La norma, que fue sancionada por los dos tercios del cuerpo, señala que toda persona podrá acceder a la información que almacenan sobre él en cualquier banco de datos.

Otro tema que tenía previsto analizar el Senado era el informe bimestral del jefe de Gabinete, que no pudo ser brindado por falta de quórum.

La Cámara alta aprobó el texto de Habeas Data, derivado de las reformas introducidas en la Constitución Nacional en 1994, insistiendo en su sanción original tras las modificaciones realizadas por la Cámara de Diputados.

El articulado de la iniciativa regula la actividad de los bancos de datos prestadores de servicios de información crediticia, personal, con fines de publicidad y relativos a encuestas. El artículo en el que el Senado impuso su voluntad sobre la de los diputados obliga a los bancos de datos prestadores de servicios de información crediticia deberán suprimir, o en su caso, omitir asentar, todo dato referido al incumplimiento o mora en el pago de una obligación, si ésta hubiere sido cancelada al momento de la entrada en vigencia de la presente ley.

Entre los bancos de datos figuran desde el Registro Automotor hasta el Banco Central, la SIDE u organizaciones privadas como la empresa Veraz.

La ley señala la expresa protección de los archivos de origen periodísticos, descartando la posibilidad de apertura que habia introducido en el proyecto la Cámara de Diputados.

Al respecto, el titular de la Comisión de Libertad de Expresión, el autonomista José Antonio Romero Feris, afirmó que ello constituye "una garantía esencial para la libertad de prensa" y dijo que "si los medios estuvieran sujetos a la modificación de los datos que constan en sus archivos, esto podría generar censura previa".

La iniciativa establece que ningún registro público o privado podrá argumentar "razones de seguridad nacional" para negar datos a la persona afectada. Si la información le fuera negada, la persona podrá recurrir a un juez presentando el recurso legal de hábeas data.

La norma dispone una suerte de "blanqueo", ya que los registros deberán eliminar a todos los morosos que hayan regularizado su situación al momento de entrada en vigencia de la ley.

En cuanto al informe que debía brindar Terragno, el mismo fracasó tras la ausencia de la mayoría de los senadores peronistas en el recinto y ante la indefinición del radicalismo sobre su presencia. Los peronistas se fueron levantando paulatinamente del recinto y le dejaron al radicalismo la responsabilidad de decidir que el informe de Terragno pase para la próxima semana.

"Tenemos expectativa en poder escucharlo, pero quedan muy pocos senadores; esperemos que la próxima semana, si el jefe de Gabinete sigue existiendo, lo podamos escuchar", dijo el titular del bloque PJ, José Luis Gioja.