El Gobierno anuló la norma sobre el control de las telecomunicaciones, después de la polémica que levantó el tema ante las advertencias lanzadas desde sectores políticos y sociales acerca del peligro que esa resolución representó para la privacidad de las personas.
Así lo informó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, en la que aclaró que "de ningún modo la ley supone el archivo de los contenidos de las comunicaciones", sino el "tráfico" de las mismas, como sucede con la telefonía.
El funcionario dijo que el decreto reglamentario firmado en noviembre pasado por Kirchner "hizo pie" en lo referido al "tráfico" de los datos, con extensión "a cualquier forma de telecomunicación, no sólo telefónica sino también al servicio de Internet o de e-mails". Según Fernández, "hubo un malentendido" que dio lugar a la polémica pública, una reacción que adjudicó a que "no se ha leído la norma en detalle".
El jefe de Gabinete dijo desconocer, además, el "objetivo de los cuestionamientos" e incluso sugirió: "no sé si habrán existido propósitos comerciales o electorales". También sostuvo que "puede haber alguna confusión que provocó los planteos" y consideró que "de ningún modo impulsaríamos una norma que se meta en la individualidad del ser humano, o aquellas zonas reservadas que al Estado no tienen por qué interesarle".
Dijo que "el espíritu que movilizó al legislador" -en referencia a José María Díaz Bancalari- a impulsar la ley "fue la experiencia que hay sobre cómo se desenvuelven los delincuentes", quienes para evitar ser interceptados por la Justicia "recurren al e-mail, el messenger o el chat".
Antes de iniciar la gira que lo mantendrá fuera del país hasta el viernes, Kirchner le solicitó al jefe de Gabinete que revise el exacto alcance de la ley 25.873 que reforma la norma de Telecomunicaciones 19.798 y el decreto reglamentario dictado por el Gobierno en noviembre de 2004. A partir de esa indicación, Fernández comentó que estuvo "estudiando" el tema y por la mañana se comunicó con el Presidente, con quien -según explicó- analizó "la interpretación de las normas, para que todos tengamos en claro" el tema y se "evite cualquier confusión".
Fernández anticipó que en el transcurso de esta semana "trabajaremos para derogar el decreto" y reveló que después "intercambiaremos ideas con quienes han sido críticos de la norma y ver de qué manera podremos reglamentar la reforma a la Ley de Telecomunicaciones".
Aclaró que "la reforma de la ley está inspirada en la concreción de ciertos delitos" y destacó que "lo único que se exige es almacenar el tráfico", pero no los contenidos, que según remarcó "solo podrían ser solicitados por orden judicial".
La anulación puede poner fin a la polémica desatada por la entrada en vigencia de una ley que forzaba a los proveedores de Internet a almacenar información de sus usuarios durante diez años, con la posibilidad de que esos datos sean revisados por el Estado en caso de mediar una orden judicial.
Las críticas al Gobierno dieron entonces paso a algunas declaraciones de conformidad por la anulación. El titular de la Cámara Argentina de Bases de Datos, Patricio Seoanne, calificó de "altamente positivo" que se suspenda el decreto, porque la implementación de "una línea punto a punto entre proveedores de internet y organismos del Estado, tiene un costo económico que dejaba afuera las pequeñas empresas".
Señaló que la ley implicaba "una inversión y soporte mensual que rondaría el 10 por ciento de la facturación, que para las empresas medianas y pequeñas es muchísimo".
Por el contrario, el diputado socialista Jorge Rivas dijo que Kirchner anuló la norma para evitar un mayor costo político. Rivas dijo que "es muy preocupante no sólo la desprolijidad sino la irresponsabilidad con la que el Presidente firma el decreto reglamentario de la ley y esta actitud post denuncia nuestra".
En los tribunales, el abogado Ricardo Monner Sans hizo un planteo para que se suspendan los efectos de la ley y el decreto de reglamentación. Por ese mismo decreto, otro abogado, Eduardo Barcesat, denunció el lunes ante el juez federal Daniel Rafecas al presidente Néstor Kirchner, al jefe de gabinete Alberto Fernández y a los ministros del Interior, Aníbal Fernández, y de Planificación, Julio De Vido, por presunta de violación de secretos y abuso de autoridad.
