El proyecto de ley presentado por el presidente de Diputados, Sergio Massa, obtuvo el visto bueno de la Comisión de Presupuesto y está listo para ir al recinto este martes 26. Se busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió dictamen favorable a la iniciativa que comprende a deudas vencidas hasta agosto pasado, por un monto total inferior a $100.000 y ya está listo para ser tratado este martes 26 en una sesión maratónica.
Se trata de un alivio fiscal para impulsado por el presidente, Sergio Massa, que busca favorecer a la mayor cantidad de los contribuyentes más afectados con el menor costo fiscal posible, principalmente clubes de barrio, bibliotecas, cuarteles de bomberos, ONGs y sociedades de fomento.
En el debate en la comisión que preside el diputado porteño Carlos Heller (Frente de Todos), el sector de Juntos por el Cambio (JxC) adelantó que votará a favor de este proyecto y firmó el dictamen.
Al respecto, el referente en materia económica de JxC, el diputado santafesino Luciano Laspina consideró que “esta es una de las moratorias que significan un acto de justicia y más que justificada porque también se incluye a los contribuyentes que son buenos cumplidores y que también vienen sufriendo por la pandemia”.
“Es un alivio fiscal justificado y es bueno para los monotributistas que han sufrido este año de la pandemia”, remarcó Laspina quien adelantó: “Nosotros (JxC) vamos a acompañar este dictamen consensuado que hemos logrado”.
A su turno, el diputado misionero Luis Pastori (JxC) señaló que “este es un proyecto muy importante porque los que sufren por la pandemia son también contribuyente de la AFIP y es muy necesario este alivio fiscal”.
En su intervención pidió que “se modifique la fecha de vencimiento estipulada -según la interpretación del legislador- para el 16 de diciembre para evitar que ocurra el mismo problema que hubo con el monotributo”.
En respuesta, Heller propuso poner que “sea 30 días después de que salga la reglamentación de la AFIP”.
Estas consideraciones fueron tomadas en cuenta al igual que la propuesta de incorporar a otras entidades y se prometió que se realizarán en el recinto este martes.
La voz de la AFIP
Al inicio de la comisión, el subdirector de Recaudación de la AFIP, José Bianchi, brindó un informe sobre este alivio fiscal a pequeños contribuyentes y se mostró abierto a incorporar cambios al texto.
Bianchi explicó que el proyecto “prevé la condonación de deudas -alivio fiscal para el sostenimiento económico-, regularización de obligaciones adeudadas, y en tercer aspecto el beneficio para contribuyentes cumplidores”.
“El presente proyecto está estructurado atendiendo la particularidad de distintos grupos de contribuyentes. El objetivo es atender sus particularidades, con soluciones distintas y en función de su tamaño”, agregó.
Y subrayó: “En primer lugar se trata un acápite a las micro y medianas empresas, donde se condonan deudas inferiores a $100.000 hasta el 31 de agosto de 2021 a 1.035.000 contribuyentes”.
“El segundo acápite es la deuda que no ha sido regularizada en planes de facilidad y hoy se encuentra en situación de ser ejecutada. El 53% corresponde a microempresas y personas humanas, a quienes atienden este proyecto”, apuntó.
“El tercer acápite del proyecto es el beneficio a contribuyentes cumplidores. Los grandes resultados de este tipo de medidas ya se vieron en el caso del alivio fiscal a monotributistas”, concluyó Bianchi.
El proyecto
La iniciativa, que busca un alivio fiscal y dar una señal clara para la salida de la pandemia, fija que se condonan las deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social menores a 100.000 pesos para las entidades que conforman el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), previsto por la ley 25.054 y toda otra entidad sin fines de lucro, incluidas organizaciones comunitarias inscritas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal.
Allegados al equipo del presidente del cuerpo legislativo señalaron que “el costo fiscal de esta medida es realmente teórico: nunca se ejecuta operativamente la deuda de un cuartel de bomberos o una fundación”.
Además, se propone la condonación de deudas de mipymes y contribuyentes de ganancias e IVA pero que deban menos de $100.000.
También señala que “la condonación alcanza al capital adeudado, intereses resarcitorios y/o punitorios y/o multas y demás sanciones y no comprende los siguientes conceptos: aportes y contribuciones destinados al Régimen Nacional de Obras Sociales y las cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART).
En este caso se proponen planes de pago que tendrán un plazo de hasta 36, 60 y 120 cuotas, según el tipo de deuda o contribuyente.
