La Comisión Especial Investigadora recibió a una nueva ronda de expositores de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital. La próxima semana continuarán con las informativas.
La Comisión Especial de Seguimiento e Investigación sobre los hechos relacionado con la utilización en el sistema de salud del fentanilo contaminado, presidida por la diputada Mónica Fein, se reunió nuevamente este martes para recibir a una nueva tanda de expositores.
En el encuentro, que se realizó en el Anexo “A”, expusieron representantes de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) y de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH) quienes coincidieron en manifestar su total compromiso con la salud de los pacientes y que, para ello, tanto las plantas y los procesos están sometidos a intensos controles.
En otro aspecto, expresaron pesar y solidaridad con los familiares de las personas fallecidas, además de estar a plena disposición para colaborar en el esclarecimiento de los hechos investigados y el reclamo de justicia. También, consideraron que los sucesos están relacionados al incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control. Por último, reafirmaron la importancia del cumplimiento normativo, donde el rol tanto de la autoridad sanitaria como de la industria son centrales.
Al inicio del encuentro, Fein estimó finalizar con las reuniones informativas la próxima semana con la presencia de los referentes de ANMAT, del Malbrán y de control de calidad del Ministerio de Salud. “La semana que viene deberíamos, de alguna manera, terminar con los expertos invitados”, planteó. Además, comentó que el próximo 3 de noviembre harán una reunión en Rosario cerca del mediodía en el Concejo Municipal, ya que “Santa Fe es una de las provincias que más familias afectadas tuvo”.
Abrió la ronda de expositores el Gerente de Asuntos Jurídicos de CILFA, Mariano Genovesi, quien expresó su pesar y solidaridad con las familias y su compromiso para el reclamo de justicia. Así, aclaró que ninguno de los laboratorios que están siendo investigados forman parte de la cámara y tampoco tienen relación.
Luego, expuso Ignacio Spotti, gerente de Asuntos Regulatorios de Laboratorios Adium, quien contó: “Soy farmacéutico hace más de 15 años tanto nacional como internacional. Como farmacéuticos profesionales de la salud y responsables técnicos, queremos manifestar que el principal compromiso es con la salud de los pacientes y para ello las plantas y procesos están sometidos a extensos y estrictos controles”.
“Las plantas están auditadas y aprobadas por autoridades regulatorias extranjeras. Toda nuestra actividad está regida por normas claras y específicas aplicables a todo el ciclo de vida del medicamento desde el desarrollo hasta el uso del paciente, pasando por la selección de insumos y proveedores, proceso productivo, control y garantías de calidad, almacenamiento y distribución, y el fármaco vigilancia”, explicó.
Spotti sumó: “La industria nacional cuenta con una infraestructura, procesos y procedimientos robustos con profesionales capacitados y herramientas de control que aseguran las buenas prácticas de manufactura y control. Los estrictos cumplimientos de estos principios garantizan que los medicamentos que llegan a la población cumplan con los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia”.
A su turno, Rosana Hilal, directora de Asuntos Regulatorios y codirectora técnica de Laboratorio Gador consideró que “los hechos investigados por la comisión están relacionados a incumplimientos de las buenas prácticas de fabricación y control”.
Hilal planteó que “es un error conceptual considerar a la bio equivalencia como parte del problema. La tragedia de fentanilo no tiene nada que ver con la bio equivalencia”, y explicó que se trata de un requerimiento cuyo propósito es demostrar equivalencia determinada forma farmacéutica y determinados principios activos y precisó que está “normatizado y tiene determinado alcance”.
“Está particularmente excluido una forma farmacéutica líquida inyectable como a que estamos tratando del fentanilo. La bio equivalencia no tiene nada que ver acá”, aclaró y sumó: “Todo indicaría que la causa fue el incumplimiento de las buenas prácticas de fabricación y control”, ratificó.
Jorgelina D’ Angelo, gerente de Asuntos Regulatorios y directora técnica de Laboratorios Roemmers reafirmó la “importancia del cumplimiento normativo donde el rol de la autoridad sanitaria y de la industria resultan centrales. Es hora de fortalecer ANMAT hay que garantizarle recursos, autonomía y respaldo institucional”.
“Estos hechos investigados por esta comisión estarían plenamente relacionados con el incumplimiento de buenas prácticas de manufactura y control que están establecidos en las normativas”, cerró.
