Por Pablo Winokur

En los comienzos de la historia, la política pública era diseñada por la burocracia: un cuerpo organizativo que sólo sabía de leyes, reglas y normas, pero que poco sabía de lo considerado importante. Así, para mejorar la educación había que llenar el formulario 414 o el 931, y poco se podía hacer contra esto. Se pensaba que era una manera de contrarrestar la discrecionalidad del poder político.

Pero ese tiempo pasó y la burocracia fue objeto de toda crítica y burla. Así, la política pública pasó a ser diseñada por tecnócratas: un cuerpo organizativo que sólo sabía de números, de eficiencia, de mercados y de cómo cerrar el balance. Pero poco sabía de lo que también era importante. Así, para mejorar la educación había que transferirla a las provincias, las que tendrían más velocidad de respuesta para solucionar las problemáticas que el Estado Nacional, gigante por definición, no podía alcanzar. Eso sí: no había recursos para que las provincias paguen esa educación. La definición sería un arréglense cómo puedan.

Ahora se asiste a un nuevo paradigma. Muchos especialistas en Administración Pública aseguran que para que ésta sea eficaz debe ser participativa y debe tratar de generar los mayores consensos posibles. Por ello -dicen quienes sostienen esta teoría- se debe convocar a todos los actores involucrados e intentar que se sientan parte del proyecto que se va a llevar a cabo. Esto minimiza la posibilidad de error a futuro y permite que las políticas sean más estables.

Desde la Ley Federal de Educación hasta hoy se ha avanzado muchísimo. Aquélla obtuvo la reprobación, en particular del sector gremial y de un sector del arco opositor, y de buena parte de las provincias que tuvieron que hacerse cargo de un “muerto” que no querían recibir. Sin embargo, pese a la negativa, la ley se terminó aprobando.

Hoy, ante el anuncio del Gobierno que se debatiría una nueva ley de educación, los especialistas se mostraron más que optimistas. Pero, aunque muchos se muestran muy satisfechos, ya se empiezan a escuchar las primeras críticas por la forma en que se está encarando el tema.

Con los aportes de todos

“Es un momento histórico para la educación argentina. Nunca antes se había implementado un sistema tan participativo y amplio. La ciudadanía tiene la responsabilidad de decidir sobre el tipo de educación que quiere para su futuro. Felicito la iniciativa y, por demás obvio, estoy en contacto con los responsables del área tanto nacionales como provinciales para trabajar y generar una ley que nos enorgullezca”. La frase fue elaborada por la senadora Silvia Giusti, del FpV, quien siempre se anota primero a la hora de defender las estrategias que provienen del Ejecutivo.

Aprontándose a poder participar del debate que se viene, el bloque oficialista organizó unas jornadas con los mayores especialistas del país en temas educativos y en los que también participó el ministro de Educación, Daniel Filmus. Al concluir dicho Foro, la senadora Giusti explicó: “Pretendimos prepararnos, como legisladores y ciudadanos, para dar forma a una nueva Ley Federal de Educación de forma responsable y coherente”.

Mientras el Congreso continúa con el debate el Gobierno está impulsando la discusión en distintos ámbitos de la sociedad.

En las últimas semanas se distribuyeron 2 millones de encuestas sobre la nueva ley, a través de todos los diarios, menos Perfil -cabe destacar que este diario dominical denunció al Gobierno nacional por discriminarlos a la hora de los avisos oficiales-. Los lectores pueden completarlas y enviarlas en forma gratuita a través del Correo Argentino. Al respecto, el ministro de Educación, Daniel Filmus, explicó que “el debate acerca de la educación que el país necesita no puede restringirse sólo a la participación de los actores del sistema educativo, sino que debe abarcar a toda la comunidad”.

Respecto del sistema educativo, también se hicieron consultas. Desde que el Presidente anunció la nueva ley -en marzo pasado, durante la Asamblea Legislativa- ya se hicieron reuniones con múltiples asociaciones, se lanzó un foro virtual para debatir el tema y el pasado miércoles 5 se suspendieron las clases en todo el país para que los docentes pudieran debatir, puertas adentro, los puntos centrales de la nueva ley.

“Aunque Argentina no tiene un ejercicio de debate de las leyes, previo a su tratamiento legislativo, queremos lograr la mayor participación y consenso antes de que el proyecto de ley llegue al Congreso Nacional”, explicó el ministro, en una conferencia de prensa en que anunciaba el tema.