Además, se amplia la moratoria para la salida del anterior plan de facilidades, tomando en cuenta la deuda vencida hasta el 31 de julio de 2020 al tiempo que se incluyen las deudas desde el 1 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2021.
En los fundamentos se afirma que “hay 3 millones de contribuyentes (sin considerar los 4,1 millones de monotributistas), de los cuales 900 mil tienen deuda líquida y exigible con AFIP (es decir, deuda que esta en condiciones de ser ejecutada) y, entre ellos, 600.000 tienen obligaciones inferiores a $ 100.000 y acumulan una deuda total de $ 13.000 millones”.
Con un esfuerzo fiscal proyectado de $ 13.000 millones se deja en cero la deuda líquida y exigible de 600 mil contribuyentes (un promedio de $ 21 mil por contribuyente) por lo cual “es una medida extraordinaria para una situación extraordinaria”, y no se incluyen a los monotributistas que “fueron beneficiados con la reciente ley para el sector”, resaltaron.
El ciudadano común y las organizaciones civiles podrán enviar propuesta a la Cámara alta de una forma mucho más simple. Se habilitó un formulario en el sitio web del Senado.
El Senado de la Nación habilitó este miércoles en su sitio web un formulario para que tanto legisladores como personal de la institución, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto puedan enviar propuestas para mejorar el funcionamiento de la Cámara alta.
La iniciativa fue impulsada en el marco del Primer Plan de Acción de Congreso Abierto, que se realizará durante septiembre.
Accedé desde aquí al formulario para enviar una propuesta al Senado
Cualquier ciudadano y organización de la Argentina podrá enviar propuestas sobre temas como transparencia, participación o innovación y tecnología, que luego servirán para elaborar compromisos que el Senado desarrollará.
Las propuestas, que podrán enviarse hasta el 30 de septiembre, deben dar cuenta de un problema y una solución y deben poder ser desarrolladas por la Cámara en el marco de sus competencias y funciones previstas en su reglamento y en la Constitución Nacional.
Además, las ideas deben ser precisas y poder ser elaboradas en el lapso de seis meses.
El Plan de Acción de Congreso Abierto es una iniciativa que busca ampliar el diálogo y el trabajo conjunto del Parlamento con la ciudadanía, “sumando avances hacia una Cámara más abierta, federal y eficiente”, se explicó.
La realización de planes de acción nacionales se encuadra en un compromiso asumido por Argentina en 2012, cuando el país se unió a la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una red mundial que promueve prácticas de gobierno abierto y participativo integrada por más de setenta y cinco estados.
A la fecha, Argentina concretó ya cuatro planes de acción, como por ejemplo el compromiso asumido en 2017 en cuanto a implementar un portal de datos con información parlamentaria y administrativa.
La dirección de la página web oficial del Senado de la Nación es www.senado.gob.ar.
Alexandre Roig, quien asumió en reemplazo del fallecido Mario Cafiero, expuso ante la Comisión de Cooperativas, Mutuales y ONGs. Habló de la necesidad de simplificar trámites y de contar con mayores recursos.
El presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Alexandre Roig, sostuvo este martes que “el cooperativismo y mutualismo pueden estar al servicio de una política donde el trabajo y la producción están en el centro de nuestra voluntad”.
Roig, quien asumió en el organismo hace dos meses debido a la muerte de Mario Cafiero en septiembre pasado, expuso ante la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales de la Cámara de Diputados, que preside Soledad Carrizo (UCR).
“Venimos a profundizar la política iniciada por Cafiero, que tuvo como primer eje llevar el INAES de Desarrollo Social a Desarrollo Productivo, lo que expresa la voluntad productivista de nuestro gobierno y que sea una herramienta al servicio de la producción y el trabajo”, explicó.
En ese sentido, Roig marcó como uno de los ejes la “rejerarquización del INAES como institución dentro del Estado”, al hablar de “un problema importante de estructura” a nivel del personal y de recursos.
En materia jurídica, se refirió a la necesidad de simplificar la matriculación de las cooperativas y mutuales, que “hoy en día es un trámite que puede llevar hasta tres años”. “Constituir una cooperativa o mutual tiene que formar parte de un derecho a la producción y al trabajo”, dijo.
