INDEK: la tentación de controlar la inflación por decreto

Por Hugo Guillermo Storero

La intervención al INDEC, ejecutada por el PEN es una medida arbitraria, cuyo único objetivo es alterar interesadamente la metodología vigente en la construcción del indicador del Índice de Precios al Consumidor, constituye una grave violación al derecho de los ciudadanos a la información verídica.

Esta alteración no mide las graves consecuencias que por su aplicación distorsionada pueda tener al provocar una herida en la confianza que, los ciudadanos y las distintas instituciones (científicas, sociales, organismos de créditos, sindicatos acreedores, bonistas, planificadores, ejecutores de políticas públicas, etc) deben tener, sobre el organismo encargado de elaborar estadísticas oficiales.
Tal intromisión genera, en síntesis, dudas e incertidumbre en la base de datos preliminar a la elaboración de propuestas serias sobre las políticas públicas, destinadas a responder a las demandas de la sociedad.
Introduce el riesgo de impulsar una dinámica; en la cuál los distintos actores sociales y económicos, pasen a interpretar por su cuenta la evolución de precios, e iniciemos una etapa de “sensación térmica de la inflación” paralela a la “oficial”. Donde cada actor interpretará según su propio beneficio.

Para tomar dimensión de este riesgo, imaginemos una mesa de discusión salarial, dónde las consultoras pagadas por los empresarios desarrollen un indicador, los trabajadores guiados por una sensación recalentada del costo de vida y un tercer Índice, el oficial, operando sin eficacia (por la falta de confianza), y totalmente neutralizado por la puja de intereses en juego.

Se instala una variable de descontrol que produce modificaciones en la operación de cualquier tipo de cálculo. No es necesario ser un experto en matemáticas, para deducir que en cualquier resultado que se altere, incide en cualquier otro total en el que ese resultado sea parte, por lo cual la dimensión del problema se agranda y tiende a ser incontrolable. Por ejemplo: el Índice de Precios al Consumo (IPC); relacionado, con el ingreso real Per Cápita, y éste, con el ingreso del PIB, o el cálculo de la indexación de los bonos externos, o los efectos sobre la construcción del CER.

El efecto de esta distorsión se visualiza en los distintos aumentos y sus incidencias en dichas actividades en una economía de precios administrados. Por ejemplo; incidiendo enormemente en el cálculo del aumento en salud, turismo, alimentos y transporte, y que en el futuro se pueden extender a otras actividades.

Otro ejemplo es la incidencia en cientos de miles de contratos que regulan la vida cotidiana y que tienen al IPC como referencia. Desde los sueldos, hasta convenios de cuotas por alimentos, pasando por Autoplanes e innumerables refinanciaciones en curso.
La “revisión” rápida del IPC, atenta contra la seriedad necesaria de su elaboración. Su construcción metódica requiere de discusión y de un tiempo de desarrollo.
En fin, lamentablemente la manipulación metodológica, sólo busca encubrir engañosamente las condiciones reales del país. Es como pretender tratar la fiebre colocando el termómetro sobre el hielo, pero lo más grave de esta trampa es que los primeros estafados son las propias autoridades de la República, que disimularán el deterioro en la calidad de vida de la población, pero no podrán tener la estimación precisa de esos deterioros y llevar adelante políticas eficaces para superarla.

Una maniobra encubierta diseñada, entre otras cosas, para no afectar el índice inflacionario, tiene que ver con el régimen de redistribución de los subsidios otorgados por el Gobierno nacional a las empresas prestadoras del servicio de transporte de pasajeros que, en su mayor parte (80, 90%), se destinan a las empresas radicadas en la ciudad de Buenos Aires y su conurbano. Esto hace que en la Capital, el precio del boleto se mantenga en 0,75 centavos, y sea ese el costo tomado para la confección de los índices.

Estas manipulaciones son una grave manifestación del autoritarismo y la ceguera K. Los anteriores fueron avances graves y concretos sobre las instituciones de control (sobre facultades de los poderes Legislativo y Judicial). Pero esto manifiesta y revela una poderosa manía de suplantar la verdad y desconocer la realidad, cuándo ella no coincide con su visión o intereses. Con esta medida, la actual Administración Nacional ingresa decididamente en el terreno de la construcción de realidades paralelas y espejismos estadísticos; y ya sabemos bien los argentinos, los costos que se producen cuando estallan las realidades contenidas que se pretenden esconder bajo la alfombra.
Realmente, si este gobierno no avanza más sobre los derechos de los ciudadanos, no es por su propia autolimitación y conciencia democrática, sino porque la sociedad civil después de pasar una dura lección con la dictadura y de haber madurado su conciencia cívica, no estará dispuesta a tolerar pasivamente estos desmanes.

*Storero es diputado nacional por Santa Fe

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