Buscan eliminar el CER para créditos de viviendas únicas

El Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados un proyecto por el cual se exceptúa de la aplicación del Coeficiente de Referencia de Estabilización (CER) a los créditos otorgados a personas físicas por entidades financieras, cooperativas o mutuales que tengan como garantía hipotecaria la vivienda única, familiar y de ocupación permanente.

También se excluye de los alcances de dicho coeficiente "a los contratos de locación de inmuebles cuyo locatario fuere una persona física y el destino de la locación fuere el de vivienda, única, familiar y de ocupación permanente". La iniciativa del presidente de la mayoritaria bancada justicialista, José Luis Gioja (San Juan) dispone que las obligaciones de pago comprendidas en esta ley sólo podrán actualizarse en función de un Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) que confeccionará y publicará el Ministerio de Economía.

Uno de los artículos de más difícil aceptación fue el que establece que "el Poder Ejecutivo Nacional queda facultado a establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las asociaciones mutuales o cooperativas de vivienda, como consecuencia de la aplicación de lo dispuesto en la presente ley, como así también en las personas físicas".

Gioja había incluido en la última enumeración a las entidades financieras (comprendidas en la Ley 21.526) pero debió retirarlas de los alcances de las medidas compensatorias ante "la solicitud de la mayoría de los senadores".

Según la norma sancionada, girada en revisión a la Cámara de Diputados, en reemplazo del CER se aplicará como método de actualización de las cuotas de las hipotecas un Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Este índice deberá ser confeccionado y publicado todos los meses por el Ministerio de Economía y su aplicación implicaría el virtual congelamiento de los créditos.

En contraposición, el CER implicaba una indexación mensual de las cuotas, ya que se forma en virtud del índice de precios minoristas que en los últimos dos meses ya aumentó el 8 por ciento.

La iniciativa es resistida por el Poder Ejecutivo y en particular por el ministro de Economía y en la versión que ingresó al recinto no contaba con la inclusión de los alquileres dentro de sus alcances.

Una propuesta alternativa fue presentada por el radical Raúl Baglini, que apuntaba a "evitar la necesidad de dar compensaciones a las entidades financieras, porque toma en cuenta al acreedor y al deudor".

En la misma sintonía se expresó el radical Gerardo Morales (Jujuy), quien manifestó su desconfianza porque el artículo de las compensaciones "abre la posibilidad para que el Ejecutivo siga emitiendo decretos que aumenten nuestra deuda externa". Además, manifestó su temor a que con la sanción de la norma "se esté ratificando el decreto 214", que estableció la pesificación de las deudas contraídas en dólares, por lo que pidió que se devolviera la iniciativa a comisión.

Ante las sospechas lanzadas por Morales, Gioja volvió a intervenir para asegurar que "acá de lo que se trata es de atar las cuotas a la variación de salarios, así no se perjudica a la gente".

Tras la negociación, que se hizo tras la aprobación en general del proyecto, la compensación sólo se limitó a las asociaciones cooperativas y mutuales, excluyendo a las entidades financieras. Sin embargo, el debate mostró varias aristas que demostraron que la cuestión de la pesificación es un tema pendiente de resolución, sobre todo en el justicialismo.

Por ejemplo, el riojano Jorge Yoma dijo que iba a votar la iniciativa, pero manifestó su rechazo al decreto 214 por considerar que "el CER es un sistema de indexación, y eso está terminantemente prohibido porque no derogamos esa cláusula de la ley de convertibilidad".

De acuerdo con el texto sancionado por el Senado, la aplicación del CVS alcanza también a las hipotecas acordadas con asociaciones mutuales y cooperativas de viviendas.

También votó en contra el liberal correntino, quien manifestó su rechazo a realizar modificaciones de fondo a la legislación nacional en virtud de la emergencia económica por la que atraviesa el país.

En un par de artículos aclaratorios, el Senado determinó que estarán alcanzados por esta norma las operaciones pactadas antes del 3 de febrero y que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley dentro de los 30 días posteriores a la promulgación.

La aprobación del proyecto se demoró debido a que fue considerado sobre tablas (con dos tercios de los miembros presentes) y a que se modificó la redacción en un par de oportunidades desde el inicio de la sesión.

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