En un acto en el Salón Delia Parodi, Leopoldo Moreau expuso en detalle el resultado del trabajo que realizaron integrantes de la comisión a lo largo del año. Denunciaron que “se estructuró una oficina que se dedicó a la militancia persecutoria”. La oposición presentó observaciones.
Legisladores de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia, encabezados por el diputado Leopoldo Moreau, entregaron este miércoles a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, un duro informe sobre el armado y el funcionamiento de la Oficina de Escuchas durante la gestión de Mauricio Macri.
Fue en un acto realizado en el Salón Delia Parodi del Congreso, donde participaron también los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés y los senadores Oscar Parrilli y Martín Doñate, todos del oficialismo.
Moreau expuso en detalle los resultados del trabajo realizado a lo largo del año por parte de una subcomisión que integraron Tailhade, Doñate y el diputado radical José Cano, que acompañó la parte técnica del dictamen final pero presentó observaciones.
Los legisladores recabaron documentos y testimonios con ayuda de un equipo técnico, y requirieron información a todos los juzgados federales y cámaras federales del país para contar con todos los expedientes donde hubiera tenido intervención la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), ya sea en forma directa o a través de pre-causas.
Ante la mirada reprobatoria de Cristina por el contenido del informe, Moreau denunció que se produjeron “irregularidades muy severas que afectan no solo la intimidad de las personas, sino también derechos y garantías básicos que tienen que ver con la defensa en juicio y el debido proceso”.
También advirtió que “se han sustituido facultades del Congreso”, sentando el “precedente” de que “una acordada de la Corte puede justificar cualquier delito”, como el de falsedad ideológica.
“Es evidente que se estructuró una Oficina que se dedicó a la militancia persecutoria, y en un país donde hemos atravesado circunstancias como la del terrorismo de Estado, preocupa que se haya pretendido erigir un terrorismo judicial”, lamentó Moreau.
Asimismo, adelantó que en el mes de marzo tendrán listo otro informe sobre el “plan sistemático de inteligencia ilegal y persecución política” durante el gobierno macrista.
El documento, explicó Moreau, arranca con la “génesis” del caso, el DNU firmado por Macri el 24 de diciembre de 2015 -días después de asumir- disponiendo el traspaso de la Oficina de Escuchas desde la órbita de la Procuración General a la Corte Suprema de Justicia.
El diputado recordó que cuando esa Oficina funcionaba en la Procuración, “no hubo una sola filtración de escuchas”, pero a pesar de eso el gobierno impulsó el traspaso, y el 29 de diciembre, cinco días después de la firma del DNU, “la Corte dictó una acordada receptando esa Oficina”.
“Esto revela que había cierto apuro, ya que apenas había ingresado al Congreso el DNU, que no presentaba ni necesidad ni urgencia”, planteó Moreau.
Agregó que “tan grosero era el apuro que la Corte, en la propia acordada, recibió la Oficina pero dictó una resolución diciendo que recién se podía hacer cargo a mediados de febrero”.
Como “segunda irregularidad”, el oficialista marcó la forma en que se dio la elección de autoridades de la nueva Oficina, que pasó a denominarse a Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación (DAJUDECO).
“El decreto establecía que debía hacerse un sorteo entre los jueces penales con cargo de camaristas, pero curiosamente, días antes del sorteo, el diario La Nación, en una nota del periodista Hugo Alconada Mon, anunció quien iba a ser el titular de la Oficina, el camarista Martín Irurzun”, repasó Moreau, y añadió que el diario Perfil también difundió esa información.
Esto se dio así cuando, según el informe, “el sorteo superaba los 100 camaristas en todo el país”, y por si fuera poco, el acta del sorteo “al día de hoy no apareció, no existe”.
Moreau precisó que “a raíz de esta irregularidad se presentó una denuncia penal por falsedad ideológica” contra el entonces titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en función de que el Máximo Tribunal “había dictado una acordada avalando la designación”.
