La iniciativa, aprobada en un trámite rápido y sin debate, introduce modificaciones en el impuesto a los intereses pagados y el costo financiero del endeudamiento empresario, a la ganancia mínima presunta y al IVA y tiene la finalidad de "promover la inversión y el crecimiento económico", según el argumento del ministro de Economía, José Luis Machinea.

El paquete de reducción impositiva fue lanzado hace tres semanas por el gobierno para enfrentar las turbulencias de los mercados, pero quedó superado por las nuevas medidas anunciadas por el presidente Fernando De la Rúa la semana pasada en medio de una severa crisis financiera.

La sanción de esta iniciativa es una clara señal a los inversores de la voluntad del Congreso, de respaldar las medidas económicas diseñadas desde el gobierno para incentivar la reactivación económica productiva y poder transitar el camino del crecimiento. En esa misma línea de acción, los senadores aprobaron otro proyecto del gobierno que beneficia a los transportistas de cargas, pues le permitirá computar como pago del adelanto del impuesto a las ganancias el tributo sobre los combustibles líquidos comprendidos en las compras de gasoil.

Estos proyectos se encuadran en los anuncios de rebajas tributarias anunciadas el lunes 23 de octubre por el ministro de Economía, que introduce modificaciones a los impuestos de Renta Presunta, Endeudamiento Empresario, Bienes Personales y del Impuesto al Valor Agregado, y que fueron aprobadas por diputados hace dos semanas.

El proyecto de aliento a las inversiones propone una rebaja de cinco puntos de la alícuota del impuesto al endeudamiento empresario desde el 1 de enero del 2001, y de siete puntos desde el 1 de julio. Este beneficio será mayor para las pymes con deuda de hasta 100.000 pesos.

Por otra parte, el Senado aprobó y giró a Diputados el proyecto que regula la acción de amparo, una garantía constitucional que tiene por finalidad el otorgamiento de una protección judicial inmediata ante la violación de los derechos garantizados por ley. La acción de amparo, que fue incorporada a la Constitución en la reforma de 1994, tiene el propósito de otorgar a las personas una protección judicial inmediata ante los actos u omisiones de autoridades públicas o particulares que lesionen o amenacen los derechos garantizados por ley.

De acuerdo con el proyecto redactado por la cámara alta estarán en condiciones de promover la acción de amparo los afectados directos, el defensor del pueblo, el ministerio público y las asociaciones que tengan como objeto la defensa contra cualquier tipo de discriminación, la protección del ambiente, de la competencia, del usuario y del consumidor.

Por último, se aprobó una ley que exige que los cajeros automáticos de todo el país provean a sus usuarios billetes de dos y cinco pesos. A partir de ello se obliga al Banco Central a garantizar su cumplimiento y aplique sanciones cuando corresponda.

El proyecto de ley aprobado por el Senado fue presentado por el senador nacional Leopoldo Moreau y define al Banco Central como autoridad de aplicación, con facultades para imponer sanciones a las entidades financieras que no provean a los cajeros automáticos con billetes de dos y cinco pesos.

"Los bancos deben estar al servicio de los clientes y por lo tanto deben faciitar a éstos el acceso a sus fondos sin ningún tipo de restricciones", dice la ley.