La Cámara de Senadores se encamina a sancionar en la última semana de junio por una amplia mayoría el proyecto de ley que reglamenta el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), según el cual el Congreso de la Nación deberá ratificar o rechazar esos instrumentos utilizados por el Poder Ejecutivo Nacional.
Si bien el Frente para la Victoria tiene el número necesario con cuarenta legisladores para imponerse en la votación, en esta ocasión contará con el apoyo de los trece radicales que ya adelantaron su decisión de votar a favor del dictamen de la comisión de Asuntos Constitucionales.
El proyecto de reglamentación de los Decretos de Necesidad y Urgencia se debe aprobar con una mayoría calificada de 37 votos positivos, debido a que es una ley derivada de la Constitución Nacional.
Los Decretos de Necesidad y Urgencia son instrumentos que utiliza el Poder Ejecutivo Nacional "cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las Leyes", siempre y cuando no se trate de normas que regulen "materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos".
La norma, cuyo dictamen comenzó a firmarse el martes pasado, establece que los DNU se mantendrán en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial hasta que el Congreso lo rechace, lo cual los haría caer inmediatamente. En cambio, su ratificación o su no tratamiento los mantendría en vigencia.
El apoyo parlamentario de la norma firmada por el PEN le daría un respaldo importante cuando, por alguna circunstancia, alguno de esos documentos firmados por el Presidente de la Nación fuera cuestionado judicialmente.
El proyecto redactado por la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Cristina Fernández de Kirchner busca superar las diferencias entre los proyectos presentados por el titular de la bancada oficialista, Miguel Angel Pichetto, y por el presidente del bloque radical, Ernesto Sanz. El primero establecía que los DNU que no fuera tratado por el Congreso en un tiempo determinado quedaban habilitados. Sanz, en cambio, en una postura similar a la mantenida por Fernández de Kirchner en un proyecto suyo del año 2000, rechazaba la sanción ficta.
La norma que será tratada en la última semana de junio, también expresa que el DNU emitido por el PEN debe ser rechazado por ambas cámaras para que se caiga.
El artículo 99 inciso tercero de la Constitución Nacional establece que los DNU deben ser enviados para su ratificación al Parlamento, para lo cual se crea la mencionada Comisión Bicameral Permanente que los debe discutir para enviarlos a sesión.
Si eso no ocurre en los diez días siguientes de su publicación en el Boletín Oficial, la Comisión debe abocarse de oficio y tiene un plazo similar para discutirlos.
El proyecto de ley impulsado por el oficialismo establece que, en el caso de que nada de eso ocurra, entonces el Congreso, a través del pleno de ambas cámaras, debe tratar el DNU dictado por el PEN aunque, en este caso, no existen plazos por lo que los decretos permanecen en vigencia.
