Alivio. Esa es la sensación de la mayoría de los legisladores consultados sobre cuál sería la reacción del Congreso con un par de iniciativas que demanda el ingeniero Juan Carlos Blumberg en su marcha realizada el mes pasado.

Lo del alivio no es casual, sino que responde a que -en esta oportunidad- en ambas cámaras no van aceptar que Blumberg “nos venga a marcar el paso”, como dijo un conspicuo senador, que por esas paradojas de la historia, tras la primera marcha, fogoneó el andar de todas las iniciativas.

Pero cambia, todo cambia. El primer síntoma de que las propuestas legales para combatir el delito no tendrían campo propicio fue cuando el vicepresidente Daniel Scioli, sugestivamente ausente del Senado, obligó a Blumberg a dejar en Mesa de Entrada de la Cámara alta el petitorio. Es decir, como cualquier ciudadano.

Los presidentes de las comisiones de Legislación General, Ana María Monayar; de Justicia, Luis Cicogna, y de Legislación Penal, Rosario Romero, más los de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales, Vilma Ibarra, y de Legislación General, Nicolás Fernández, entre otros, han sido más que explícitos a la hora de las consultas periodísticas, y las de sus pares, sobre el destino de las leyes.

No sólo ellos, sino también las principales autoridades de los bloques del Frente para la Victoria y de la UCR, se han pronunciado ante Parlamentario en el sentido de no actuar bajo presión. “Primero hay que cumplir las leyes vigentes, sancionadas a su pedido, pero además estar convencidos de que la solución a la delincuencia social es la suma de varios factores, y uno de ellos es el legal”, expresó Fernando Chironi, presidente de la bancada de diputados de la UCR.

Un pensamiento que es asumido por la mayoría de los legisladores de los principales bloques, quienes admiten en la intimidad, que “tienen mayor libertad de conciencia para tomar una posición”.

Agustín Rossi y José María Díaz Bancalari, presidentes de los bloques del FpV y del PN, también se oponen a un inmediato tratamiento de las llamadas “leyes Blumberg”.

Es que, además de los legisladores, funcionarios y especialistas, admiten que la apresurada sanción de aquellas leyes generó una incidencia negativa en el vapuleado Código Penal, sin olvidarse los fallos judiciales que le negaron validez constitucional.

Más no

Con ese marco, más la decisión política, todas las fuentes consultadas dijeron que no hay ambiente propicio para su inmediato tratamiento. Lo que ya siente el efecto de esta decisión, condimentada con cuestiones ideológicas y electorales, es el proyecto de creación de un Registro Nacional de Huellas Genéticas Digitales, a consideración de la Comisión de Legislación Penal: está en estado de observación, por no decir cajoneada, por ahora.

En cuanto a las medidas pedidas en la marcha del 31 de agosto último, como implementar una base de datos de perfiles de ADN de delincuentes y violadores, la adopción de un sistema de documentación similar con medidas de seguridad que tienen los pasaportes e implementar la informatización de los 860 juzgados federales del país o la implementación de un sistema de control de la libertad condicional y pergeñar una política de tratamiento penitenciario, van camino a ser meras intenciones.

Quien es tajante a la hora de rechazar las mismas es la senadora Vilma Ibarra, quien retomó una tesis del ex diputado nacional socialista Jorge Rivas, al afirmar de que se busca “inflacionar el Código Penal en materia represiva y sin resultados valiosos para la ciudadanía”. Por su lado, Cicogna coincide en afirmar que la propuesta no tiene nada que ver con el derecho penal avanzado.

Por si faltaba algo para acentuar esta negativa, quedó a manos del procurador Penitenciario, Francisco Mugnolo, al brindar su informe ante la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo. Afirmó que se debe replantear la política criminal, buscar una solución integral al problema de la sobrepoblación en las cárceles y criticó el agravamiento de penas dispuesto hace dos años.