Una fuerte polémica sacudió a la Legislatura porteña durante el debate que culminó con la creación del Instituto de Juegos de Apuestas, a cuyo cargo estará la explotación, recaudación y control del juego que se estima aportará 60 millones de pesos anuales a la ciudad de Buenos Aires.
El nuevo ente será el encargado, así, de la aplicación de la Ley 538 de Juegos que la Legislatura había aprobado hace casi dos años. La votación provocó disensos en los bloques radicales y justicialista, con las deserciones de Jorge Enríquez (UCR) y Jorge Srur, María Lucila Colombo, Julio Vitobello y Alberto Fernández, del PJ.
En tanto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (ALEARA), Daniel Amoroso, dijo que "con esta norma la ciudad asegura el manejo transparente de esta actividad, poniendo fin a las disputas judiciales con la Lotería Nacional".
El nuevo Instituto, de estructura autárquica, contará con cinco directores y dos síndicos, todos designados por el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dos de esos funcionarios fueron propuestos por el bloque radical, otros dos a instancias del Frente Grande (ibarrista), el quinto por los justicialistas, otro fue presentado por Interbloque Porteño y un séptimo fue designado por ALEARA, la entidad sindical de los trabajadores del sector.
El legislador porteño Miguel Doy (Forja 2001) advirtió, en su intervención, sobre "los intereses asociados de la empresas Ciccone Calcográfica y Bold" que, según dijo, "se han repartido las áreas del juego".
