Así lo anunció el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, durante una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada acompañado por el ministro de Justicia, Gustavo Beliz, y el vocero presidencial, Miguel Núñez. Poco antes Kirchner había recibido a Zaffaroni para hacerle conocer su intención de proponerlo ante la sociedad para que ocupe un lugar en el alto tribunal, donde, de acuerdo a los plazos podría sumarse en el mes de agosto.

Fernández ponderó las condiciones de Zaffaroni para ocupar el cargo vacante en la Corte al calificarlo de "uno de los penalistas más importantes de Latinoamérica", que reúne, por sus conocimientos y trayectoria, los "méritos suficientes para que el presidente piense en su candidatura". Beliz por su parte, describió las derivaciones del decreto 222 firmado por Kirchner por el que voluntariamente somete a la opinión pública, las ONGs y ante las organizaciones civiles el nombre de su candidato, en este caso, Zaffaroni.

Ahora se abre una instancia para que, en los próximos quince días, se exhiban los antecedentes, dejando espacio de otros 15 días para la evaluación de ese proceso. El Presidente adopta luego la decisión de enviar el candidato ante el Senado.

En primer término se publican todos los antecedentes académicos, curriculares, profesionales y laborales, tras lo cual el Gobierno requerirá a las ONGs "opinión fundada y documentada" sobre el candidato. Se publicará en la página de Internet del Ministerio de Justicia, la declaración jurada de sus bienes, como también antecedentes profesionales y laborales, publicaciones, y cargos que ocupó.

Fernández aclaró que el gobierno no presentará otro candidato para la Corte Suprema de Justicia.

El diputado Di Cola había opinado que "la designación del miembro que debe ocupar la vacante tiene que hacerse rápidamente, cumpliendo todos los pasos que el Poder Ejecutivo ha establecido, fijando un criterio de selección muy estricto y transparente, para que quien surja tenga una legitimación mayor que la que tenía el que se fue".

Di Cola estimó que "este es un procedimiento que puede llevar entre 45 y 60 días", e indicó que en tanto, desde la Comisión que integra, "se debe seguir analizando distintos pedidos de juicios político que hay, tanto de diputados como de particulares, contra otros miembros de la Corte".

El legislador admitió que "el año pasado cometimos el error de avanzar contra todos los miembros de la Corte, lo cual dio la sensación de que estábamos juzgando a toda la Corte como institución, y no a cada uno de sus miembros, con el resultado frustrado que tuvimos en octubre pasado", cuando en el recinto no se obtuvieron los dos tercios de los votos necesarios para acusar a los magistrados ante el Senado de la Nación.