En el mes de la Bandera se desató la polémica por un proyecto que propone que en todas las películas argentinas financiadas por el Estado se debe poner la insignia patria. La iniciativa divide aguas entre dos sectores que hablan lenguajes diferentes.
Por Pablo Winokur
Todos hemos visto que en las películas norteamericanas suelen aparecer banderas patrias -de esa patria, obviamente- en situaciones más disímiles: desde un soldado llevando la insignia hasta el hombre araña parado en la cima de un edificio en que flamea una el símbolo de las 50 estrellas. ¿Por qué esas manifestaciones? Simplemente porque existe una legislación en el país del Norte donde se asignan fondos estatales a toda película que muestre la bandera estadounidense.
Tal vez inspirada en este mecanismo, la senadora del Frente para la Victoria Silvia Giusti presentó un proyecto de ley que agrega un inciso a la ley 17.741 de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional. Esa legislación crea el Instituto Nacional de Cinematografía y Audiovisuales Argentino (INCAA) y a la vez especifica cuáles serán los mecanismos por los cuales se financiarán películas.
El artículo 8 dice cuáles serán los filmes que pueden ser financiados: aquellos que son hablados en castellano; son realizadas por equipos artísticos y técnicos integrados por personas de nacionalidad argentina o extranjeros domiciliados en el país; haberse rodado y procesado en el país; paso de 35 milímetros o mayores y no contener publicidad comercial.
La idea del proyecto de Giusti es agregar un inciso F, que condicione dicho financiamiento a “la aparición de la Bandera Nacional Argentina como mínimo en plano general por ocho segundos, cuya aparición podrá ser fraccionada en distintas secuencias a lo largo de la película”. No obstante -vale aclarar- la obligatoriedad de la norma es relativa: la no aparición de la enseña “podrá ser autorizada en aquellos casos en que dicha condición modifique ostensiblemente el argumento”, dice la iniciativa.
La propuesta fue girada en un comienzo a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, la cual emitió dictamen de aprobación del proyecto por unanimidad. Sin embargo, cuando se informó que el tema sería tratado en el recinto, comenzaron a escucharse críticas por parte de productores y críticos de cine; especialmente de aquellos que se autodenominan independientes.
Lo cierto es que los reclamos fueron oídos por algunos legisladores con lo cual -al momento de ser tratado- se pidió que el proyecto vuelva a comisión y que se lo gire a la de Educación y Cultura. Probablemente ese giro a dos comisiones signifique la muerte definitiva del proyecto de Giusti.
Las críticas
Los primeros en expresar sus críticas fueron los periodistas de la revista especializada El Amante, la cual fue realmente dura. “Ni la dictadura, más propensa a prohibir y asesinar, se atrevió a dar semejante paso, digno de Mussolini, Hitler y Stalin”.
Luego llegó el turno del PCI (Proyecto de Cine Independiente) que en un comunicado expresó: “Creemos que la imagen de una bandera en el contexto de una creación artística no es viable ni conveniente como nada lo es cuando alguien (más aún un Estado a través de una ley) obliga al creador a alterar su obra”. Y luego expresaron: “Podemos mencionar, si de nacionalidades se trata, a muchas otras cinematografías que aun careciendo de estas imágenes serán recordadas por su origen: el neorrealismo italiano, el vanguardismo francés, el expresionismo alemán, el nuevo cine coreano, el cinema novo brasileño, por nombrar algunas de las más célebres”.
A esto se sumaron las expresiones de distintos cineastas como Fabián Bielinsky, Marcelo Piñeyro o Adolfo Aristarain, quienes incluso amenazaron con sabotear la medida.
A todo esto, Julián Copecek, delegado del INCAA, emitió también un comunicado en el que advierte que “nosotros no querríamos nunca que se atente contra la libertad de expresión”. Así, el Instituto salió a poner paños fríos a la situación, que venía muy complicada, y dijo que desde el propio organismo se pondría algo parecido al comienzo o al final de las películas, pero sin que la bandera aparezca dentro del argumento. La idea es que sin modificar la ley, se inserten mecanismos por los cuales el espectador pueda distinguir las producciones realizadas en el país.
Con este criterio, y para buscar un consenso entre la posición de Giusti y de los cineastas, la senadora María Cristina Perceval levantó la mano en la última sesión y pidió el pase del proyecto a la Comisión de Educación y Cultura, lo cual fue acompañado por la presidenta de la misma, Amanda Isidori. Más allá del contenido dilatorio de dicho pedido, vale aclarar que un proyecto de estas características es mucho más acorde a la Comisión de Educación que a la de Comunicaciones, que se especializa en general en temas técnicos, mediáticos y relacionados con la libertad de expresión.
Lo cierto es que ahora la iniciativa dormirá el sueño de los justos, porque pocos legisladores quieren pagar el precio político de pelearse con los sectores intelectuales vinculados a la cinematografía.
Comerciales vs. Culturales
La pregunta obligada es por qué una ley que se aplica con absoluta normalidad en los Estados Unidos generó tanto revuelo en la Argentina. ¿Será que somos más antipatria?
La primera respuesta es que en los Estados Unidos éste es sólo un carril de financiamiento, es decir, un simple incentivo.
La segunda, es que esto se da en un país en donde el cine es fundamentalmente comercial -las expresiones netamente artísticas son reducidas o no llegan a la Argentina- con lo cual tienen un alto financiamiento privado y otras preocupaciones que el cine nacional -por suerte o desgracia- no tiene. Respecto del cine norteamericano, tal vez existan otros carriles de financiamiento para producciones artísticas o tal vez no: pero eso en todo caso es una decisión política de ese país.
En la Argentina, la mayor parte del financiamiento a las producciones nacionales es realizada por el Estado. Es decir, que no se trata de un incentivo, sino de la única posibilidad de filmar.
Por otra parte, al no estar tan divido el cine comercial del artístico aparecen otras incongruencias: para una obra artística la inclusión de una insignia que no se condice con el argumento puede ser un golpe importante.
Hasta aquí, las cuestiones que el proyecto Giusti no contemplan. Sin embargo, también vale aclarar que el “mundo del cine” mantuvo cierta reacción corporativa frente a los posibles avances de la legislación.
“Nos preocupa -como representantes del sector independiente dentro de la comunidad cinematográfica argentina- el hecho de no haber sido consultados ante una medida de semejante calibre”, dijeron desde el PCI, quienes no fueron parte de la iniciativa.
“Como es un proyecto que no viene del sector cultural, a ellos les molesta. Las objeciones al proyecto son las reacciones corporativas de un sector. En la comisión se expresaron todos a favor. También sería bueno tener las opiniones de la ciudadanía que consume cine”, contestó Giusti.
“Podemos mencionar, si de nacionalidades se trata, a muchas otras cinematografías que aun careciendo de estas imágenes serán recordadas por su origen”, dijeron desde el PCI. Claro que la mayor parte de “la ciudadanía” -a decir de Giusti- no conoce esas especificidades del cine de cada país.
Así se produjo un divorcio entre un Congreso que no se sentó a estudiar las especificidades de nuestro cine -en que el financiamiento privado es muy reducido- y un sector cultural que tal vez no termina de entender que no todo cine es cultural, al menos a los ojos del espectador que muchas veces sólo busca entretenimiento.
Como siempre, será el rol del Congreso acercar posturas y encontrar consensos de modo que las producciones argentinas sean identificadas por su insignia, sin que esto genere un perjuicio en las producciones artísticas. Mientras tanto, probablemente, el proyecto Giusti deba dormir una larga siesta.
