La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto para la creación de un Régimen Integral de Protección de Menores, que apunta a evitar la institucionalización de los niños, en el marco de un profundo debate en el recinto de la Cámara baja.
El proyecto -impulsado por el justicialismo- fue fuertemente cuestionado por los legisladores del radicalismo, el ARI, la izquierda y el socialismo, quienes advirtieron que esa nueva norma no modifica la ley de Patronato que rige actualmente. La oposición había especulado con dejar sin quórum el recinto al momento de votar, pero el PJ pudo aprobar la iniciativa con el respaldo de diputados provinciales y algunos legisladores de los bloques "transversales".
El proyecto, respaldado la semana pasada por el ministro de Justicia Horacio Rosatti, incorporó modificaciones al texto original que había sido aprobado en comisión en base a proyectos de varios legisladores, entre ellos el de Hilda González de Duhalde.
Sin embargo, la iniciativa no hace referencia a la baja de edad de imputabilidad y refuerza la idea de la no separación de los niños de su familia por falta de recursos, a la vez que se fortalece el derecho a la expresión de los niños "en cualquier forma en que éste se manifieste".
La iniciativa establece la creación del Consejo Federal de Políticas de la Niñez, Adolescencia y Familia, integrado por los ministros del área y los responsables de la niñez de las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Al defender la iniciativa, la titular de la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, la justicialista bonaerense Silvia Martínez, aclaró que "no es verdad que vamos a seguir con la ley de Patronato", al recordar que la iniciativa deroga ese régimen actualmente vigente. De esta forma, hizo referencia a los cuestionamientos en ese sentido formulados por organizaciones sociales como el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) y la hermana Marta Pelloni. Su par Hilda "Chiche" González de Duhalde, coautora del proyecto, lamentó que "estemos ante un diálogo de sordos" y rechazó la posibilidad de consensuar con el Senado un proyecto conjunto, al recordar que esa cámara fracasó en su intento de debatir una iniciativa similar.
"Esto es lo posible. Hay que hacer efectiva la norma", aseveró la legisladora, y aclaró que "no es cierto que se crea otra estructura; no es cierto que se intenta judicializar la pobreza porque se le da a la familia un rol importante". La rionegrina radical Cinthya Hernández rechazó el dictamen de la mayoría y sostuvo que ese texto "no dice claramente en qué momento interviene la Justicia y en qué momento interviene el Estado" y pidió debatir un proyecto más consensuado.
