“Analizaron el texto los asesores y esperamos tener un texto ya consensuado para la próxima reunión de comisión, ya que así podríamos tener el dictamen y luego, si hay consenso para presentarlo sobre tablas, lo aprobamos en la próxima sesión. Además, ya hay un compromiso en Diputados para trabajar sobre este tema”, reconoció Escudero en el programa Parlamentario TV, que se emite por el Canal Metro.

La senadora fue una de las integrantes de la comisión que se opuso al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, objetando que los deudores pre-convertibilidad y aquellos cuyo acreedores son entidades financieras no estaban comprendidos en la iniciativa y “es como soltarles la mano”.

“Solicité una norma que diga expresamente que, en relación a los deudores hipotecarios pre-convertibilidad, sigue vigente la suspensión de ejecuciones hasta que el Congreso apruebe un tratamiento especial porque, en este caso, hay que abordar un recálculo de deuda y hay un solo acreedor que es el Banco Hipotecario Nacional, donde el Estado tiene un porcentaje importante de estas acciones”, comentó Escudero.

La senadora explicó que la solución que plantea el proyecto es que el juez tiene que llamar una audiencia de conciliación donde las partes discuten la liquidación, cual es el saldo adeudado. Si las partes no se ponen de acuerdo en esa conciliación, el juez debe determinar cual es el saldo adeudado procediendo a un recalculo de la deuda, para lo cual el proyecto fija pautas claras como “no a la capitalización de intereses, no a los intereses usurarios usuarios, no al enriquecimiento ilícito”, entre otras.

Una vez determinado el monto, hay 45 días para que el Fondo Fiduciario se haga cargo; es decir, asuma la deuda hasta el monto que fijó la norma del fondo que es un peso, un dólar más el ajuste del Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Además el proyecto le dice al juez que en caso de duda, la postura a tomar es a favor de la preservación de la vivienda única y familiar.

Otra de las objeciones de la legisladora fue que también quedan afuera aquellos deudores cuyo acreedor es una entidad financiera. En el caso de “los que no entraron al fondo y el monto del crédito no supera los cien mil pesos, la fecha de mora es la que estipula la ley y la vivienda es única y familiar, esos deudores tendrían el derecho a que se recalcule su deuda, pero después no habría un fondo que se haga cargo de la deuda y ellos deberían afrontar la deuda y habría un quebrantamiento de la igualdad”, aseveró la senadora salteña. Y agregó “porque cuando aprobamos la ley de fondos fiduciarios establecimos una presunción sin admitir probar lo contrario, ya que presumimos que quienes incurrieron en mora en ese período, lo hicieron por consecuencia directa de los cambios macroeconómicos que sucedieron en el país. Entonces, si los deudores incurrieron en mora por culpa de los cambios macroeconómicos, ¿por qué le soltamos la mano a los deudores cuyos acreedores son bancos y los protegemos hasta el final a aquellos deudores cuyo acreedor es un privado?”.

Escudero afirmó que se está buscando una solución que no sea declarada inconstitucional. “Se trata de una ley interpretativa bastante bien fundada que ha recogido muchos de los cuestionamientos que provoca. De todos modos es lo que podemos hacer en el ámbito ‘arlamentario, el resto le confiere a la Corte Suprema”, dijo.