se destacan por la facilidad de construir consensos (o no estar marcados por conflictos políticos) y en consecuencia su estudio legislativo es expeditivo.
Las comisiones de ambas cámaras tuvieron una profusa actividad. En total, fueron 267 las reuniones realizadas a lo largo del año. En ambos casos, y como suele suceder, fue Presupuesto y Hacienda la comisión más activa.
En el caso de Diputados, hubo 22 reuniones de esa comisión que conduce Carlos Heller, seguida por Derechos Humanos y Garantías, con 16, una más que Acción social y Salud Pública. En cuarto lugar se ubicó Legislación General, con 9.
135 reuniones de comisión se realizaron en el Senado. Tres más que en la otra cámara. Con 27 de Presupuesto y Hacienda; 9 de Educación; 8 de Asuntos Constitucionales y 7 de Acuerdos. Recordemos que a diferencia de la Cámara baja, en el Senado se mantiene la posibilidad de realizar reuniones de comisión de manera virtual.
Entre 2016 y 2019 hubo una gran diferencia en el número de reuniones de comisión a favor de la Cámara baja. La relación era de 617 a 303 en el primero de los años de esa serie y de 196 a 88 en 2019. A partir de 2019 comenzó a reducirse la brecha en la actividad de comisiones entre ambas cámaras (172-148 en 2020 y 135 a 132 en 2021).
En el mismo sentido, la cantidad de dictámenes (proyectos de ley aprobados en comisiones) emitidos entre 2016 y 2018 fue ampliamente mayor en Diputados que en el Senado y, a partir de 2019, esa diferencia se redujo notoriamente.
En 2019 las comisiones de Diputados emitieron 65 dictámenes y el Senado 87. En 2020, Diputados volvió a ser la cámara con más dictámenes (101) de los 270 dictámenes del año frente al 37% (99) aprobados en Diputados.
El informe de Directorio Legislativo destaca que a lo largo del año el presidente Alberto Fernández y su gabinete anunciaron en diferentes ocasiones proyectos económicos orientados a promover determinadas actividades productivas y a generar empleo. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas avanzó en el Congreso.
El único proyecto que fue sometido a discusión en comisión fue el de promoción de las inversiones hidrocarburíferas. Pero, ante los cuestionamientos de legisladores opositores y oficialistas, el Poder Ejecutivo anunció que incorporará modificaciones y su tratamiento quedó postergado.
También están pendientes de análisis los proyectos de promoción de la agroindustria y de la industria automotriz y de la movilidad sustentable. Se suma a la lista, la iniciativa de compre argentino y desarrollo de proveedores, recientemente ingresada a la Cámara de Diputados.
Por su parte, el proyecto de promoción de la industria del cannabis medicinal y del cáñamo industrial fue aprobado por el Senado y aguarda su análisis en Diputados.
El 17 de diciembre, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley de Presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo. En consecuencia, el Gobierno nacional prorrogó el Presupuesto 2021 e instruyó al jefe de Gabinete a adecuar las partidas presupuestarias a través de decretos.
Existen dos antecedentes en los que un gobierno debió prorrogar el presupuesto anterior. En 2011, el Congreso decidió no discutir el presupuesto enviado por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras tanto, en 2020, el Gobierno de Alberto Fernández resolvió no poner en consideración el proyecto presentado por su antecesor, Mauricio Macri. Sin embargo, esta es la primera vez desde el retorno de la democracia que el Poder Legislativo rechaza un proyecto de Presupuesto.
A un año de su presentación, los proyectos de ley impulsados desde el oficialismo para reformar el sistema judicial no registraron avances. Se trata, por un lado, de la denominada reforma judicial, cuyo objetivo es modificar la organización y competencia de la Justicia Federal. Y, por el otro, de la reforma de la ley del Ministerio Público Fiscal, que postula la elección del procurador general de la Nación por mayoría absoluta del Senado y limita su mandato a 5 años.
Además, el Poder Ejecutivo envió al Senado un proyecto para modificar la composición del Consejo de la Magistratura. Días después la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el organigrama actual y exhortó al Congreso a sancionar una nueva ley antes de abril.
