En la comisión, las posturas quedaron diferenciadas, ya que radicales y frepasistas apoyan la prórroga por un año, que ya aprobó el Senado, mientras que justicialistas y legisladores de Acción por la República proponen una prórroga de sólo seis meses.

El proyecto fue aprobado en el Senado por unanimidad, por lo tanto a quienes intentan acortar su período de prórroga les resultará prácticamente imposible torcer el rumbo de la iniciativa.

El dictamen de la mayoría emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside la radical Elisa Carrió, cuenta con la firma de doce legisladores de la Alianza, mientras que el de la minoría recabó el apoyo de ocho diputados entre el PJ, Acción por la República y Fuerza Republicana.

El despacho mayoritario establece una prórroga de un año, hasta el 10 de diciembre de 2001, mientras que el dictamen de la minoría acota el período al 1 de mayo del año próximo, e impone a la autoridad de la provincia algunas obligaciones, como la de construir un Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados para la remoción de funcionarios susceptibles de juicio político. Además, determinaron que el control de la legalidad de los actos de la gestión económica y financiera de la intervención federal será ejercido por la Auditoría General de la Nación, y establecen que este organismo deberá designar un delegado en la provincia.

Si bien la aprobación de la prórroga en el Senado se dio en un rápido trámite que tuvo el respaldo unánime del cuerpo, cuando llegó a Diputados comenzaron a surgir distintos cuestionamientos por el tratamiento del proyecto incluso dentro de la comisión.

Finalmente, logró sellarse un acuerdo político por el cual se estableció que si el ministro del Interior, Federico Storani, y el interventor del distrito, Ramón Mestre, concurrían a la comisión a argumentar los motivos de la prórroga, los distintos bloques facilitarían el tratamiento de la iniciativa en el recinto.

Como parte de ese compromiso, Storani y Mestre asistieron a la habitual reunión de Asuntos Constitucionales, en la que juzgaron “indispensable” la prórroga para consolidar el proceso de reordenamiento político, social y económico del distrito.