La denuncia “estuvo inerte en el Juzgado durante un tiempo hasta que en 2018 hubo una apelación, que recayó en una Cámara que ordenó el archivo de las actuaciones contra Lorenzetti”, integrada por los doctores Mariano Llorens y ni más ni menos que Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
El argumento para archivar las actuaciones fue que “a pesar de que no existe el acta del sorteo, de que no hay testigos, el hecho de que se haya dictado una acordada significaba darle fe al acto por sí mismo, no hacía falta ninguna otra prueba”, lo que sentó “un precedente muy complicado”.
Moreau también se refirió en detalle a las “amplísimas facultades” que la Corte le otorgó a la DAJUDECO, en un acto de “gravedad institucional inusitada” porque “la adjudicación de esas responsabilidades, en la práctica, significa la creación de una ‘policía judicial’ por la cantidad de misiones y una mirada panóptica sobre todos los procesos penales en el ámbito de la Justicia”.
Además, se quejó, “esto se hizo con una acordada cuando en realidad es el Congreso el que, desde sus facultades, organiza la Justicia penal” a través de leyes que fijan las estructuras.
Entre otras “irregularidades” de la DAJUDECO, el diputado indicó que “decidía qué causas se admitían y qué causas no se admitían en el cuerpo de peritos”.
En cuanto a la filtración de escuchas, puso como ejemplo al propio Parrilli, que “fue escuchado 209 días casi en continuidad”, primero en una pre-causa llevada adelante por la jueza María Romilda Servini y posteriormente en una causa a cargo de Ariel Lijo.
Además, Moreau dijo que en el decreto original de la Oficina se establecía que su titular duraría un año en el cargo y debía realizarse un nuevo sorteo, del cual Tailhade pidió participar.
Sin embargo, “Macri dictó un nuevo decreto y prorrogó por tres años más el mandato de Irurzun, que así quedó cuatro años al frente de este organismo: un año con un sorteo que no apareció y tres años con una prórroga antes del sorteo. Está claro que era el elegido para esta función”.
Por su parte, Parrilli ironizó que si el oficialismo presentara un proyecto de ley con reformas de este tipo, “lo menos que criticarían es que estamos creando la GESTAPO judicial”, e insistió en que las maniobras no solo fueron ejecutadas por la Corte sino también por el Poder Ejecutivo.
“En nuestra gestión (en la AFI) no hicimos ni una sola pre-causa”, destacó el senador, y añadió que cuando se reformó la Ley de Inteligencia en el gobierno de Cristina Kirchner estuvieron “a punto de eliminarlas”, pero no lo hicieron porque “los iban a acusar de que no querían perseguir al terrorismo”.
Finalmente, Parrilli informó que el gobierno macrista “hizo 55 pre-causas, de las cuales se analizaron 20 (en el informe de la Bicameral), y por ejemplo, apareció una causa de una modelo que había sido novia de (Alberto) Nisman porque supuestamente estaba relacionada con actividades del ISIS”.
A partir de la decisión de la Cámara Federal de retrotraer los procesamientos de exfuncionarios macristas, la vicepresidenta habló de una búsqueda de dar “impunidad a los poderosos”.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a apuntarles a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, a quienes el Senado se dispone a desplazar de los puestos donde fueron instalados durante la gestión anterior. Ahora, el motivo de la reacción de la expresidenta tiene que ver con la decisión de la Cámara Federal de anular los procesamientos de funcionarios de la administración macrista dispuesta este jueves.
A través de su cuenta de Twitter, la titular del Senado escribió una serie de mensajes en los que volvió sobre esta cuestión. “AYER se comprobó que a Bruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Dujovne, por la estafa de las autopistas de más de USD600 millones”, señaló CFK posteando la tapa del diario Página 12 con el siguiente y sugerente título: “Para eso están los amigos”, y donde aparece una foto donde se los ve sentados juntos a Leopoldo Bruglia y otro juez en la mira, mas por ahora fuera del alcance de alguna embestida efectiva de parte del kirchnerismo: Martín Iruruzun.
“Dos camaristas emblema del aparato judicial de Cambiemos, Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, anularon con un artilugio formal los procesamientos de Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, los tres exministros acusados en la causa por fraude en autopistas y peajes en beneficio del Grupo Macri”, señala la portada del diario Página 12.
Agrega Cristina: “En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí. Como dijo Néstor: Clarín miente…. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción”. El mensaje es acompañado por la portada de Clarín del domingo 19 de julio pasado, tras lo cual la vicepresidenta se pregunta si “se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país”.
