El Congreso convirtió en ley el proyecto que establece que los depósitos bancarios atrapados en el "corralito" sólo podrán ser reintegrados a los ahorristas con una sentencia judicial favorable firme. La iniciativa fue aprobada en las primeras horas de la noche por la Cámara alta y Diputados la convirtió en ley en horas de la madrugada.
Hasta el momento, los bancos debían devolver los depósitos retenidos con la sola habilitación judicial de un recurso de amparo, pero a partir de ahora se requerirá de una sentencia judicial firme, esto es con una sentencia de la Corte Suprema.
La base de la propuesta es el artículo primero, en el que se establece que toda medida cautelar que importe el secuestro de fondos depositados en bancos deberán quedar "indisponible en carácter de depósito judicial" en la misma entidad.
"Sólo podrá hacerse entrega de dichos fondos a los peticionantes cuando la causa cuente con sentencia definitiva y firme que resuelva sobre el objeto de la acción", agrega el artículo.
El justicialista jujeño Guillermo Jenefes fue el encargado de defender la iniciativa en el Senado, explicando que el proyecto oficial ratifica normas procesales tendientes a que los jueces dispongan las devoluciones de depósitos sólo en aquellos casos en los que existan sentencias firmes. Dijo que el proyecto impulsa que "las medidas cautelares no tengan efecto devolutivo sino suspensivo", para explicar que los recursos sobre los cuales se produzca el amparo permanecerán en la entidad bancaria hasta la sentencia firme.
Las bases del proyecto oficial surgieron durante la reunión que los legisladores oficialistas mantuvieron con el presidente, Eduardo Duhalde, y con el ministro de Justicia Jorge Vanossi, en la quinta de Olivos.
La idea central es que las apelaciones de los bancos a los amparos le otorguen al gobierno un tiempo mínimo -que algunos estiman en sesenta días- para encontrar una solución definitiva al problema del corralito.
La frepasista porteña Vilma Ibarra y la justicialistas santacruceña Cristina Fernández de Kirchner subrayaron la "inconstitucionalidad" del proyecto y coincidieron en señalarlo como "un parche", al que además consideraron "ineficaz".
"El Estado tiene que asumir una intervención sobre este tema, dar una solución de fondo y no más parches ineficaces y, además, inconstitucionales", sentenció.
Es más, Ibarra consideró que con este proyecto "estamos interfiriendo la esfera de los jueces y un juez, seguramente, lo que va a decir es que su obligación es proteger los derechos garantizados por la constitución, entre otros el derecho a la propiedad".
También se opuso la peronista Cristina Kirchner, quien dijo que el proyecto es "inconstitucional", aunque destaco que "hoy en la Argentina, hablar de inconstitucionalidad donde no se respeta ningún derecho, es casi un anacronismo". También cuestionó el argumento de que con esta medida se permitiría abrir el corralito porque, afirmó, "ante la situación de total desconfianza, aunque los abramos todos nadie va a volver a depositar sus ahorros".
"Tenemos que tomar medidas de fondos. Si queremos recuperar el sistema financiero, cada banco tendrá que asumir la responsabilidad de devolverle los fondos a sus ahorristas", concluyó.
La legisladora santacruceña advirtió, al igual que el liberal correntino Lázaro Chiappe, que la ley será declarada inconstitucional en breve, con lo cual los bancos deberán volver a entregar depósitos con el recurso de amparo habilitado.
También anticipó su voto negativo la puntana Liliana Negre de Alonso, quién recordó que su provincia mantiene una disputa judicial para que le devuelvan sus depósitos acorralados y reclamó de paso que se convoque rápidamente a elecciones generales.
Las críticas fueron respondidas por el santafesino Oscar Lamberto, quién planteó la cuestión en términos dramáticos, al advertir que el mes próximo el país puede ingresar en default con todos los organismos internacionales, con lo cual la Argentina compartiría ese exclusivo lugar con Camboya. Lamberto negó que se preservara el derecho de los ahorristas disponiendo la liberación del corralito, sino que, por el contrario, "cuando se gobierna, se debe pensar en el bien común".
Por su parte, los senadores radicales dieron un apoyo decisivo al proyecto al sumar sus votos para constituir los dos tercios que permitieron tratar el proyecto sobre tablas, es decir, sin pasar por el trámite de las comisiones correspondientes, lo cual hubiera demandado al menos una semana.
Sin embargo, el apoyo que reclamaron insistentemente el presidente de la bancada, Carlos Maestro y el ex presidente Raúl Alfonsín, desató una discusión en la bancada de la UCR entre quienes pretenden una mayor diferenciación del bloque radical con el oficialismo y quienes dan prioridad a sostener la coalición parlamentaria que sostiene al presidente Eduardo Dualde.
Alfonsín se retiró de la reunión de bloque luego de una fuerte discusión que fue zanjada con un proyecto alternativo, que tenía algunas diferencias con el oficialista y que le permitió a esa bancada votar en forma diferenciada, sin trabar por ello la marcha del proyecto oficial.
"Es absolutamente imposible que en las actuales circunstancias se devuelvan los ahorros a la totalidad de los ahorristas, porque quebrarían los bancos, por lo que dejar que saquen los depósitos 200 mil ahorristas tornará ilusorio que el resto puedan retirar sus ahorros", sostuvo Maestro, quien afirmó que "todos los ahorristas deben tener la misma consideración y trato, y tener la misma posibilidad en el sistema jurídico argentino".
También presentaron proyecto alternativo los partidos nucleados en el Interbloque Federal que, según explicó Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador de Salta), establecía la posibilidad de que "las entidades financieras cuya liquidez lo permita puedan convenir con sus depositantes la cancelación total o parcial de los depósitos reprogramados".
En la Cámara baja, el proyecto obtuvo sanción definitiva con los votos cosechados por el justicialismo, debido a que los radicales que han respaldado todas las iniciativas desde que asumió Eduardo Duhalde decidieron abstenerse por sus críticas a las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto del PEN.
La iniciativa fue sancionada con 92 votos del justicialismo, mientras que fue rechazada por 57 sufragios aportados por el ARI, provinciales y agrupaciones de izquierda, mientras que hubo 34 abstensiones provenientes del radicalismo. El debate fue abierto por la presidenta de la Comisión de Justicia, María del Carmen Falbo (PJ-Buenos Aires), quien defendió el proyecto y aseguró que "debemos dar un marco legal guiado por la prudencia para evitar un colapso del sistema financiero". Y agregó que con esta ley "se busca un equilibrio entre los intereses de los ahorristas y el interés general".
El presidente del bloque radical, Horacio Pernasetti, dijo que decidieron abstenerse tras analizar las modificaciones que introdujo el PJ en el Senado al proyecto del PEN, ya que se eliminó la cláusula por la cual los fondos iban a quedar "indisponibles" en los bancos hasta que haya sentencia firme.
En tanto, la arista Elisa Carrió calificó de "desaguisado" a esta iniciativa impulsada por el justicialismo, dijo que "no va a haber país sin una norma previsible" y señaló que "se hubiera podido evitar esta situación de perjuicio a los derechos de los ciudadanos si no existieran los pactos de sobrevivencia". Desde el Interbloque Provincial, el mendocino Gustavo Gutiérrez criticó con dureza el proyecto y dijo que está dispuesto "a levantar las dos manos para votar en contra de este proyecto".