Luego, hablaron Giannina Cinqui y Matías Quiroga, presidenta y vicepresidente de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital (AAFH). Cinqui sostuvo que “es importante que la autoridad sanitaria nos proteja, nos cuide a los profesionales de la salud, que nos controle, pero que también pueda cuidar a los pacientes y a la población”.
En otro aspecto, la titular de Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital lamentó: “Muy triste lo que ocurrió, sobre todo porque se podría haber evitado y que les costó la vida a muchas personas”. “Hay falta de inversión y políticas que entiendan que la salud es un derecho y que el medicamento es un bien social”, recalcó.
Desde el mismo organismo, su vicepresidente afirmó que “la disposición de farmacéuticos a nivel nacional es escasa”. En esa línea, explicó que “la realidad es que no hay tantos profesionales como la demanda que tenemos, y no hay capacidad con los farmacéuticos que contamos de ocupar todos los puestos sanitarios que se requieren, que es un problema que viene arraigado desde la facultad, que no se ha podido incentivar a los estudiantes para estudiar la carrera de Farmacia, siendo una de las que tiene menor desocupación en el país”.
El doctor Carlos Damin, especialista en toxicología y en salud pública, quien es jefe de la División Toxicología y director del Hospital Fernández, especificó que “el fentanilo es una sustancia muy noble que usamos todos los días hace más de cuarenta años en el país, en los pacientes que ingresan al quirófano, a las terapias intensivas, a las terapias neonatales y en cada una de las cirugías veterinarias”.
Sobre el caso puntual, aseguró que “lo que se rompió con este hecho es la confianza que depositamos cada uno de nosotros en las partes del uso de un medicamento”. “Lo que vino a hacer esta situación es producir un daño inconmensurable, porque lo que provoca es el daño en la gente que ahora pregunta ´ ¿me van a dar fentanilo? ´. Entonces, ¿cómo le explicas a la gente que el problema no fue el fentanilo, que fue la ampolla que produjo un laboratorio y que, en realidad, lo que producían las muertes eran las dos bacterias que estaban acompañadas adentro?", relató el médico Damin.
Antes de concluir su alocución, Damin dejó una reflexión sobre lo ocurrido con el fentanilo adulterado: “Es dramático, no solo por el número de personas que fallecieron, sino por la pérdida de confianza, esta ruptura de confiabilidad, que es una de las cosas que nos ha hecho fuertes siempre, que es nuestra salud pública”.
Asimismo, Mirtha Jaime, representando a la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA), ratificó que “esto ha sido una gran tragedia”. Luego, al remarcar que “señalamos desde el inicio la crisis que se venía por las políticas de ajuste”, criticó que “hubo un mutismo absoluto de parte del ministro Lugones durante cuatro meses”.
Senadores se reunieron con representantes de ambos sectores muy interesados en lo que vaya a suceder con la ley ómnibus.
El interbloque de senadores y senadoras nacionales de Unión por la Patria -encabezado por su presidente, José Mayans- recibió este miércoles a representantes sindicales y empresarios del sector farmacéutico y de pequeñas y medianas empresas del país, en sendas reuniones realizadas en las oficinas de la bancada opositora en el Palacio Legislativo.
En ambos encuentros, los referentes empresarios y sindicales expresaron su profunda preocupación por la vigencia del DNU 70/23 y por una eventual sanción de la denominada ley ómnibus. De esta manera, la primera minoría opositora del Senado continuó recibiendo a distintos sectores sociales y económicos, como ocurrió la semana pasada con productores vitivinícolas y yerbateros, que se oponen al referido decreto y al proyecto de ley en tratamiento en la Cámara baja.
La primera reunión de la tarde fue con el sector farmacéutico que tuvo la particularidad de que “estuvieron juntos propietarios de farmacias y trabajadores, a través de sus representaciones naturales”, destacó la senadora salteña Nora Giménez. En ese sentido, explicó que “la desregulación” impulsada con el DNU implica “un serio problema para la salud de la población”, ya que introduce un cambio de concepto fundamental: “el medicamento deja de ser un bien vinculado a la salud pública y pasa a ser un bien comercial más”.