Por otra parte, en cuanto a los recursos, explicó que cuentan con un fondo constituido por aportes contributivos del sistema cooperativo y mutual, que actualmente es de 1.500 millones de pesos. “Para garantizar la demanda de inversión productiva del sector, es ampliamente insuficiente”, lamentó.
Roig estimó que el sector de la economía social abarca cerca del 10% del PBI, pero calculó que ese número podría ser mayor, ya que todavía no cuentan con estadísticas certeras.
Asimismo, resaltó que “el sector cooperativo y mutual es una de las grandes herramientas para atravesar crisis, entre otras razones porque el capital social privilegia siempre lo común”, y puso como ejemplo el Banco Credicoop, que “fue el que mejor atravesó la crisis de 2001”.
“Vamos a trabajar desde el INAES en que el cooperativismo y el mutualismo ocupen un lugar central en los imaginarios argentinos, porque ya ocupa un lugar central en la vida productiva y social”, aseguró, tras señalar que en la referencia a lo público y lo privado muchas veces se omite la tercera dimensión, la de la economía social.
Al momento de las preguntas, la diputada Lorena Matzen (UCR) propuso descentralizar el otorgamiento de las matrículas, a lo que Roig coincidió: “Apoyaremos todas las medidas que favorezcan la simplificación y la implementación rápida del proceso de matrículas”.
A su vez, Nicolás Del Caño advirtió que hoy las fábricas recuperadas afectadas por la pandemia “no cuentan con ningún acompañamiento para poder producir”. “Sería importante que el INAES busque alternativas”, consideró.
El titular del organismo informó que en ese sentido trabajan en una propuesta para generar un “fondo de desendeudamiento que permita reescalonar las deudas que surjan de la crisis” derivada de la emergencia sanitaria.
Por su parte, el oficialista Eduardo Fernández -proveniente de APYME- planteó que “las pequeñas empresas, los productores y el cooperativismo necesitan potenciar entre ellos sus habilidades y haberes para concretar proyectos de producción, pero a veces no encuentran el ámbito adecuado”.
Roig respondió que “gran parte de la realidad de las pymes se condice con la realdad del cooperativismo y el mutualismo. Hay un hilo conductor, que son una serie de demandas vinculadas a la inversión y al crédito”.
“Vamos a generar todos los dispositivos institucionales para generar un sistema que permita complementarse con el sistema bancario y que podamos cubrir el conjunto de necesidades crediticias del sector productivo”, puntualizó.
En otro orden, ante un planteo de Paola Vessvessian (Frente de Todos) el funcionario adelantó que se busca “el fortalecimiento de proveedurías y cooperativas del consumo, porque estamos seguros de que puede ser un gran mecanismo de distribución con un sistema de precios más transparentes y baratos”.
En respuesta a otra consulta de Juan Carlos Alderete (Frente de Todos), Roig informó que se está trabajando con la Secretaría de Innovación Pública, el ENACOM y ARSAT para “tener un programa de conectividad en el cual participen las cooperativas”.
Cerca del final, Carlos Heller, diputado y presidente del Banco Credicoop, pidió hacer “un gran esfuerzo por no ver a las cooperativas como una herramienta para solucionar pequeñas cosas, como la rueda de auxilio del capitalismo para hacerse cargo de las empresas fracasadas y proteger el trabajo de esas empresas”.
“No digo que eso esté mal, pero no nos quedemos en eso. Veamos al cooperativismo como una de las grandes herramientas que pueden sacar al país y al mundo de esta crisis absurda a la que nos ha llevado un sistema de concentración de la riqueza”, analizó Heller.
En la primera de tres jornadas, la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs escuchó a representantes del tercer sector, que plantearon las dificultades que atraviesan.
La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONGs de la Cámara de Diputados, presidida por Soledad Carrizo (UCR), realizó este martes la primera de tres jornadas para analizar el rol del tercer sector en la recuperación de la economía tras la pandemia del Covid-19.
“La idea es pensar en la post pandemia, ir preparándonos como sector, cada uno en el rol que le corresponde. Ver cómo hemos atravesado estos más de cuatro meses de cuarentena y cómo adelantarnos en los desafíos que nos va a implicar la salida de la pandemia”, explicó Carrizo.
La legisladora señaló que “en el mundo va a haber una retracción económica de al menos un 4%, y en nuestro país eso se va a profundizar, con una perspectiva, en el mejor de los escenarios, de una caída del 8%”.
“La economía social no es ajena a esto, sino que la situación golpeó fuertemente a cooperativas, mutuales y ONGs, sector que genera unos 300.000 puestos de trabajo en nuestro país”, resaltó la cordobesa.