Es a raíz del fallo a través del cual frenó el pedido de investigación del celular del expresidente Mauricio Macri dispuesto por la jueza María Servini.
“Si algo hacía falta para ratificar que un sector de la Justicia federal no sólo estuvo embarcado en la persecución a Cristina Fernández de Kirchner, sino que también está dispuesto a encubrir los delitos de Macri, es una hipótesis que quedó confirmada con el fallo que emitieron Martín Irurzun (dueño de una Cámara Federal) y Leopoldo Bruglia (usurpador de un cargo)”. Así se expresó este viernes el presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, diputado Leopoldo Moreau.
El legislador kirchnerista sostuvo que “en su sentencia, le impusieron a la doctora Servini de Cubría severas limitaciones temporales para hacer cruces de llamadas entre el celular de Mauricio Macri y los teléfonos de los delincuentes que integran la asociación ilícita llamada Mesa judicial”.
La jueza María Servini había ordenado en su momento investigar las llamadas del exmandatario en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo. No solo el teléfono de Macri había que peritar; también los de José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, o sea prácticamente toda la gestión presidencial de Cambiemos.
Este jueves, la Cámara Federal integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron “excesivo” el período de tiempo establecido, tal cual había planteado la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse, que advirtió que ese peritaje afectaba “los derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia”.
“Llama la atención que Martín Irurzun, quien, particularmente ha tenido durante tres años a su cargo la oficina de escuchas de la Corte, no haya puesto el mismo celo cuando se trataba de escuchar los teléfonos de Cristina Fernández de Kirchner a través de la pinchadura del teléfono de Oscar Parrili, que duró casi un año; o de haber entregado a su sola firma, ilegalmente, las escuchas del penal de Ezeiza, a su compinche de aquel entonces Claudio Bonadio”, enfatizó el legislador radical K.
Para finalizar, Moreau recalcó que “efectivamente, Irurzun no tuvo dudas al momento de estampar su firma para dar viso de legalidad a una maniobra judicial y mediática cuyo principal objetivo era proteger a Stornelli y algunos de los mafiosos que todavía pululan por Comodo Py”.
Lo hizo al cargar contra los integrantes de la Cámara Federal que revocó la orden de la jueza Servini de investigar las llamadas del expresidente en el marco de una causa por supuestas presiones al Grupo Indalo.
La presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, arrancó este jueves denunciando nada menos que al gigante de Internet Google, y lo terminó fustigando a los jueces que avalaron un pedido del expresidente Mauricio Macri para que no investigaran su teléfono celular.
En efecto, la jueza María Servini había ordenado en su momento investigar las llamadas del exmandatario en el marco de una causa sobre supuestas presiones al Grupo Indalo. No solo el teléfono de Macri había que peritar; también los de José Torello, Mario Quintana y Fabián Rodríguez Simón, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de agosto de 2019, o sea prácticamente toda la gestión presidencial de Cambiemos.
Este jueves, la Cámara Federal integrada por Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia consideraron “excesivo” el período de tiempo establecido, tal cual había planteado la defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse, que advirtió que ese peritaje afectaba “los derechos individuales y esferas de la actuación ajenas a la incumbencia”.
Así las cosas, la Cámara pidió a la jueza delimitar “los momentos que, a su modo de ver, resulten relevantes” para investigar.
Fue suficiente para que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner le dedicara una serie de tuits al tema, en los que apuntó: “El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad en la causa por escuchas ilegales como jefe de Gobierno de la Ciudad y apenas 19 días después de haber asumido como Presidente. El mismo Poder Judicial que le garantizó la impunidad siendo empresario por el delito de contrabando agravado de autos”.
Para Cristina Kirchner, “los jueces Martín Irurzun (el de la doctrina de las prisiones preventivas para los opositores de Macri) y Leopoldo Bruglia (el trasladado flojo de papeles, sin acuerdo del Senado y sin prestar juramento de Ley) acaban de consagrar una vez más la impunidad para Mauricio Macri”.
La expresidenta concluyó afirmando que “no hay argentino más impune que Mauricio Macri. Espero que algunos argentinos y argentinas se den cuenta”.
