Lo hicieron al presentar su propio dictamen en el que señalan la existencia de maniobras de lavado de dinero y de falta de controles en el país del que responsabilizaron tanto al sector público como al privado.

Si bien no dieron nombres propios, Stolbizer y Pernasetti aseguraron que "las graves consecuencias que en términos económicos y sociales sufre hoy el conjunto de nuestra población reconocen como antecedente inmediato el período de la última década, más exactamente el gobierno presidido por Carlos Saúl Menem".

El informe final de la investigación de los radicales apunta a "desenmascarar las relaciones promiscuas" entre funcionarios públicos y personas o sociedades privadas apoyadas por una "legislación deficiente y controles flexibles". El trabajo fue presentado en una conferencia de prensa, en la que los diputados radicales sostuvieron que discrepan con el informe presentado por la diputada Elisa Carrió la semana pasada, porque incluyó "caprichosamente" algunas imputaciones y cuestionaron específicamente las referidas al gobierno de Raúl Alfonsín.

Los legisladores radicales sostienen que los fondos de los vaciamientos bancarios ingresan a un circuito clandestino, que la causa general de la caída de los bancos fue el uso indebido de sus recursos en beneficio de empresas o personas vinculadas a las instituciones financieras y que hubo una actividad "ilegítima" de los bancos liquidados que fueron asistidos por el Banco Central, pese a haber detectado maniobra. El trabajo reseña las actividades de la compañía de inversiones CEI creada por el Citibank y del Grupo Moneta, que la adquirió después, al tiempo que creó el Banco República y su off shore, el Federal Bank.

Stolbizer y Pernasetti aseguran que muchos negocios sucios se concretaron mediante licitaciones, concesiones, privatizaciones y beneficios de distinta índole, conseguidos en connivencia con los funcionarios de gobierno.

Sostienen que para facilitar esas operaciones se dictaron leyes, se modificaron marcos regulatorios, se eliminaron mecanismos de control y se toleraron o encubrieron violaciones normativas.

"Lo más grave que nos ha ocurrido no es la corrupción en si misma, sino la impunidad que los tres poderes del Estado garantizaron a los autores de hechos de corrupción", asegura el trabajo.

El informe asigna al Poder Judicial un "papel preponderante", ya que "salvo honrosas excepciones", fue "funcional" a los "delitos de orden económico y actos reprochables desde el punto de vista de la responsabilidad política".

El informe no realiza imputaciones a funcionario alguno como sí lo hizo el informe Carrió, pero reconoce que existieron "responsabilidades políticas" de las autoridades de las áreas en las cuales se cometieron los delitos, a las que discrimina entre "generales" y "particulares". Entre las primeras, incluye a quienes por tener a su cargo la conducción del gobierno y del Estado facilitaron las operaciones corruptas y exhorta a la Justicia a poner especial atención en el enriquecimiento patrimonial de sus protagonistas,

Entre las segundas, apuntan a las autoridades del Banco Central de la República Argentina y de la Superintendencia de Entidades Financieras, a los directivos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a los funcionarios que dirigieron la Inspección General de Personas Jurídicas, la Secretaría de Comunicaciones, el Comité Federal de Radiodifusión, Fabricaciones Militares e instituciones bancarias oficiales.

"Tal como está planteado el informe de la diputada Carrió creo que hay un cierto grado de intencionalidad política cuando incorpora ciertos temas y dice que todos (los partidos políticos) estamos en la misma bolsa y decir que ellos son los fiscales de la República", afirmó Stolbizer. Al respecto, rechazó enfáticamente la acusación contemplada en el dictamen de Carrió al gobierno de Raúl Alfonsín por haber permitido el ingreso del BCCI en la Argentina.