Rosatti, luego de mantener una reunión con Pichetto y varios legisladores del oficialismo, expresó su respaldo a la iniciativa porque "garantiza la participación de la ciudadanía en los casos judiciales".

El proyecto, que ingresó a la Cámara Alta el 16 de junio pasado, se discutirá en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside la senadora justicialista Cristina Fernández de Kirchner; y de Justicia y Asuntos Penales que maneja el senador radical Jorge Agúndez.

"Estamos dispuestos a avanzar en una rápida sanción, por lo que el proyecto se tratará en Comisión en quince días" adelantó el jefe del bloque del PJ, al respaldar la propuesta.

Al término de la reunión que se realizó en el Salón Gris del Senado, el presidente del mayoritario bloque justicialista, Miguel Pichetto (Río Negro), adelantó que "en 15 días estará listo el dictamen de comisión" y que "luego será tratado en el recinto". De acuerdo a esta promesa, las comisiones de Asuntos Constitucionales, que preside la justicialista Cristina Fernández de Kirchner, de Santa Cruz; y la de Justicia y Asuntos Penales, cuyo titular es el radical Jorge Agúndez, de San Luis, estarían emitiendo el dictamen entre el martes 12 y el jueves 14 de octubre.

Este proyecto forma parte de la reforma judicial que fue anunciada por el Poder Ejecutivo Nacional, en el marco del Plan Integral de Seguridad dado a conocer el 19 de abril pasado y de los reclamos incluidos en el petitorio de Juan Carlos Blumberg.

Si bien la instrumentación del régimen de Juicio por Jurado estaba contemplado en la Constitución Nacional, nunca se pudo avanzar en la sanción de una ley reglamentaria debido a la controversia que siempre existió entre los legisladores sobre esta propuesta.

Rosatti argumentó ante senadores de diferentes bancadas sobre los beneficios del proyecto que habilita la participación ciudadana en los tribunales para juzgar determinados delitos.

El ministro explicó que el proyecto "es una forma de generar conciencia cívica" y que "se podría aprobar bajo el formato de ley de adhesión, debido a que en algunas provincias (Córdoba y Chubut) ya se está implementando".

"No hay óbice económico para la implementación de este procedimiento", señaló el ministro en respuesta a quienes cuestionan el cambio en el sistema por el costo presupuestario que demandaría.