El proyecto sobre los ex agentes fue aprobado por unanimidad en ambas cámaras y quedó sancionado el 10 de noviembre de 1999, durante la anterior composición legislativa.

Hubo legisladores que impulsaron una insistencia parlamentaria para rechazar el veto, como Héctor Cavallero (PPS-Santa Fe), integrante de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, pero la misma nunca fue girada al recinto ante la falta de tratamiento por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

La presidenta de la comisión, María América González (Frepaso-Capital Federal), en un primer momento fue partidaria de la insistencia, pero luego el oficialismo, tras algunas conversaciones con De la Rúa, optó por esperar un nuevo proyecto del PEN para no contradecir al presidente.

Así, indicaron fuentes de la Alianza, pasaron estos nueve meses de negociaciones con el Ministerio de Economía, particularmente con el jefe de asesores, Pablo Guerchunoff, hasta que a fines de agosto pasado, la diputada González, recibió el anticipo de la propuesta.

La misma, de cuatro artículos contra dos de la ley vetada, es mucho más restrictiva en cuanto a las posibilidades de lograr una jubilación anticipada por parte de ex agentes del Estado, muchos de los cuales ya han hecho saber sus puntos de vista contrarios a varios diputados.

Esta iniciativa del PEN, según indicaron algunos integrantes de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, fue el resultado del dictamen de la misma del pasado primero de agosto recomendando el rechazo del veto, el que se encuentra ahora en Presupuesto y Hacienda.

Un trabajo comparativo elaborado por Cavallero muestra que mientras la ley vetada fijaba que los beneficiarios debían tener al 15 de julio de 1994 no menos de 55 o 50 años, fueran hombres o mujeres, la propuesta de PEN aplica esas edades para la fecha del cese con lo que quedará fuera una gran cantidad de personas.

Otra cuestión esencial es que mientras la ley establecía una jubilación acorde con los aportes realizados, el antepreyecto del PEN otorga sólo un valor único consistente en una Prestación Básica Universal (PBU), que es del orden de los 200 pesos, con el agregado de que el derecho nace desde el primero de enero último.

Dentro de un marco general de coincidencias sobre estos aspectos, el futuro accionar divide las aguas, mientras desde la oposición, liderada en ese punto por Cavallero, con el apoyo del justicialismo, insiste en avanzar hacia el rechazo del veto, y en el oficialismo se piensa en mejorar el nuevo proyecto.

Volviendo a Santín y a su referencia a la posibilidad de pagar con un bono las deudas que el Estado tiene con los jubilados, el legislador radical señaló que “esta es una forma concreta de resolver un conflicto que tienen la mayoría de los jubilados”, aunque aclaró que no la mejor.