La senadora provincial Mónica Litza, principal impulsora de la modificación del Código de Procedimientos bonaerense, justificó la ampliación de la "probation" y aclaró que "de ninguna manera" el robo con uso de armas quedará abarcado por ese beneficio. "Quiero dejar claro que esta medida no abarca delitos que deban cumplirse efectivamente en la cárcel, hablando solamente sobre el tiempo de duración de los procesos", aseguró Litza.
Es así que, entre los ejemplos de casos, la senadora mencionó que "el robo con uso de armas, tiene una pena máxima de 15 años de prisión y por ese motivo de ninguna manera lo alcanza el beneficio".
La legisladora justicialista indicó que su proyecto, que fue aprobado por el Senado y pasó a la Cámara de Diputados bonaerense, busca alivianar el trabajo de los fiscales provinciales para que puedan investigar delitos más graves.
El artículo 1° establece que "el imputado de un delito de acción pública cuyo juzgamiento corresponda a los jueces correccionales podrá solicitar la suspensión del proceso a prueba", sustituyendo la pena de prisión por la realización de tareas comunitarias.
El texto subrayó que "no procederá la suspensión en el caso de delitos en que hubiese participado un funcionario público en el ejercicio de sus funciones".
En ese sentido, sostuvo que "será necesario el consentimiento del fiscal, quien podrá denegarlo teniendo en cuenta las circunstancias del caso, la repercusión social del hecho y otros elementos de convicción".
