El Gobierno tiene intenciones de que, durante el transcurso de esta semana, la nueva ley laboral sea aprobada por el Congreso, pero para llevar a cabo su plan necesita la ayuda de dos tercios del radicalismo, mientras que, por otra parte, el justicialismo no termina de ponerse de acuerdo.
Tanto radicales como oficialistas se mostraron en desacuerdo con la presión del gobierno frente a la aprobación casi inmediata de la nueva ley laboral. El senador radical Mario Losada, por ejemplo, dijo que le parecía "poco respetuoso" el pedido realizado por Carlos Tomada, ministro de Trabajo, para que los legisladores no cambien "ni una coma" del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Por su parte, Roxana Latorre, senadora justicialista, señaló que en su bloque existen algunos miembros que se negaron a firmar el acuerdo rechazando puntos como el manejo de la Policía del Trabajo y la tipificación de las pymes.
El bloque oficialista se reunió nuevamente ayer con el fin de analizar el tema.
Esta nueva reforma laboral reemplazará a la que se aprobó durante el gobierno de Fernando de la Rúa, y que hoy está siendo investigada en la Justicia por el presunto pago de coimas.
Tras un arduo debate interno, el bloque de senadores del Partido Justicialista acordó el jueves pasado con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, realizar sólo dos cambios al proyecto de derogación y modificación de la ley.
El acuerdo se alcanzó tras finalizar la rueda de consultas a los distintos sectores que realizó la comisión de Trabajo y Previsión, que preside el político radical Carlos Prades, cuyo dictamen definitivo será firmado hoy.
En el oficialismo también confían en que una vez que el martes el proyecto reciba la aprobación del Senado, la Cámara de Diputados lo pueda tratar el día siguiente.
De ser así, la nueva ley quedaría sancionada antes del inicio de las sesiones ordinarias y su entrada en vigencia podría ser anunciada por el presidente Néstor Kirchner en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo, al empezar el período ordinario de sesiones.
El acuerdo se refiere a dos de los tres puntos más conflictivos cuya modificación había sido solicitada no sólo por el radicalismo sino también por senadores del oficialismo.
Uno de ellos está referido al artículo que habilita al Ministerio de Trabajo nacional a ejercer el poder de policía en las distintas provincias donde se detecten irregularidades que no hayan sido controladas por los gobiernos locales.
La norma había sido criticada por el Consejo Federal del Trabajo, que integran todos los ministros del área del país, que la calificaron como un "avallasamiento de las autonomías provinciales".
La petición fue respaldada por varios senadores que argumentaron que ello generaría una fuerte "litigiosidad", por lo que el oficialismo accedió a modificar la redacción del artículo para que quede claro que la jurisdicción será "compartida" y "complementaria".
El otro punto es aquel por el cual el Poder Ejecutivo se reserva la facultad de prorrogar los beneficios impositivos a las pymes, después del primer año de vigencia.
El jefe de la bancada del PJ, Miguel Angel Pichetto, le había sugerido a Tomada la posibilidad de que la decisión de prorrogar el beneficio quede en manos del Congreso, que de esta manera recuperaría una de las facultades que le delegara al Ejecutivo en la ley de emergencia.
Finalmente, Tomada accedió a incluir un agregado por el cual, si bien el Ejecutivo mantiene la facultad de prorrogar o no el beneficio, estará obligado a informar al Congreso el resultado de la gestión.
El artículo que no sufrirá modificaciones es el que define a las Pymes como aquellas empresas que tengan menos de 80 trabajadores, lo que fue cuestionado tanto por la dirigencia gremial como por senadores de distintos bloques, que argumentaron que para definir una pequeña empresa había que tomar como parámetro no sólo la cantidad de empleados sino también el nivel de facturación.
Como este último punto era uno de los más reclamados por el radicalismo, se prevé que el bloque de la UCR firmará en disidencia el dictamen mayoritario de comisión y en el recinto lo respaldaría en la votación en general, y votaría en contra en algunos artículos.
De todos modos, la UCR expresó el martes un apoyo explícito al proyecto de Reforma Laboral del Gobierno. El apoyo radical se decidió tras una reunión que mantuvo el presidente del Comité Nacional partidario, Angel Rozas, con los legisladores nacionales de ambas cámaras legislativas, en la sede de la UCR.
En el encuentro se determinó "la necesidad de apoyar la reforma laboral, aún cuando se mantienen diferencias sobre algunos aspectos, como los relacionados con la policía laboral, el período de prueba y la promoción y defensa de las Pymes".
El Senado llevó a cabo la semana pasada una ronda de consultas con diferentes sectores involucrados en la reforma, como la CGT, la Unión Industrial Argentina (UIA) y sectores piqueteros.
La UIA, a través de su presidente, Alberto Alvarez, reclamó a la cúpula legislativa del justicialismo que la nueva reforma laboral contemple mayores beneficios para las Pymes a fin de que puedan incorporar nuevos trabajadores.
Mientras tanto, los referentes del Bloque Piquetero Nacional reclamaron a los senadores que el proyecto de reforma laboral contemple todos los puntos tendientes a "recuperar los derechos de los trabajadores".
