La iniciativa experimentó varias semanas de arduos debates, en cuyo marco se trataron las obras públicas acordadas entre la Nación y las provincias para los próximos cinco años, que en su primera etapa prevén una inversión de dos mil millones de pesos.

El presidente del bloque aliancista, Dario Alessandro, aseguró que es "fundamental para impulsar el crecimiento y la realización de obras, que van a generar un repunte de la construcción y de muchas puestos de empleo". Según dijo, "es una ley fundamental votada por la Cámara de Diputados y es un gran logro para el Gobierno contar con esta iniciativa".

Los diputados aprobaron la ley tras un extenso debate, que estuvo monopolizado por los diputados aliancistas José Recio, Ricardo Vago, y los justicialistas Marcelo López Arias y Hugo Toledo, que tuvieron participación activa en el dictamen, y que pudieron llegar a un acuerdo para destrabar la aprobación de artículos esenciales.

El dictamen contempla un nuevo mecanismo de contratación, por el que los empresarios deberán buscar el financiamiento de las obras, que serán abonadas después por la Nación y las provincias, con un pago garantizado por el Fondo Fiduciario de Desarrollo de Infraestructura.

Por eso, el punto central fue el mecanismo de licitaciones, que había generado una fuerte disputa, y que demoró un mes el plazo entre la aprobación en general y en particular del proyecto, que recién se pudo concretar ayer. El mecanismo de licitación creado en la ley establecía que las obras por un valor de hasta 45 millones de pesos se reservaba al mercado de empresas nacionales y más allá de ese monto se abriría a la competencia con firmas internacionales.

A este artículo se le introdujeron modificaciones para impedir que el Poder Ejecutivo pudiese disponer la licitación exclusivamente nacional en montos superiores a los 45 millones de pesos, como se disponía en el dictamen de mayoría.

También se estableció ahora que las empresas extranjeras deberán asociarse a una firma nacional, que tendrá una participación societaria del 51 por ciento, y se introdujo una cláusula, propuesta por los diputada radical Beatriz Nofal, para que las empresas presenten una declaración jurada, sobre los costos y condiciones del financiamiento.

Además se permitirá a las pymes agruparse y conformar una Unión Transitoria de Empresas (UTE), lo que les dejará el camino abierto para participar de la competencia, y en caso de que se adjudique la licitación a una empresa grande, ésta deberá subcontrar en un 20 por ciento a las pymes.