En la reunión, los representantes alertaron de que el decreto afecta, además, a los profesionales farmacéuticos, ya que dispone que menos graduados de la disciplina estén abocados a atender una mayor cantidad de farmacias, y abre la puerta a la posible la falsificación de medicamentos, ya que se pierde la trazabilidad de los productos y se desdibuja el rol de la ANMAT como organismo de control.
Los senadores recibieron a representantes de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), de la Confederación Argentina de Farmacias (COFA) y de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias (FACAF), que coincidieron en el rechazo al DNU y abogaron por restablecer la obligatoriedad de que los medicamentos sean comercializados sólo en farmacias y con la presencia de un profesional farmacéutico, así como mantener la ley de genéricos.
Por la FATFA estuvieron presentes Fabián Hadad (secretario general), José López (secretario adjunto), Rodolfo Martínez y Martín Sancaro; por la COFA, Luis Alberto Salvi y Claudia Martino; y por FACAF, hicieron lo propio Sandra Prieto y Lucía Di Carlo.
Con PyMEs
En la reunión siguiente, fue el turno para referentes de distintas organizaciones de pequeñas y medianas empresas. “Las representaciones empresarias agradecieron ser recibidas por la bancada e informaron que van a pedir audiencias con el resto de los bloques para marcar su posición respecto del decreto y la ley ómnibus”, comentó Giménez.
Destacó que los visitantes coincidieron sobre “las severas consecuencias y el daño que va a producir en el tejido económico y social de las pequeñas y medianas empresas” las medidas surgidas del DNU y de la ley ómnibus. Tras destacar el importante rol de ese sector respecto a la producción local y a la actividad exportadora, alertó que la aplicación de ambas normativas puede provocar “en corto plazo la pérdida de alrededor de medio millón de puestos de trabajo”.
“En el encuentro, se hizo una proyección de que, en breve, pueden llegar a desaparecer cerca de 50 mil pymes, con la desregulación producto de la aplicación del DNU y la ley ómnibus; es decir, el de doble de la era Macri, cuando desaparecieron 25 mil pymes”, detalló la senadora por Salta.
Estuvieron presentes referentes del Frente Coordinador PYME, de la Cámara Empresaria Argentina, de la Confederación Federal PYME y del Movimiento 25 de Mayo, entre otros. Según analizaron, la puesta en marcha de ambas normas implica la desregulación de economía, la privatización de empresas estratégicas, la flexibilización laboral, la apertura economía y la pérdida de soberanía.
Senadores del oficialismo y la oposición firmaron dictamen en la Comisión de Salud y esperan que en la reglamentación se subsanen artículos que generaron dudas.
A pesar de haber recibido observaciones por parte de asociaciones farmacéuticas y de los propios senadores, el proyecto de receta médica digital obtuvo dictamen favorable este miércoles en la Comisión de Salud de la Cámara alta y quedó en condiciones de ser abordado en la próxima sesión.
En una reunión virtual presidida por Mario Fiad (UCR), los legisladores acordaron avanzar con el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados en mayo pasado sin modificaciones, y esperar que en la reglamentación se subsanen algunos aspectos que generaron dudas.
Según explicó Fiad, el principal cuestionamiento tiene que ver con el artículo dos de la iniciativa, que establece que “los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales deben ser dispensados en cualquier farmacia, establecimientos de salud y establecimientos del sector de salud habilitados para tal fin”.
“La sola mención del término 'medicamento' deja dudas para el expendio de otras drogas o suplementos nutricionales que requieren prescripción médica o supervisión del profesional farmacéutico”, señaló el radical jujeño.
En relación a la dispensa, las entidades farmacéuticas entienden que “se vulnera” el artículo 1 de la Ley de Farmacias, que indica que el expendio de medicamentos solo puede realizarse en farmacias habilitadas.
La preocupación tiene que ver con que “los medicamentos se terminen vendiendo en varios lugares y que no tengan control ni supervisión del personal farmacéutico”, puntualizó Fiad, y por último, habló de aspectos de redacción y de eventuales “incongruencias” con otras leyes.
También desde la UCR, Silvia Elías de Pérez respaldó el proyecto. “Sin dudas la ley tiene cosas para perfeccionar. Me hubiese gustado una mejor redacción, pero tampoco es para desesperarse”, consideró, y esperó que los puntos mencionados “puedan ser subsanados por la vía reglamentaria”.
