Los ministros de Economía, Jorge Remes Lenicov, y del Interior, Rodolfo Gabrielli, junto con legisladores de ambas cámaras del Congreso, llegaron a un principio de acuerdo para concretar las reformas de las leyes de Subversión Económica y de Quiebras, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitó al Gobierno nacional.
"Avanzamos en la redacción de un texto definitivo para que estas modificaciones se realicen en el Congreso antes que la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) regrese a Washington", señaló una alta fuente del Palacio de Hacienda, tras una reunión en la que también participaron el presidente del Senado; Carlos Maqueda y los diputados Miguel Angel Toma y Jorge Matzkin, entre otros.
El encuentro se realizó a primera hora de en el Palacio de Hacienda y se manejó en el más absoluto hermetismo.
La fuente aseguró que la reunión resultó "exitosa" y todos los participantes coincidieron en la necesidad de "avanzar rápidamente" en las modificaciones a las leyes de Subversión Económica y Quiebras.
En el encuentro, además de los ministros y los legisladores mencionados, participaron el secretario Legal y Administrativo del Palacio de Hacienda, Eduardo Ratti, y el secretario de Relaciones con las Provincias, Juan Carlos Pezoa.
La presencia del ministro Gabrielli fue tomada como una señal positiva por parte de las autoridades de Economía: el funcionario mendocino tiene una muy buena relación con amplios sectores legislativos y es la llave para que la iniciativa tenga luz verde en el Congreso. No casualmente, después de la reunión, Gabrielli partió en helicóptero rumbo a la residencia de Olivos, donde informó al presidente Eduardo Duhalde los detalles del encuentro en Economía.
Las modificaciones de ambas leyes son una expresa solicitud del Fondo Monetario Internacional (FMI) y, consecuentemente, el Gobierno nacional avanza en este sentido.
La ley de Subversión Económica fue cuestionada por las autoridades del FMI debido a su aplicación a distintos banqueros por presunto fraude contra ahorristas en el marco del corralito.
Por su parte, la ley de Quiebras se cuestionó por la imposibilidad de iniciar acciones legales contra las empresas por un período de 180 días.
Ambos llamados de atención fueron escuchados atentamente por el gobierno nacional y se acortan los plazos para encontrarle una solución a esta cuestión dentro del marco institucional.
