Tras las idas y vueltas que se produjeron en la negociación con el PJ, el Gobierno recibió con "satisfacción" la firma del acuerdo federal, ya que constituye una de las condiciones impuestas por los organismos de crédito multilaterales para otorgarle al país un "blindaje" financiero de cerca de 20 mil millones de dólares.

En efecto, el ministro de Economía, José Luis Machinea, expresó que ahora "se está más cerca" de obtener este respaldo financiero, aunque queden pendientes otros requisitos tales como la reforma previsional que el Gobierno intentará implementar en los próximos días.

Los gobernadores justicialistas y el Gobierno nacional habían suspendido formalmente el diálogo el viernes último, aunque mantuvieron contactos bilaterales durante el fin de semana en la búsqueda de no dilatar aún más la firma del pacto.

De esta manera, el gobierno recibe un alivio ya que del demorado acuerdo con el justicialismo dependía la concreción del llamado 'blindaje financiero' que el FMI otorgará a la Argentina, y que había motivado una visita, finalmente postergada, de un grupo técnico de ese organismo, que prefirió esperar que se rubrique el acuerdo.

"Ante una situación grave que implique una interrupción en los servicios de salud, educación y una alteración excepcional en la seguridad pública y ante la imposibilidad de reducir otros gastos, las provincias podrán solicitar autorización al Ministerio de Economía para la modificación temporaria del gasto", señala la cláusula.

El presidente del bloque del justicialismo, Humberto Roggero, aseguró que el acuerdo fiscal firmado entre la Nación y las provincias constituye un "esfuerzo que hacen las provincias para colaborar con la gobernabilidad del país". El jefe de la bancada justicialista señaló que el pacto es "un esfuerzo que hacen las provincias para colaborar con la gobernabilidad del país" y aclaró que "si bien no es el pacto que el PJ quería, es una contribución en medio de la crisis generada por las políticas erráticas del gobierno".

"Obviamente no estamos conformes cuando se planten nuevos ajustes", apuntó Roggero, quien aseguró que "de no haber mediado la posición uniforme de los gobernadores, las consecuencias sobre la gente hubiesen sido mayores".

Los puntos salientes del compromiso son los siguientes:

– Congelamiento del gasto primario hasta el 2005, con la cláusula agregada ayer que se permite realizar modificaciones "ante situaciones graves" que impliquen una interrupción en los servicios esenciales.

– Se garantiza a las provincias para el 2001 y 2002 una suma fija mensual por coparticipación federal de 1.364 millones de pesos mensuales. En el 2003, 2004 y 2005 los montos serán el promedio de lo recaudado coparticipable en los tres años anteriores a cada uno, garantizando la Nación un piso mínimo mensual que alcanzará a 1.400 millones en el 2003, 1.440 millones en el 2004, y 1.480 millones en el 2005.

– Se transfiere a las provincias un fondo de 225 millones de pesos para programas de empleo (80 por ciento) y desarrollo social (20 por ciento) en el 2001. Para los años posteriores, se otorga a las provincia la administración del 30 por ciento de lo previsto en el 2001 para los programas de empleo transitorio o equivalentes del Ministerio de Trabajo, y de los programas alimentarios del Ministerio de Desarrollo Social.

– Las provincias se comprometen a unificar sus registros de beneficiarios de programas sociales con los nacionales y municipales, y a respetar "criterios objetivos" para la asignación de los recursos, sobre los cuales la Nación tendrá el control y la auditoría.

– La Nación pagará el 50 por ciento de las deudas del año pasado por la garantía del Fonavi en dos cuotas, antes del 30 de abril y del 31 de agosto del 2001. Las provincias que renuncien al resto de la deuda recibirán programas de empleo y sociales adicionales por montos equivalentes.

– Las provincias podrán no destinar a los fines específicos los fondos asignados por leyes especiales, hasta un 50 por ciento.

– En un plazo de 120 días se deberán firmar un convenio de armonización tributaria para eliminar cargas distorsivas sobre la inversión, el empleo y la actividad económica, y un "Pacto Federal de Modernización del Estado" para dar mayor eficacia a la gestión del sector público.

– Se fija un lapso de cuatro meses para suscribir convenios de adhesión al Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), que permitirá detectar irregularidades en el otorgamiento de beneficios sociales.

– La Nación y las provincias presentarán el año próximo un proyecto de nueva ley de coparticipación federal de impuestos.