La declaración de dos inspectores porteños que mencionaron una reunión con el suspendido jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra, y con su defensa para asesorarlos sobre el juicio político, se convirtió en el eje de la quinta jornada de debate en la Legislatura.
Los inspectores César Suárez Campesano y Virgina Brizuela señalaron ante la Sala Juzgadora que mantuvieron reuniones con Ibarra en los últimos días en las oficinas de Arenales al 1600, en las que se realizaron consultas sobre las presentaciones que debían dar como testigos ante el tribunal.
El sorpresivo relato de estos testigos fue obtenido después de que el diputado kirchnerista de la Sala Juzgadora Helio Rebot descubriera en manos de Suárez Campesano unos papeles con anotaciones sobre las respuestas que debía dar en el interrogatorio. Fue entonces cuando Rebot le preguntó al testigo si alguien se había reunido con él antes de su testimonio, y Suárez Campesano admitió que, junto a los inspectores José Marcó del Pont, Paula Luis Cogo, Virginia Brizuela y Marcela Velasco habían mantenido un encuentro con Ibarra bajo la orden de su superior, la coordinadora de inspecciones Paula Trusso.
"Tuve una reunión con la defensa para saber de qué se trataba esta convocatoria. Ibarra se presentó, nos preguntó nuestros nombres y hablamos sobres las dudas que teníamos respecto de esta presentación", señaló Suárez Campesano ante la sorpresa de un recinto colmado por los murmullos.
El funcionario reconoció que Ibarra le entregó material sobre la normativa de inspecciones y de prevención de incendios de la Ciudad de Buenos Aires.
La Sala Juzgadora dispuso entonces la urgente presencia de la inspectora Brizuela -quien ya había declarado el martes-, para que brindara detalles sobre el encuentro con Ibarra.
Al ser interrogada, Brizuela se mostró dubitativa, pero frente a la insistencia de la Sala Juzgadora terminó por reconocer que se entrevistó con el mandatario y su abogado defensor el viernes pasado en horas del mediodía.
Brizuela dijo que ella misma solicitó a su superior jerárquica Marcela Velazco "una reunión para consultar" sobre aspectos de su declaración, por ejemplo, si debía ir acompañado por un abogado o si podía presentar documentación y acerca de qué preguntas debían hacer.
La imprecisa identificación fue forzada por una pregunta de la legisladora macrista Silvia Majdalani, quien le pidió a Brizuela que "dirigiera la mirada a la defensa" y dijera si podía reconocer entre ellos al abogado presente en la reunión. Ese pedido motivó la intervención del codefensor Julio Golodny quien advirtió ante el presidente del tribunal, Julio Maier, que "se está afectando la investidura de la defensa" y rechazó que "se convalide un reconocimiento" del letrado.
La falta de precisiones, en tanto, llevó a Helio Rebot a pedir copias de la versión taquigráfica para presentar una denuncia penal contra Brizuela por presunta "reticencia a declarar" y hasta advirtió que podría haber incurrido en "falso testimonio".
La defensa de Ibarra, que coordina Julio César Strassera, salió a cruzar las suspicacias vertidas por los acusadores y afirmó que dar información a los testigos es un procedimiento "usual".
"La reunión con los inspectores no fue a pedido de Ibarra, sino de los propios testigos. La posibilidad de ser asesorados ante su presentación en un juicio es un procedimiento usual", dijo Strassera, para quien "eso no significa que se esté amañando testigos como quieren hacer parecer" y acusó a los fiscales en el proceso de "estar explotando una política vulgar, incluso con el pedido de falso testimonio que se utiliza en los juicios para intimidar a los testigos".
"Si algún testigo solicita hablar con nosotros, por supuesto que lo vamos a recibir, porque están temerosos, sobre todo cuando ven cómo se los acosa y agravia", completó el letrado.
Rebot le preguntó entonces a Suárez Campesano por qué figuraba esa advertencia y quién la había escrito. El testigo afirmó que eso lo había hecho su abogada Adriana Taranto y que además era sólo para que funcionara como un "ayuda memoria", aunque luego aclaró que le habían explicado sobre el desarrollo del juicio.
Antes de que se disparara la polémica sobre las reuniones, el inspector Suárez Campesano se había referido a la normativa aplicada y destacó que no podía disponer la clausura de un local como Cemento -la discoteca que regenteó Chabán en la calle Estados Unidos durante varios años- porque no tuviera en vigencia la tarjeta de los bomberos.
Además, reconoció que el dueño de Cemento, Omar Chabán, no pudo mostrar el plano contra incendio; tampoco el de habilitación termomecánica y que además las condiciones de higiene no eran buenas.
En este sentido, dijo que Chabán mostró una nota en la que decía que todo esto ya había sido presentado en la Dirección de Fiscalización y Control.