Sin embargo, por el momento, el asunto no registró avances en el Congreso, aunque podría ser uno de los temas centrales del 2022.
También quedó pendiente la designación de un juez supremo, tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco a la Corte Suprema. No obstante, se necesitan dos tercios de los votos del Senado para avanzar con el nombramiento de un ministro de la Corte y, por el momento, el oficialismo no dio con un candidato que reúna el consenso político suficiente para alcanzar tal número.
Pese a haber sido aprobado por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados en 2021, el proyecto de ley de humedales está a punto de perder estado parlamentario (el 28 de febrero próximo). Es una iniciativa que establece los lineamientos regulatorios mínimos para la conservación, protección y uso racional de estos ecosistemas.
Su discusión parlamentaria acumula años, sin embargo, hasta ahora no consiguió el consenso político suficiente para convertirse en ley.
Por otra parte, en 2021 el oficialismo presentó un proyecto de gestión integral de envases, que tuvo origen en el Ministerio de Ambiente que encabeza Juan Cabandié. Las comisiones competentes lo aprobaron, sin embargo el Frente de Todos no pudo lograr el quórum para tratarlo en el recinto. Buena parte de la oposición y representantes del sector privado rechazaron la propuesta al considerar que, entre otras cosas, la tasa ambiental que propone crear es un impuesto encubierto.
2020 fue, con 42 sesiones en ambas cámaras, el que más actividad tuvo en la materia durante los últimos diez años, seguido por 2012 y 2014, con 37 cada uno de esos años en los períodos ordinarios, superando ampliamente la media de 29 sesiones anuales.
Año electoral, 2021 estuvo por debajo del promedio en la década, con 22. Vale tener en cuenta que en los años electorales (2013, 2015, 2017, 2019 y 2021), la media es de 23 sesiones.
El año que acaba de concluir también se posiciona como un año de menor actividad al contemplar esta variable, pero la diferencia con el promedio se reduce ampliamente.
El contraste más llamativo es 2020-2021. En 2020, el Congreso logró aumentar la cantidad de sesiones impulsado por la modalidad de trabajo a distancia. El regreso de las sesiones presenciales en 2021, sumado al calendario electoral, produjo una merma en la cantidad de reuniones.
El año con más leyes aprobadas de la última década fue 2015, con 121.
Directorio Legislativo apunta que ambas cámaras han desarrollado en la última década una actividad relativamente similar entre sí en lo que respecta a cantidad de sesiones, con una diferencia menor a 3 sesiones en siete de los diez años. En los años en donde esa diferencia crece, la cámara que más veces se reunió fue el Senado. En este punto sobresalen 2020 y 2021, en donde el Senado llevó adelante un 80% más de sesiones en 2020 y un 75% más en 2021.
Este fenómeno puede explicarse en términos políticos. En el Senado (hasta las elecciones legislativas 2021), el peronismo (hoy Frente de Todos y antes Frente para la Victoria) contaba con mayoría y quórum propio. Las mayorías legislativas tienen un doble impacto: por un lado facilita la realización de sesiones y por el otro garantiza el control del temario.
Cabe consignar que en seis de los últimos 10 años predominaron las reuniones especiales por sobre las reuniones ordinarias. A su vez, en todos los años el Congreso funcionó en forma extraordinaria, es decir que fue ampliado su cronograma de trabajo legislativo para sesionar en diciembre, enero y/o febrero. En 2021, el Ejecutivo extendió el calendario ordinario del Congreso hasta el 31 de diciembre y existe la posibilidad de que en el transcurso de febrero se convoquen a extraordinarias.
En la última década, el promedio de leyes sancionadas en los períodos ordinarios es de 79 proyectos anuales. 2021 se posiciona a un 35% debajo de esa media. Si bien la cantidad de leyes es menor al promedio de la década en 2021, el Congreso sancionó 16 leyes más que en 2018 (el punto más bajo de la serie) y 13 leyes más que en el último año electoral (2019). El año con más leyes aprobadas de la última década fue 2015, con 121.
