El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, admitió que la implementación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) es un tema que preocupa al Gobierno, pero aseguró que por el momento el Poder Ejecutivo "no contempla modificaciones" al decreto que estableció el polémico índice de actualización.
El jefe de Gabinete formuló estos conceptos al brindar el informe que, según lo establece el artículo 101 de la Constitución Nacional, debe hacer todos los meses ante cada una de las cámaras parlamentarias sobre la marcha del Gobierno y la administración pública.
Según explicó Capitanich en el Senado, el CER "ha sido establecido en la agenda de preocupaciones principales del Gobierno nacional", que se encuentra "recopilando iniciativas para resolver" la cuestión. Sin embargo, destacó que "cuando se adoptan metodologías de pesificación asimétrica siempre alguien tiene que pagar el costo final", tras lo cual afirmó que "no hay modificaciones sobre el criterio adoptado por el Gobierno" en el decreto 214.
Capitanich debió responder las inquietudes de varios senadores sobre la aplicación del CER a las deudas pesificadas, índice que fue duramente cuestionado en los últimos días ya que perjudicaría sensiblemente a los afectados por su aplicación.
El funcionario cumplió por primera vez con esa obligación constitucional mediante un informe escrito y otro verbal al cuerpo, para pasar luego a responder una batería de preguntas que le formularon los senadores. Capitanich señaló que el Gobierno prevé que la economía ingrese en un sendero de crecimiento a partir del segundo semestre, así como el tipo de cambio se estabilizará en niveles más bajos que el actual. Fundó sus expectativas optimistas en la existencia de un fuerte nivel de reservas que estimó en 12.700 millones de dólares, en la decisión oficial de arribar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que "contribuirá a recuperar la credibilidad internacional" y en la consistencia de las políticas fiscal, cambiaria y monetaria definidas por el gobierno.
El funcionario se sometió durante más de cinco horas a las preguntas de los legisladores luego de haber brindado un detallado informe del estado de la administración pública y de trazar algunas de las previsiones del Gobierno de cara a los próximos meses.
Capitanich aludió a las reformas estructurales que la Argentina "ineludiblemente debe realizar en un plazo breve de tiempo para recuperar la credibilidad internacional" y destacó la necesidad de modificar las leyes de quiebra y subversión económica, que son cuestionadas por el Fondo. Dijo también que la reforma política, económica y social que lleva adelante el gobierno debe ser acompañada por una reforma estatal, aunque advirtió que "el Estado es insustituible para garantizar la equidad social".
El jefe de Gabinete adelantó que el gobierno trabaja en la definición de un plan económico fundado en la premisa del crecimiento para aplicar a partir del 1 de enero, cuando comenzará a aplicarse también una reforma tributaria.
Con respecto a los ingresos fiscales, el jefe de Gabinete apuntó que los cuatro años de recesión produjeron una merma del 18 por ciento en el PBI, lo cual tuvo un fuerte impacto sobre el nivel de recaudación tributaria. Consultado por el radical Raúl Baglini sobre si las negociaciones con el FMI se extenderían más allá de abril -tal como estaba previsto- Capitanich admitió que "puede haber un proceso de corrimiento en función de ajustes".
Durante varios pasajes de su informe de cinco horas, Capitanich exhibió la preocupación oficial por el incremento de precios, ya que -admitió- la estabilidad es una de las variables económicas que se observan desde el exterior con miras a recuperar el crédito internacional.
En ese marco, Capitanich aseguró que "el segundo semestre del año será el punto de inflexión para que la Argentina ingrese a una etapa de crecimiento". Y adelantó que el Poder Ejecutivo promueve "una reforma tributaria que rija a partir del primero de enero" próximo.
