El oficialismo parlamentario intentará esta semana convencer a sus pares de la UCR para avanzar en la sanción del proyecto oficial que busca evitar los remates contra los deudores hipotecarios morosos, luego de que fracasara el miércoles pasado el debate en el Senado.
La UCR hizo la semana pasada fracasar el tratamiento de la ley a pesar de los esfuerzos del bloque del PJ por discutir la norma que brinda un período de gracia de un año (prorrogable en casos excepcionales) a los morosos con deudas hipotecarias. Para poder estudiar mejor la ley, la UCR había pedido una semana de plazo y volver a tratar en comisión, antes de llevarlo nuevamente al recinto.
La norma indica que sólo podrán gozar de la refinanciación las personas que hayan pedido el crédito para comprar una vivienda única, familiar y permanente por hasta 100 mil pesos.
El mayor cuestionamiento del radicalismo es el plazo que impone la ley para poder acogerse al beneficio y piden que el universo de beneficiarios sea más amplio.
El texto enviado por el Ejecutivo requiere de este tipo de trámite especial porque no cuenta con dictamen de comisión, y la oposición del bloque radical y el pedido de postergación de una semana para su análisis obedeció a que algunos legisladores pidieron modificaciones al proyecto, luego de escuchar quejas de asociaciones de deudores.
En la negociación del miércoles los senadores peronistas aceptaron introducir algunas modificaciones al texto enviado desde la Casa Rosada, pero el radicalismo se mantuvo inflexible, y sólo accedió a tratarlo "con preferencia" en la próxima sesión.
Ante esta alternativa, los senadores peronistas Liliana Negre (San Luis) y Oscar Lamberto (Santa Fe), presidentes de las comisiones encargadas de estudiar el tema, se reunirán con senadores y diputados radicales para intentar destrabar la aprobación del plan oficial.
La iniciativa avalada por el bloque del PJ contempla un subsidio para los deudores que tomaron créditos para comprar o ampliar una vivienda inferiores a los 100.000 dólares, y entraron en mora entre enero de 2001 y septiembre de 2003. La propuesta del Ejecutivo es crear un fondo especial con el que el Estado comprará la cartera de morosos y les dará un plazo mayor para saldar sus deudas a tasas fijas y en pesos, que se definirán en base a los ingresos de los deudores.
De estos puntos, el radicalismo acompaña todos menos el que fija que estarán contemplados por el proyecto aquellas deudas posteriores al 1 de enero de 2001,
"Esa fecha es antojadiza, por qué no se cual es la diferencia entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2000", señaló el senador radical por Mendoza, Raúl Baglini.
La peronista Negre de Alonso, titular de la comisión de Legislación General, le aclaró que se tomó esa fecha "porque comprende al 75 por ciento de los deudores" con viviendas en situación de remate.
Otro tema observado por los senadores radicales fue el de los intereses punitorios, moratorios, y los cargos por las tasas de justicia correspondientes a las hipotecas.