“Debate previo a que el proyecto de ley llegue al Congreso…”. Aquí radica la polémica del asunto.

Tan plurales no somos

Sin embargo, parece que la pluralidad tiene sus límites impuestos. De hecho, algunos legisladores comenzaron a quejarse, desde el principio, por lo forma en que fue hecha la convocatoria. A criterio de éstos, es el Congreso el que debería haber llamado junto al Poder Ejecutivo a que la gente participe. Es por demás elocuente que esta convocatoria se debería realizar por ley.

Al respecto, en la Cámara de Diputados había cuatro proyectos. Dos promovían una consulta educativa similar a la que encara el Gobierno -uno del arista Eduardo Macaluse y otro de Eva García Moreno (FpV-Chubut)- mientras que los otros dos -de autoría de Eusebia Jerez (FR-Tucumán) y Laura Sesma (PS-Córdoba)- promovían la convocatoria a un Congreso Pedagógico, similar al que se llevó a cabo durante el gobierno de Raúl Alfonsín.

Sin embargo, el día que por fin se decidió tratar el tema -estos proyectos ya fueron presentados y representados en varias oportunidades desde hace muchos años, en algunos casos- la presidenta de la Comisión de Educación, la entrerriana Blanca Osuna, accedió a que su proyecto sea aprobado como una resolución, de modo de no superponer esa consulta con la del Gobierno. Esto encendió las críticas y quejas de su par Eduardo Macaluse: “Si vamos a dedicarnos a firmar beneplácitos por lo que hace el Gobierno no me tomo el trabajo de venir a la comisión, me quedo en mi oficina firmando”.

Cuentan quienes asistieron que la reunión de comisión terminó poco menos que en un escándalo. Cuando todo el arco opositor estaba de acuerdo en dar dictamen a un proyecto de ley, Osuna propuso pasar a un cuarto intermedio. Por último, de mala gana para el oficialismo, se emitieron los dictámenes. Pero el ambiente ya estaba caldeado.

Pocos días después, el ministro Filmus comenzó a recorrer las provincias, como forma de lanzar las respectivas consultas en las distintas jurisdicciones. Una de las primeras en suerte fue la de Entre Ríos. Sin embargo, su visita también concitó críticas en la oposición. “No se sabe a qué vino Filmus”, se quejó el diputado provincial radical Fabián Rogel. “La visita de Filmus para dar inicio al debate sobre una nueva Ley de Educación -al menos en Entre Ríos ha comenzado mal- y las posibilidades de corregir los males que trajo aparejada la Ley Federal de Educación estarán dadas a partir de un fuerte debate de base, donde los actores esenciales -como son alumnos y docentes- exterioricen experiencias, y no sobre la base de debates armados que se emparentan más con actos políticos que con debates pedagógicos sobre el futuro de la educación argentina”, se quejó.

“El peronismo parece no haber aprendido nada sobre la nefasta aprobación y aplicación de la Ley Federal de Educación. La destrucción de la Educación Pública en Argentina tuvo en esta ley que impuso el justicialismo en los ´90, su mayor responsabilidad”, señalaron algunos legisladores de ese partido.

Voces cruzadas

Al respecto, Parlamentario consultó a la diputada radical Olinda Montenegro, quien es reconocida por propios y extraños como una de las legisladoras que más conoce la problemática educativa del país. Al respecto opinó: “Aquí la convocatoria no se ha hecho bien, porque es necesario que uno mismo se introduzca a ver qué es lo que sucede en las escuelas. Acá se piensa que por hacer una encuesta en los diarios ya se puede generar consenso. ¿Pero quiénes compran los diarios? ¿Por qué no les preguntan a la gente de menos recursos por qué no pueden mandar a sus hijos a la escuela? Entonces, estamos frente a la paradoja que quienes están pensando la reforma -que son los mismos que pensaron la Ley Federal- nunca estuvieron en un aula y nunca enseñaron a un chico, y encima no están haciendo las consultas pertinentes”.

Con esto coincidió la diputada Martha Maffei, quien cuestionó con dureza la forma indirecta en que se harán las encuestas: serán las provincias las que dirigirán las consultas y luego éstas las enviarán en forma de carta al Ministerio de Educación. Esto, opinó, puede dar lugar a todo tipo de interpretaciones políticas. Por su parte, el ARI está terminando algunos ajustes para encarar su propia propuesta educativa, la cual se prometió que sería presentada por estos días.