Excepto en 2014, en todos los períodos ordinarios de la década la mayor cantidad de leyes sancionadas provino del Poder Legislativo. Sin embargo, entre 2016 y 2019 la diferencia del origen se acentuó notablemente, siendo 2016 el año con mayor distancia entre ambas variables.
Esa brecha se redujo notablemente en el 2020. Sin embargo en 2021 volvió a plasmarse una diferencia notable en donde solo el 25% de las leyes aprobadas en el año responden a proyectos enviados por el Poder Ejecutivo.
Respecto de 2014, cabe destacar que esta diferencia entre leyes con origen en el Poder Ejecutivo y Legislativo fue revertida en el período extraordinario. Finalmente se aprobaron 197 leyes: 108 a partir de proyectos de legisladores y 89 del Ejecutivo.
Entre 2012 y 2015, la mayor cantidad de leyes presentadas por el Poder Legislativo provino del oficialismo. Es lógico, si se tiene en cuenta que el Frente para la Victoria contaba en esos años con mayoría en ambas cámaras. A partir de 2016, con la llegada de un gobierno en minoría como fue el de Cambiemos, se evidencia una mayor paridad entre las tres fuentes de proyectos sancionadas. Esa paridad explicita la negociación que el oficialismo y el Ejecutivo debía/debe llevar a cabo para poder impulsar su agenda legislativa.
Así las cosas, en el último año, 27 leyes fueron impulsadas por el oficialismo, 9 de la oposición y 3 por ambos.
Si bien el artículo 101 de la Constitución establece que el jefe de Gabinete debe asistir mensualmente al Congreso para brindar un informe de gestión, esto no suele suceder. En la última década, el jefe de Gabinete que más asistió a ambas cámaras fue Marcos Peña, en tiempos de Cambiemos, con 20 visitas en sus cuatro años de gestión. Pero a nivel porcentajes, el que lleva la delantera es el chaqueño Joge Capitanich, que en dos años fue 7 veces al Congreso.
Santiago Cafiero fue 5 veces en un año y medio y Juan Manzur todavía no ha cumplido con esa obligación constitucional.
Desde el 1ro. de marzo se realizaron 42 sesiones y 320 reuniones de comisión. El dato negativo fue la escasa cantidad de sesiones de tablas: en Diputados no hubo ninguna y en el Senado, solo cuatro. Se sancionaron 66 leyes y, de los proyectos enviados por el Ejecutivo, casi el 67% fueron aprobados. El informe de la Fundación Directorio Legislativo.
Contra todo pronóstico, el período legislativo que inició el 1ro. de marzo y finalizará en febrero con las sesiones extraordinarias se encamina a convertirse en uno de los más productivos en materia de cantidad de sesiones: un total de 42 entre ambas Cámaras -27 en el Senado y 15 en Diputados-, la mayoría bajo el sistema virtual, que marcó un antes y un después en la tarea parlamentaria.
Si bien la marca del año 2020 solo fue superada en 2014, el año legislativo no terminó: se espera que en el transcurso de enero y febrero el Congreso tenga al menos dos sesiones más, y de esta forma el año saliente será el de mayor cantidad de sesiones desde 2012, según un detallado informe de la Fundación Directorio Legislativo.
El factor determinante para semejante nivel de actividad fue, sin dudas, la incorporación de tecnología al proceso legislativo, primero con las reuniones informativas de comisiones a través de videoconferencias, y luego con la elaboración de protocolos en ambas Cámaras, discutidos largamente entre marzo y mayo, para habilitar la firma de dictámenes y la realización de sesiones virtuales.
Bajo este nuevo formato, los legisladores tuvieron un año con 66 leyes aprobadas. Entre el 10 de diciembre de 2019 y el 31 de diciembre último, el presidente Alberto Fernández envió al Congreso 33 proyectos, de los cuales 22 fueron convertidos en ley, es decir, casi un 67% del total.
Esto fue posible, sobre todo, gracias a la mayoría propia de la que goza el Frente de Todos en el Senado, presidido por Cristina Kirchner. Por el contrario, en la Cámara de Diputados el oficialismo no cuenta con superioridad numérica y se vio obligado a negociar cada ley con bloques minoritarios de la oposición, ya que Juntos por el Cambio prestó su apoyo solo en temas puntuales.
