Por medio de un proyecto que firman Roggero y el entrerriano Julio Solanas, el justicialismo señaló que el Gobierno "no debe avalar un aumento de tarifas" que no puede ser dispuesto porque la "la ley de Emergencia Pública prohibe cualquier tipo de indexación tarifaria". Los diputados señalaron que "es necesario remarcar que cuando se habla de servicios públicos, estamos abarcando el espectro que involucra en su gran mayoría a los servicios de primera necesidad, que frente al deterioro actual de los salarios por el efecto devaluatorio, sería sumarle otro perjuicio singular a la clase trabajadora".

Apuntaron que "es necesario que se de cumplimiento a la legislación vigente que estipula los actos a llevar a cabo para la renegociación de los contratos en los servicios públicos donde debe tenerse en cuenta las ganancias de las empresas en años anteriores y el poder adquisitivo de la gente".

La suba de las tarifas de servicios públicos rondará el 8 por ciento en promedio y no cifras superiores como se especula en el mercado, aseguraron hoy fuentes de la Secretaría de Energía, que aclararon, sin embargo, que su aplicación se verá demorada por la realización de audiencias públicas y su respectivo trámite parlamentario.

"El ministro Lavagna no quiere aumentos de más de un dígito, y considera que el 8 por ciento es un buen número" le dijo la fuente consultada, que pidió reserva de su nombre. Corroborando la afirmación de la fuente de la Secretaría de Energía, voceros del Palacio de Hacienda aseguraron este mediodía que "la suba será claramente inferior a los dos dígitos".

El vocero de Economía agregó que "aún no está resuelto definitivamente el porcentaje de aumento, porque se está consultando a todos los sectores y no se descarta la posibilidad de convocar audiencias públicas".

Mientras tanto, un grupo de diputados nacionales del ARI pidió la interpelación del ministro de Economía, y consideró que un eventual aumento en las tarifas de servicios públicos constituiría una medida "absolutamente ilegal". En este sentido, los legisladores señalaron que, de efectivizarse los aumentos de tarifas anunciados sin la previa realización de audiencias públicas, "se estarían violando los derechos de los usuarios y consumidores garantizados por el artículo 42 de la Constitución Nacional".

Además, en un proyecto de resolución a través del cual solicitaron la interpelación de Lavagna, los legisladores señalaron que tanto una eventual suba de las tarifas como una prolongación de los contratos de concesión de los servicios públicos por parte del Ejecutivo serían medidas "absolutamente ilegales".

"El actual Ejecutivo Nacional no tiene facultades de renegociar los contratos de concesión de los servicios públicos privatizados al margen del Congreso Nacional, comprometiendo a los futuros gobiernos constitucionales prolongando los plazos de los contratos, y con incrementos de tarifas que, de producirse, aumentarán aún más la prolongada recesión", aseveraron.