La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley que deroga las jubilaciones de privilegio para funcionarios, magistrados, diplomáticos y procuradores, entre otros cargos públicos.
Esta derogación, que ahora deberá refrendar el Senado, contempla la eliminación de las jubilaciones de privilegio que se otorguen de aquí en más, aunque excluye los regímenes especiales para docentes e investigadores.
En la actualidad se encuentran vigentes más de 9.263 jubilaciones de privilegio, con un haber promedio de 4.038 pesos, que representan un gasto anual de 486 millones de pesos, con un piso de 3.100 pesos y un tope de 8.700 pesos.
La sanción completó la labor legislativa iniciada la semana pasada que demandó un largo debate por el número de iniciativas presentadas por los diputados: uno por la mayoría -con ocho disidencia parciales- y seis de la minoría.
La iniciativa establece que se anulan las jubilaciones de privilegio de los funcionarios políticos, judiciales, servicio exterior de la Nación y de los obispos, en tanto que se mantienen aquellos sistemas que tienen los docentes y científicos.
La discusión en particular tuvo tramos confusos y de fuerte controversia entre el justicialismo y la oposición por el tope de los haberes y las incompatibilidades de tener en forma simultánea una jubilación y desempeñar un empleo remunerado.
El debate sobre si las incompatibilidades se extendían a la actividad privada generó una fuerte polémica en la cual participaron el presidente de la comisión Ovidio Zuñiga y la diputada del ARI, María América González, el radical Aldo Neri y el cavallista Guillermo Alchouron.
El justicialismo mantuvo la postura de sólo establecer los impedimentos entre cobrar una jubilación y tener un trabajo estatal, mientras que el ARI y la UCR plantearon que debía extenderse a la actividad privada. A tal punto llegó la controversia que se generó una polémica reglamentaria planteada por el justicialista Sergio Acevedo y el frepasista Rodolfo Rodil para que se tuvieran en cuenta las abstenciones ya que modificaban el resultado.
La posición que primó fue volver a sufragar y allí la votación fue negativa a la propuesta del justicialismo y se puso a consideración otro texto donde se ampliaba la incompatibilidad de cobrar la jubilación a la actividad privada. Este impedimento regirá siempre que el haber no supere los 1.000 pesos.
Otras propuestas del cavallista Guillermo Alchouron y del radical Aldo Neri no fueron aceptadas por el justicialismo y no se pudieron incorporar en el texto que fue votado en el plenario legislativo.
El dictamen de mayoría establece que en el futuro no regirán la ley 22.731; ley 24018; y ley 21540 y establece por un año un tope de 3100 pesos.
Las jubilaciones de privilegio que se derogan corresponden al Servicio Exterior de la Nación, presidente, vicepresidente, obispos y ministros de la Corte, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público y de la Fiscalía.