De esta forma, el apoyo con el que contó el gobierno actual fue mayor al que obtuvo Cristina durante el primer año de su segundo mandato (con la aprobación de casi un 43% de los proyectos enviados por el Gobierno) y también al que logró el expresidente Mauricio Macri tras asumir (logró el aval de un 50% de sus iniciativas durante el 2016).
De las 66 leyes aprobadas, casi un 60% fueron emanadas del Poder Legislativo y un 40%, del Ejecutivo. Entre las iniciativas impulsadas por legisladores, la oposición pudo colar temas de su interés y un porcentaje no menor de las normas sancionadas (23%) surgió de proyectos redactados en conjunto por representantes de distintos bloques.
La cantidad de leyes sancionadas el año pasado no sobrepasó la media de 97 registrada desde 2012, pero fue mayor a la cifra de 2019, con 45 leyes. Además, se igualó la marca de 2018: si bien ambos fueron años no electorales, esta vez intervino el factor de la pandemia, algo que pone en valor el resultado obtenido.
Entre las principales leyes sancionadas en 2020 se encuentran las dos sobre la sostenibilidad de la deuda externa; el Presupuesto 2021; la legalización del aborto; el aporte solidario de las grandes fortunas; la nueva fórmula de movilidad jubilatoria; la moratoria ampliada; la regulación del teletrabajo; y la protección de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).
¿Cómo fue la cosecha de sesiones en Diputados? El dato saliente es que no hubo ninguna sesión de tablas: de las 15 realizadas, 14 fueron especiales y hubo una sola informativa con la presencia del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que si bien no asistió una vez por mes a cada Cámara, sí cumplió con el deber de enviar los informes mensuales por escrito.
En Diputados también hubo dos sesiones en minoría -no contabilizadas en el informe- convocadas por Juntos por el Cambio: en la primera, el 28 de mayo, el interbloque presidido por Mario Negri intentó avanzar con la derogación del DNU que le otorgó facultades extraordinarias al jefe de Gabinete; y la segunda, el 11 de noviembre, fue citada con un amplio temario, que incluyó desde la declaración de la emergencia educativa hasta un protocolo nacional de circulación y un rechazo al cierre del aeropuerto de El Palomar.
Asimismo, el 9 de diciembre se llevó a cabo la sesión preparatoria donde Sergio Massa fue revalidado como presidente, y se avaló al resto de los vicepresidentes: Omar De Marchi (Pro), José Luis Gioja (Frente de Todos) y Alfredo Cornejo (UCR), en ese orden.
En el Senado, en tanto, fueron nada menos que 27 sesiones -aproximadamente una sesión cada 15 días-, con tan solo cuatro ordinarias, 21 especiales y dos informativas a cargo de Cafiero. Con 40 legisladores propios y dos aliados, el bloque comandado por José Mayans no tuvo inconvenientes en aprobar hasta los proyectos más polémicos, algunos de los cuales se encuentran trabados en Diputados, como la reforma judicial y la nueva Ley del Ministerio Público.
El trabajo en la Cámara dirigida por Cristina fue tan arrasador que superó ampliamente el promedio de 19 sesiones anuales, y se hizo evidente el contraste con el nivel de actividad en 2019, bajo la presidencia de Gabriela Michetti, cuando se realizaron solo 11 sesiones -una de las marcas más bajas de los últimos años-, con la salvedad de que ese fue un año electoral.
Otro indicador favorable del año saliente fue la cantidad de reuniones de comisión, nada menos que 320 (172 en Diputados y 148 en el Senado). Entre ambas Cámaras se firmaron en total 174 dictámenes sobre proyectos de ley, en el período comprendido entre el 1ro. de marzo y el 3 de enero, cuando finalizó la prórroga de ordinarias.
Entre las comisiones que más se reunieron en la Cámara baja figuran las de Presupuesto y Hacienda (32 reuniones), Salud (26 reuniones) y Mujeres y Diversidad, que en su primer año de funcionamiento realizó 19 reuniones, en una muestra de cómo penetró la agenda de género, que tuvo su broche de oro con la sanción de la ley de aborto.
