Además, los diputados aprobaron con modificaciones un proyecto para aumentar las penas en el caso de vaciamiento de empresas, con lo cual el Senado deberá definir si respalda los cambios introducidos por la Cámara baja o insiste con su sanción original.

Las dos iniciativas fueron votadas dentro de un conjunto de proyectos denominados "sin disidencia", con lo cual se aprueben sin debate debido al alto grado de consenso que tienen estas iniciativas entre los legisladores.

El proyecto que tipifica la desaparición de personas como delito responde a un compromiso internacional que la Argentina suscribió con la Organización de Estados Americanos (OEA) para otorgar jerarquía constitucional a este delito. La diputada justicialista Susana Romero, autora de este proyecto, dijo que "la desaparición forzada de personas ha sido una lamentable realidad del terrorismo de Estado y que en el país se sufre especialmente en la década del 70 e incluso hasta la restauración democrática y todavía aquellos que lo cometen quedan impunes".

El proyecto también establece que la pena será de 3 a 12 años de reclusión cuando en un término no superior a 15 días los autores o partícipes liberen a las víctimas en similares condiciones psíquica que ese encontraban en el momento de ser privada de su libertad.

Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto para aumentar las penas por vaciamiento de empresas, y en ese sentido dispuso que la pena será de 1 a 6 años de prisión para los gerentes, directores administrativos, síndicos o liquidadores que sean parte de este tipo de maniobras. Antes, la pena era de seis meses a dos años de prisión, por lo que los castigos aumentan significativamente. En el caso de emisión ilegal de acciones o de cuotas de capital, el máximo de la pena se elevará a 8 años.

Los diputados incorporaron también a los síndicos de las personas colectivas, por lo cual el proyecto deberá ser revisado por el Senado, que tendrá que establecer si mantiene o no esta reforma o insiste con su propuesta original.