Al comienzo de las exposiciones, Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, informó que hace aproximadamente un mes difundieron un “Acuerdo para alentar la inversión productiva”, que se enmarca en el contexto del arreglo de la deuda externa “que por suerte fue exitoso, pero igualmente todavía no vamos a tener una integración al mundo a través de la inversión y del acercamiento de otros países”.
“El planteo que hacemos es la federalización de la economía, y la economía solidaria puede cumplir un rol esencial por su territorialidad. Igualmente, si no revisamos la faz impositiva va a ser muy difícil. Si en nuestro sector, de 100 pesos, 60 se los lleva el Estado, va a ser muy difícil”, señaló.
Edgardo Form, vicepresidente de Cooperar, explicó que se está trabajando en una “red nacional de municipios cooperativos, para potenciar la presencia del sector en el escenario post pandemia”.
Especificó que “es una articulación entre cooperativas y autoridades municipales para potenciar la capacidad de las cooperativas de brindar servicios, manteniendo la actividad específica del municipio y de las entidades cooperativas, bajo el denominador común del aporte al desarrollo local”.
Form consideró que “uno de los aportes del cooperativismo debería ser la generación de puestos de trabajo decentes”, y además resaltó que las cooperativas deberían estar exentas del impuesto a los Ingresos Brutos.
En tanto, destacó el traslado del INAES a la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo, “porque participar en el área del Ministerio de Desarrollo Social es darle a las cooperativas un carácter asistencialista, mientras que nosotros siempre hemos sostenido que las nuestras son empresas de carácter solidario”.
Ramiro Martínez, presidente de la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos (ConArCoop), dijo que en estos meses de aislamiento “pudimos reconvertir algunos sectores, lo que permitió seguir adelante y en muchos casos pudimos dar respuestas a diferentes estamentos del Estado, como las cooperativas de textiles para la producción de barbijos o camisolines”.
Asimismo, destacó como positivo haber sido reconocidos por el Ministerio de Trabajo como “trabajadores autogestionados”, generando una igualación con trabajadores en relación de dependencia.
A continuación, Julio Delgado, presidente de la cooperativa de comunicación Copegraf, remarcó las dificultades que tienen las unidades productivas cooperativas para acceder a programas de asistencia del Estado y “así incentivar su trabajo y poder crecer”, y también criticó la distribución de pauta publicitaria nacional, “que cae a medida que te alejás del Área Metropolitana”.
También expusieron Jorge Mazina, presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo René Salamanca; y el diputado oficialista Carlos Heller, en carácter de presidente del Banco Credicoop, que cuenta con 2.926 cooperativas asociadas.
La iniciativa consensuada crea una Red de Voluntariado Nacional para brindar asistencia en distintos ámbitos. Obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y ONG.
La Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no Gubernamentales de la Cámara de Diputados, presidida por Soledad Carrizo (UCR), dio dictamen este martes a un proyecto de ley que crea una Red de Voluntariado Nacional en el marco del aislamiento social.
Se unificaron dos iniciativas de diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por la diputada Camila Crescimbeni.
El objetivo es armar una red de voluntarios para disponer de personas en los distintos ámbitos en donde se necesite asistencia en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio a causa de la pandemia.
Según el proyecto consensuado, esto comprende el voluntariado social, ambiental, cultural, deportivo, educativo, socio-sanitario, comunitario y de cuidado, entre otros aspectos.
“Esta iniciativa busca modificar la Ley 25.855 de voluntariado social argentino, sancionada en 2003, promoviendo su ampliación y permitiendo la visibilidad de un muchas de actividades que hoy se desarrollan en nuestro país”, explicó Carrizo.
La radical indicó que “la idea central es vincular esta ley en atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) conectando la acción voluntaria a nivel comunitario, potenciando a las personas y garantizando la inclusión y la igualdad de todos los participantes”.
“Creemos como aporte central que la participación de estas actividades sea valorada tanto en el sector público como el privado, y que los voluntarios tengan previsibilidad de sus derechos y conozcan el alcance de su compromiso, así como asegurada su protección durante el desarrollo de estas tareas”, señaló la titular de la comisión.
Por último, concluyó: “La crisis de la pandemia nos ha abierto una oportunidad para revisar esta ley y repensarla como un espacio desde donde generar participación sin discriminación de ningún tipo”.