En el Senado, la Comisión de Presupuesto y Hacienda también fue la más productiva, con 29 reuniones, seguida por Trabajo y Previsión Social (26) y Justicia y Asuntos Penales (23). Fue notable, a su vez, la diferencia en la actividad de la Comisión de Asuntos Constitucionales comparada entre ambas Cámaras: en el Senado se reunió 18 veces, y en Diputados apenas dos.
Por otra parte, con sus tres presentaciones ante el Congreso, Cafiero igualó la marca de Juan Manuel Abal Medina en su breve gestión como jefe de Gabinete (2012-2013). El récord lo tiene Marcos Peña, con 20 informes presenciales en sus cuatro años en el cargo, y la contracara es Aníbal Fernández, que ejerció la función en 2015 y no concurrió nunca al Parlamento.
Poder Ciudadano, ACIJ y Directorio Legislativo habían reclamado por la mora en la creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública en ambas Cámaras.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo a una acción de amparo promovida por la Fundación Poder Ciudadano, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Directorio Legislativo contra las dos cámaras del Congreso Nacional por no haber creado la Oficina de Acceso a la Información Pública en esos cuerpos.
“La falta de creación de la Oficina de Acceso a la Información Pública en las Cámara de Senadores y Diputados de la Nación no vulnera ese derecho de los ciudadanos o entidades”, concluyó la Cámara y validó el fallo de primera instancia -aunque con otros fundamentos- de la Sala V.
Según informó la agencia Télam, el tribunal sostuvo que las demandantes “no han logrado explicar, concretamente, la relación entre la omisión o demora de la designación del titular de la Agencia de Acceso de la Información Pública -dependiente del Poder Legislativo Nacional- y la supuesta afectación de los derechos invocados”.
La Sala V de la Cámara recordó que en el ámbito de cada una de las codemandadas “funciona un organismo cuya competencia principal es responder a las solicitudes de acceso de información pública que pudieran efectuar tanto los habitantes como las asociaciones”.
Las entidades que promovieron el amparo habían argumentado que el Poder Legislativo incumplía lo establecido en el artículo 28 de la Ley 27.275 (Acceso a la Información Pública), publicada en el Boletín Oficial el 29 de setiembre de 2016.
Las demandantes acotaron que el derecho previsto por la Ley 27.275 “no se configura” solo con la entrega de la información pública una vez que es solicitada, “sino que implica la posibilidad de acceder a ella fácilmente, con procedimientos establecidos y promoviendo medidas de transparencia activa con la posibilidad de reclamar en caso de que se deniegue”.
“No se advierte la existencia de un caso de ilegalidad o arbitrariedad manifiesta, como requisito de procedencia de la presente acción de amparo”, replicaron los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani.
La Fundación Directorio Legislativo organiza un webinar con legisladores de Argentina, Colombia y México. Además, se relanzará el clásico directorio en versión digital.
Con el objetivo de debatir sobre los desafíos del Poder Legislativo en materia de transparencia, la Fundación Directorio Legislativo realizará este martes a las 12 (hora argentina) un webinar con legisladores de Argentina, Colombia y México, donde además se lanzará la versión digital del clásico directorio.
El encuentro será moderado por María Barón, directora ejecutiva global de Directorio Legislativo, y participarán Daniela Vilar (diputada nacional y presidenta de la Comisión de Modernización Parlamentaria) y los legisladores María José Pizarro (Colombia) y Juan Zepeda (México).
También estarán presentes en el evento Justine Dupuy (coordinadora del Programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de Fundar, México), Mónica Pachón (profesora asociada de la Universidad de los Andes, Colombia) y Noel Alonso Murray (directora ejecutiva de Directorio Legislativo en Argentina).
“Los Poderes Legislativos tienen un papel fundamental que desempeñar mientras el mundo aborda los desafíos del contexto actual. Para cumplir con estas importantes funciones, es necesario adoptar políticas de transparencia y reducir la distancia entre representantes y representados”, explicó Directorio Legislativo.
