En su informe de tres horas y media, Fernández mencionó la "plena vigencia de las instituciones judiciales y parlamentarias", y remarcó que "no hubo en la Argentina mayor atentado a la calidad institucional que las leyes de impunidad", en referencia a la sanción de las normas de Obediencia Debida y Punto final que el gobierno de Kirchner derogó.

Además, Fernández indicó que "cuando una cosa no gusta, se la declara inconstitucional", y mencionó entre ellas la sanción del Consejo de la Magistratura y la Ley de Administración Financiera sosteniendo que no encontró "a un sólo juez que les haya dado la razón a esos planteos".

"Sobre esas lógicas se construye la supuesta mala calidad de la Argentina", remarcó Fernández.

Rechazó además que el Gobierno haya volcado fondos en Misiones con la intención política de respaldar las aspiraciones reeleccionistas del gobernador Carlos Rovira, al asegurar "todos los aportes que se hizo tenían con ver con un plan predeterminado".

Como ejemplo, mencionó que en materia de planes alimentarios este año se destinaron 15 millones de pesos a la provincia de Chaco -gobernada por el radicalismo- y 14 millones en Misiones.

Fernández también se refirió a la situación por la desaparición del testigo Jorge Julio López, clave para condenar al genocida Miguel Etchecolatz por graves violaciones a los derechos humanos.

"Estamos extremando todo lo que esté a nuestro alcance para saber qué pasó. También ese es un compromiso público del presidente", señaló el funcionario, para luego agregar que "la Argentina, para vivir en paz, debe saber quién delinquió y aplicar las sanciones correspondientes".

"No existe ninguna posibilidad de vivir en paz en la Argentina mientras no haya una resolución judicial de este caso", puntualizó Fernández, quien advirtió que "no hay dudas de que los genocidas están agazapados".

El funcionario también fue requerido para que dé su explicación sobre los incidentes ocurridos durante el traslado de los restos del general Juan Domingo Perón al mausoleo de la quinta en San Vicente, donde se enfrentaron violentamente grupos de sindicalistas.

"Fue un hecho oprobioso en el que interviene la justicia. Políticamente, todos sabemos quiénes son los responsables de lo que pasó, y sabemos también quién era el destinatario último de lo que ocurrió", señaló.

Cuando desde el radicalismo se lo cuestionó sobre los subsidios que se le otorgan al Sindicato de Camioneros, Fernández aclaró que esos montos de dinero "no los otorga el Poder Ejecutivo graciosamente, sino que están fijados por ley".

El funcionario aseguró que en la Argentina se está viviendo "un momento espléndido".

Fernández había iniciado su informe resaltando que la economía argentina "hace 47 meses que se crece sin interrupción", y que pese a los augurios de hace un año de que se había llegado a una meseta, se crecerá este año un ocho por ciento".

Además, Fernández subrayó que "el sector industrial crecerá este año el 7 por ciento, y el sector agropecuario tendrá la segunda mayor cosecha de la historia".

Puso como ejemplo el índice de costo de vida, que "en los primeros diez meses fue del 8 por ciento, y terminará el año con una inflación que será la mitad de lo que se auguraba, que era del 20 por ciento".

Agregó que "otro dato alentador es que la canasta básica alimentaria se mantuvo bajo control, en especial por el control del precio de la carne que tenía valores especulativos, relacionados con las ventas al exterior".

Asimismo, Fernández remarcó que "las reservas crecieron de 8 mil millones de dólares a los actuales 29 mil millones, aún después de haberle pagado al FMI".

Con respecto a la situación energética del país, el jefe de Gabinete fustigó a quienes "se encargan de pronosticar sobre una inminente crisis energética".

"Han pasado picos de consumo y el sistema soportó. Con la ambición que tenemos, que no es desmedida, hemos garantizado inversión de 400 millones de pesos en Atucha", mencionó Fernánez. Asimismo, el funcionario recordó el acuerdo al que se llegó con Bolivia para "garantizarnos un valor de gas que es semejante al que Bolivia le cobra a países vecinos y que es de 5 dólares por millón de BTU constante hasta diciembre de este año", y agregó que el valor se actualizará mediante "una comisión que lleve adelante un mecanismo de corrección".

"Hoy se importan 7 millones de metros cúbicos diarios. Esperamos pasar a 20 millones y que, en algunos años más, lleguemos a la cifra de que 27 millones de metros cúbicos ingresen a la Argentina desde Bolivia", sentenció.

Por otra parte, respondió a quienes dicen que la mejora de la economía no se vuelca a muchos sectores de la población.

El jefe de Gabinete señaló al respecto que "las jubilaciones pasaron de 150 pesos a 450 actuales" durante el actual Gobierno, y que "todos los meses se generan más empleos en blanco", en tanto la desocupación está en menos del 11 por ciento", luego de haber superado los 20 puntos.

Además, hizo notar que "en 2003 los asalariados participaban en el 34 por ciento del ingreso del país y en 2005 llegaban al 39 por ciento, lo que significa una redistribución del ingreso", pues a su vez "el sector más rico bajó su participación del 52 por ciento al 47 por ciento".

