El proyecto de ley presentado en las últimas horas en la Cámara baja que promueve una amnistía para los piqueteros con causas abiertas en la judicia fue defendido por los diputados que impulsan la iniciativa y debatido por organizaciones piqueteras, que esgrimieron posiciones diferentes respecto al alcance de los términos desprocesamiento o amnistía.
El artículo 1 del proyecto propone amnistiar no sólo a dirigentes piqueteros, sino también a las personas que hayan participado en "todos los hechos ocurridos con motivo o finalidad de reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil, cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión".
Abarca a quienes hayan participado de manifestaciones, huelgas, ocupaciones de edificios deshabitados, asambleas populares, cortes de ruta, calles y cualquier otra vía pública, movilizaciones de ahorristas, puesta en producción de empresas, reclamos por alimentos, en un amplio espectro que abarca prácticamente todo tipo de manifestación social.
Sólo quedan excluidos quienes hayan participado de hechos represivos o de inteligencia que incluya a miembros de Fuerzas Armadas, policiales o de seguridad.
Un proyecto de las mismas características es elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos ingresó en las últimas horas en una zona de indefinición por las disidencias que generó la iniciativa dentro del gabinete.
La letra del proyecto que se afina en Derechos Humanos tuvo como contrapartida el rechazo abierto de la primera línea del Gobierno nacional: el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, dijo que "no estamos analizando" esa alternativa y el ministro del Interior, Aníbal Fernández, consideró que se debe analizar "caso por caso".
"El Gobierno no presentó ningún proyecto de amnistía", indicó el ministro del Interior; estimó que sería "una locura" brindar un perdón a "aquellos que han hecho desmanes" durante protestas y se pronunció por estudiar "caso por caso".
Por la noche, el presidente Néstor Kirchner tomó distancia de la polémica desatada en el seno del oficialismo por el proyecto de desprocesamiento de piqueteros afectados en causas penales e hizo transmitir a las organizaciones de desocupados que la iniciativa seguirá su curso en el Congreso. Así fue consignado por el dirigente piquetero Luis D'Elía, que ofició como uno de los voceros de una reunión mantenida en la Casa de Gobierno por representantes del sector y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
Los piqueteros advirtieron, de todos modos, que si el proyecto no se canaliza en la Cámara de Diputados "en ordinarias" se transformará en un "fortísimo el reclamo" de cara a la manifestación prevista para el próximo 20 de diciembre, cuando su cumpla un nuevo aniversario de la caída del ex presidente Fernando de la Rúa.
El hecho que la iniciativa contemple la amnistía y no el desprocesamiento motivó una discusión entre las organizaciones piqueteras, incluso entre las organizaciones enroladas en el ala dura del movimiento. Por ejemplo, el Polo Obrero y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, que militan en el ala dura, discreparon, ya que el primero rechaza la amnistía y el grupo de Raúl Castells la apoya siempre que ésta sea "irrestricta".
Por su parte, la Corriente Clasista y Combativa, cercana a los dialoguistas, apoya el proyecto y la Federación de Tierra y Vivienda, también dialoguista lo respalda pero quiere profundizar sobre algunos artículos.
En tanto, el proyecto parlamentario del Grupo Talcahuano impulsa una amnistía a todas las personas que hayan participado de protestas por cualquier "reivindicación social, económica, política, gremial, de derechos humanos o estudiantil" realizada desde el 1 de febrero de 1991 "cualquiera sea el bien jurídico lesionado y el modo de comisión".
"Habiendo un nuevo gobierno que ha encarado un programa que se ocupa de desarticular las malas cosas del modelo del 90, entonces es necesario desarticular la pena a la protesta para lograr un equilibrio", sostuvo el diputado peronista Gerardo Conte Grand.
El legislador porteño consideró que "hay un punto de equilibrio que es complejo, pero en una sociedad justa estos reclamos no hubieran existido".
Según el texto de la iniciativa parlamentaria, "los tribunales de todo el país deberán decretar el inmediato cierre de todo proceso" por protestas o reivindicaciones sociales y políticas.
La propuesta es respaldada además por la legisladora por Izquierda Unida, Patricia Walsh, la arista Marcela Bordenave, la frentista Margariga Jarque (Frente Grande) y Alberto Roselli, de Autodeterminación y Libertad disidente.
El jefe del bloque radical de Diputados, Horacio Pernasetti, aseguró que "en la Argentina no hay presos políticos" y se mostró "en contra de las leyes de amnistía generalizadas", al rechazar una iniciativa de legisladores del oficialismo para desprocesar a piqueteros y manifestantes.
"En la Argentina no hay presos políticos. Si hay dirigentes que han sido detenidos como consecuencia de protestas sociales y han cometido un delito, han cometido un delito, no es que haya presos políticos", enfatizó Pernasetti en declaraciones a la prensa formuladas en la Cámara baja.
Otro integrante del Grupo Talcahuano, el santafesino Julio Gutiérrez, sostuvo que "el proyecto es discutible. Hay que tratar de buscar un equilibrio entre el derecho a protestar y el derecho a la propiedad".
Por su parte, Marcela Bordenave dijo que "hay casos (de protestas) que se hicieron frente a injusticias que vinieron de privatizaciones, que fueron negociados y hay 2.500 procesados que están a punto de ser llevados a juicio".
Por su lado, el diputado justicialista Angel Baltuzzi consideró que "para pensar en una amnistía futura tiene que haber un compromiso de las organizaciones de no repetir acciones violentas".