La fundación presentará en este seminario el Directorio Legislativo 2.0, que contendrá el perfil de todos los legisladores que integran los Congresos Nacionales de Argentina, Colombia y México.
Son Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay, donde ya se realizaron sesiones remotas a través de diferentes tecnologías. Otros países, como Bolivia, Colombia y la propia Argentina, avanzan para adaptar el trabajo legislativo al contexto del aislamiento.
La pandemia del Covid-19 no solo representa un desafío para la toma de decisiones del Poder Ejecutivo en un contexto de crisis: también obliga a los Parlamentos a repensar su modo de funcionar en medio del aislamiento social. Es así que en al menos cuatro países de América y el Caribe el Congreso sesionó virtualmente, mientras que otros seis se encuentran trabajando para adaptarse a las nuevas circunstancias.
El relevamiento fue realizado por la Fundación Directorio Legislativo y ParlAméricas, organizaciones que sostienen que en el marco de la emergencia sanitaria mundial “es preciso fortalecer el rol de los Poderes Legislativos para que puedan adaptarse a esta nueva realidad que nos presenta la pandemia y continuar ejerciendo sus funciones de representación, legislación y control político”.
Según el informe, difundido este jueves, hasta que se declaró la pandemia “prácticamente no se registraban experiencias de implementación de mecanismos de trabajo a distancia aplicados al debate legislativo, y menos aún, a la instancia de votación de leyes”.
Pero ahora, debido a las restricciones impuestas para prevenir el contagio de coronavirus, en al menos cuatro países se comenzó a sesionar de forma virtual (Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay), mientras que otros seis continúan trabajando para adaptarse a las nuevas circunstancias, promoviendo cambios en los reglamentos y desarrollando plataformas para la deliberación y votación a distancia (Argentina, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá y Perú).
En el caso de los Poderes Legislativos de Brasil, Chile y Ecuador, “se desarrollaron plataformas y aplicativos específicos para el desarrollo de las sesiones, verificación del quórum, moderación del debate y votación, además de utilizar plataformas como Zoom”.
“Los restantes han optado, al momento, sólo por el uso de plataformas de videoconferencia como Zoom, Webex Meetings o Microsoft Teams, las que son complementadas con distintos mecanismos de verificación de identidad para la validación del quórum y el voto”, agrega el documento.
Asimismo, en al menos siete países (Argentina, Canadá, Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica y México) “los órganos legislativos comenzaron a experimentar con la modalidad de trabajo virtual aplicándola a espacios no decisionales como mesas de trabajo o reuniones de comisión de carácter informativo”.
En el caso de Argentina, más de una decena de ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo expusieron en reuniones informativas de comisión a través de videoconferencias en la Cámara de Diputados, y en menor medida en el Senado, aunque lo cierto es que el Congreso sigue sin sesionar.
En este sentido, el Parlamento de Brasil fue “uno de los primeros en avanzar en la regulación e instrumentación de modalidades de trabajo remoto”, y “está realizando sesiones plenarias virtuales mediante un Sistema de Deliberación Remota (SDR)”, que entre otras cosas permite el acceso simultáneo del total de 600 usuarios, la grabación íntegra de los debates y la exportación de las votaciones.
Un caso singular es el de Chile, donde “el Congreso comenzó a implementar sesiones mixtas tanto plenarias como de comisión, tras aprobar los sistemas de votación electrónica a distancia: los legisladores que puedan asistir al Congreso, sesionarán en forma presencial, mientras que aquellos que no estén en condiciones de hacerlo, participarán a través de mecanismos virtuales”.
La Fundación Directorio Legislativo y ParlAméricas sostuvieron que “continuar respetando la transparencia y el acceso a la información, la rendición de cuentas, la participación pública y los principios de ética y probidad durante la transición hacia nuevas prácticas virtuales de carácter temporal resulta crucial para mantener procesos democráticos sólidos y generar confianza en la respuesta pública frente a la crisis”.
Para acceder al informe completo, click aquí: https://directoriolegislativo.org/blog/2020/04/16/el-trabajo-de-los-poderes-legislativos-en-tiempos-de-covid-19/
