El debate del proyecto de ley que flexibiliza los requisitos para conformar partidos políticos podría volver a naufragar esta semana debido a la polémica surgida en torno a la metodología establecida para las internas abiertas del 24 de noviembre.
De hecho, en la última sesión de la Cámara baja -que está previsto sea retomada el miércoles con el debate en particular de la ley que deroga las jubilaciones de privilegio- la discusión de este aspecto de la reforma política fue postergada por un pedido de los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
De todas maneras, en el trasfondo de este empantanamiento se encuentra la fuerte polémica generada en torno a los decretos de convocatoria de elecciones internas abiertas, férreamente criticados por el menemismo y por el radicalismo tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado.
Ahora, a la discusión de los decretos de la ley de internas abiertas, se sumó una nueva polémica: la posibilidad de que el justicialismo pueda querer avanzar en una ley de lemas que es rechazada de plano por el radicalismo, que como sucedió cada vez que este tema fue instalado en el seno del Congreso.
En este sentido, el diputado Luis Molinari Romero dejó en claro en la Comisión de Asuntos Constitucionales que la UCR no está dispuesta a avanzar en el tratamiento del proyecto que flexibiliza los requisitos para conformar partidos hasta tanto no se salde la discusión en torno a los decretos.
Claro que la postergación de la discusión en función de la posición del bloque radical no resulta caprichosa sino que responde al requisito constitucional de que las leyes en materia electoral, para su aprobación, requieren del respaldo de la mayoría absoluta de miembros de cada cuerpo. De todas maneras, la discusión de la iniciativa que -entre otros puntos- baja del 4 al 1 por mil del padrón la cantidad de adhesiones necesarias para conformar un partido se avizora complicada debido a la intención de un sector del bloque del PJ de introducirle modificaciones en el recinto.
Estos cambios, impulsados por el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y respaldada por un sector del PJ y por algunos radicales, buscan cerrar las puertas a la posibilidad de que, una vez realizadas las internas, candidatos perdedores puedan acoplarse a otra fuerza política para vehiculizar su candidatura.
Concretamente, la propuesta es establecer la obligatoriedad de que las alianzas de cara a los comicios generales -tanto legislativos como presidenciales- deban ser formalizadas un mes antes de la realización de las internas y no puedan ser modificadas a posteriori de esos comicios.