También indicó que "la pobreza descendió del 60 al 30 por ciento", aunque de todos modos consideró que igual se trata de una cifra elevada, y representa "una tarea pendiente".

Fernández también defendió la transparencia de los Fondos Fiduciarios, cuestionados por la oposición, y remarcó que "parece que por extra presupuestarios están sometidos a la cruel discrecionalidad del funcionario que los administra".

"No es tal cosa, hay muchísima información, sólo hay que ir a recabarla. Y están los mismos controles que sobre cualquier cuenta pública", sentenció Fernández.

Fernández también refirió que se sentía "orgulloso" de pertenecer a un gobierno que "trabaja, se esfuerza y logra resultados, y que si se equivoca, no lo resuelve con discursos sino con gestos".

"Para mí sigue siendo un maravilloso honor defender a este gobierno y ser parte de él. Y sé muy bien que quedan muchas cosas por hacer, como combatir la pobreza y seguir haciendo justicia en materia de derechos humanos", enumeró.

El funcionario remarcó que "tenemos un buen presente y un buen horizonte" y que el país "necesita mucho para terminar de consolidar todo lo que nos propusimos".

A continuación hicieron uso de la palabra varios legisladores, siendo la primera la justicialista Sonia Escudero, quien pidió que el crecimiento económico "llegue a la periferia de la Argentina".

La senadora salteña hizo notar que las retenciones las exportaciones de porotos está provocando serios daños a ese sector de la producción, y advirtió que "se acaba de perder el mercado de Venezuela".

"Esto expulsa mano de obra y algunos están dedicados a traer cocaína" de países limítrofes, puntualizó Escudero, quien preside la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Posteriormente, el senador radical Gerardo Morales planteó su preocupación por el proceso político que hubo en Misiones, donde el gobierno provincial fracasó en su intento de reformar la Constitución para permitirle la reelección indefinida.

Si bien destacó que "hubo una reacción positiva", por parte del Gobierno nacional, pues "ha ordenado que se detengan los intentos de reelección que afectaban la calidad institucional" del país

Además, pidió que se informe que investigación hay en marcha por el descubrimiento de 31 documentos de identidad sin fotos que se encontraron en Misiones, así como por "la presencia de funcionarios nacionales que distribuyeron fondos oficiales", y preguntó "cuanto costó al Gobierno nacional esta aventura del gobernador Carlos Rovira".

Por su parte, el socialista Rubén Giustiniani pidió explicaciones sobre la desaparición del testigo Jorge Julio López, porque "esa es una preocupación de toda la ciudadanía", y también reclamó que se avance en un proyecto por él presentado para que se reduzca a siete la cantidad de jueces en la Corte Suprema.

Fernández, al hacer uso de la palabra nuevamente, le contestó en especial al senador por San Luis y ex presidente Adolfo Rodríguez Saá, a quien le reprochó la declaración de default de la deuda externa que hizo en su breve gestión de una semana, en diciembre de 2001.

Dijo que a raíz de ello "hubo una hecatombe en la deuda argentina", y que con la pesificación asimétrica el país se endeudó fuertemente", que al inicio de la gestión del presidente Néstor Kirchner ascendía a 192 mil millones de dólares.

Asimismo, calificó de "asombroso" que se diga "que se coarta la libertad de expresión", y sostuvo que en la reciente elección de Misiones "aparecieron personajes en la elección que parecían sepultados por la historia, que hablaban por todos los medios".

En directa alusión al radicalismo, defendió la calidad institucional actual al afirmar que "nunca se gobernó bajo estado de sitio", como ocurrió durante la administración de Raúl Alfonsín.

"Nunca se hizo una Corte Suprema al servicio del poder político, se nombraron allí jueces absolutamente probos e independientes, y no se aumentó el número de jueces como entre 1989 y 1999", sostuvo Fernández.

Además, dijo que "no hubo mayor agravio que las leyes de impunidad y los indultos".

También apuntando contra los radicales, subrayó que ahora "no hay riesgo de que haya dos decenas de muertos en una protesta popular", como sucedió durante la crisis en que cayó el gobierno de Fernando de la Rúa, en diciembre de 2001.

Respecto de los subsidios otorgados a los gremios -preocupación que se originó luego de los incidentes de San Vicente, en los que se enfrentaron militantes de las 62 Organizaciones y el gremio de la construcción de La Plata-, indicó que esas contribuciones "las marca la ley, y no los determina graciosamente el Gobierno".

Fernández calificó esos episodios de violencia como "un hecho oprobioso", y que "políticamente ya todos sabemos quienes eran los responsables, y quien era el destinatario", pero no los identificó.

"No quiero ser hipócrita, no me hagan hablar de lo obvio", sentenció.

Finalmente, el jefe de la bancada radical, Ernesto Sanz, le respondió a Fernández que la calidad institucional es realmente un problema, y citó al caso de Misiones.

Dijo que allí "apareció una ministra (de Desarrollo Social, Alicia Kirchner), con el apellido del presidente, a repartir programas, programitas y programones.