“Que quede claro -agregó Olinda Montenegro- yo misma le he dicho a Filmus que coincidía con los ejes que él planteó para la reforma. El tema es cómo llenamos de contenido esos ejes cuyos títulos nadie puede estar en contra”. En ese sentido, muchos se quejaron por las preguntas retóricas que aparecieron en los diarios, donde se cuestiona sobre si la educación debe ser obligatoria o si debemos universalizar la educación inicial y promover la capacitación docente… preguntas que sólo tienen como respuesta un “Sí”.

Sin embargo, la senadora Graciela Bar defendió el cuestionario del oficialismo. “Pueden ser obvias -apuntó-, pero su forma de implementación no es obvia. Hay una responsabilidad en contestar sí o no a esa pregunta. Puedo expresar mi deseo político de que así sea, pero si no están dadas las condiciones materiales, no creo sea tan obvio”.

La pregunta que queda picando es si en realidad estas ruedas de consultas son para consensuar o sólo son para darle una dosis de legitimidad a una ley que ya está armada. En caso de que eso sea así, ¿qué sentido tendría que los legisladores intenten proponer modificaciones a una ley que ya vendría dada y con los “consensos” necesarios? “En lo personal estoy trabajando con un equipo de especialistas en una propuesta de ley que tal vez no se vaya a aprobar, pero me parece valioso que quede como aporte”, opinó Bar. “Nosotros como bloque debemos tener iniciativas -agregó-. La oposición estuvo en la casa de gobierno cuando el Presidente firmó el decreto para que se inicie el debate y giró el documento base para su discusión. Nadie prohíbe a los presidentes de la Comisión de Educación -en el Senado, presidida por la oposición- el haber generado un espacio de consulta y de reflexión, invitando especialistas. Pero esto no se hace. Entonces hay muchos que critican porque no los convocan, pero tampoco generan”.

Olinda Montenegro, en cambio planteó una visión distinta y asegura que ya está elaborando una propuesta alternativa: “Todos nos dicen que la ley del Ejecutivo ya está lista -aunque estén planteando los ejes- pero que en realidad la ley no va a incluir ni las escuelas técnicas ni el financiamiento, con lo que en la esencia va a seguir siendo una ley Federal de Educación”. Agregó que “igualmente estoy trabajando en esto y recorriendo toda la República Argentina para conocer mejor las problemáticas de cada una de las provincias. Todo lo que estamos produciendo se lo estamos haciendo saber al ministro Filmus”, opinó.

La función principal del Congreso en tanto a institución no es legislar -como se pensaba en los tiempos burocráticos- sino generar los consensos suficientes para promover políticas de Estado. “Un órgano legislativo tiene, por su propia sustancia, una sensibilidad hasta cierto punto más autónoma que los otros órganos del gobierno respecto de las mutaciones que en el tiempo va sufriendo el clima político”, explica el politólogo Hipólito Orlandi en su trabajo sobre los Congresos. Al respecto, él y otros especialistas aseguran que el Poder Legislativo ya no tiene como función central el legislar -como pensaban los creadores de la Constitución- sino la de cogobernar, estableciendo los consensos que sólo la representación plural que un órgano colegiado puede otorgar.

Al respecto, señala un legislador oficialista, en estricto off the récord: “Realmente creo necesario delegar facultades administrativas al Ejecutivo (en referencia al debate sobre la facultad de que el Jefe de Gabinete reasigne partidas presupuestarias). Porque en esas cosas el Congreso se mueve en forma lenta e imprecisa. Sin embargo, lo que no podemos delegar son estos grandes debates. En esto no estoy de acuerdo en cómo está trabajando nuestro gobierno, más allá de acordar con los principios que se postulan en esta nueva ley de educación”.

Por eso, es importante que el Congreso no desligue sus responsabilidades. Tengan o no el beneplácito del Ejecutivo. Claro que no es fácil lograr que el Poder Legislativo se interese por algunos temas de largo plazo. Sin embargo, es necesario que estos debates se realicen también con criterios políticos. Hoy Kirchner es presidente, pero no se sabe quién estará en el Gobierno mañana. Por lo tanto, es necesario que, le toque a quien le toque, pueda mantener los lineamientos de la reforma que hoy se está encarando. Pero para eso, todos los sectores políticos se deben poner de acuerdo y ser parte de esta reforma. Sólo así se hacen políticas de Estado, algo que este país pocas veces ha sabido tener.