“A los números se los puede torturar hasta que digan lo que uno quiere”. Este no es un mensaje mafioso coordinado por una banda de forajidos. Es una de las expresiones de humor más creativa de los economistas profesionales, con ese agudo y reconocido perfil que los caracteriza. El gobierno –decidido defensor de los derechos humanos- decidió subir la apuesta de la tortura: a partir de ahora todos los índices de la economía dirán lo que él quiere que digan.

Sin embargo, los relevos en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de la Directora Nacional de Estadísticas Clyde Trabucchi y de la Directora de Índices de Precios al Consumo Graciela Bevacqua, no son hechos económicos. Es de una formidable inocencia suponer que un cambio de funcionarios cambia la credibilidad de un indicador económico. Como en la época en que teníamos dos mercados de cambio para el dólar, uno oficial y otro paralelo, a partir de ahora habrá dos pizarras, con nombres distintos, para medir la inflación.

Los relevos en el INDEC ponen al descubierto, además, otro costado sensible de nuestra sociedad: la sensación de impunidad que ha dominado a casi todos los gobiernos, sean civiles o militares.

Cuando un gobierno cree que está en el pico de su popularidad o de su éxito siente que puede hacer cualquier cosa. Dos presidentes democráticos, Alfonsín y Menem, padecieron esa confusión. El primero cuando en 1985, sin Estado de Sitio, ordenó la detención de 12 personas porque entendía estaba en marcha “una conspiración con ayuda del periodismo”. El segundo, cuando acordó con el primero, en 1994, el Pacto de Olivos para reformar la Constitución y permitir su propia reelección.

El relevo de las profesionales que llevaban las estadísticas de inflación en el INDEC es un puro y simple acto de autoridad. De una autoridad que supone puede hacer cualquier cosa. El texto del decreto que separa a las funcionarias de sus cargos es el sueño del pensamiento eufemístico. Dice, en una perfecta construcción enclítica, en realidad, para que nadie la entienda: “Dase por limitada la designación”.

El decreto no indica, por supuesto, si van a ser procesadas por actos de corrupción, o sancionadas por incumplimiento de los deberes del funcionario público, o excluidas por manifiesta ineptitud para el ejercicio de sus cargos. Pareciera que las tres causales normales de remoción no merecen ser citadas:

El argumento oficial sostiene que la Ministro de Economía tiene, dentro de sus atribuciones, la facultad de relevar a los que ella calificó como “funcionarios de cuarta categoría”. O sea, nadie explica realmente por qué las relevaron.

¿Qué son los rumores? Son fantasías originadas por falta de información sobre los hechos. Por ejemplo: ¿el cálculo oficial de la inflación trata de mostrar una exitosa gestión de gobierno o, además, existe algún concreto interés sectorial para ganar o perder dinero según cómo sean los índices o, por el contrario, vivimos alguna cuestión personal entre la Ministra y las funcionarias destituidas?

El Presidente, que conoce como pocos el manejo del poder, debería cuidar -principalmente en un año electoral- el tema de su imagen vinculada con la supuesta impunidad para hacer lo que quiera. Una explicación simple, probablemente cerca de la realidad, es que este gobierno piensa que puede permitirse ciertos actos injustificados porque su competencia –la oposición- representa una opción fragmentada y poco concreta.

De cualquier manera la imagen es siempre, por lo menos, la mitad de la realidad y en un año electoral, cada día que pasa, este porcentaje crece sin cesar. En la semana previa a las elecciones ya no importa mucho la verdad o mentira de las propuestas: casi todo es imagen.

El gobierno debería aprender y la oposición debería aprovechar esta imagen de principios de febrero: los relevos en el INDEC son por un lado y antes que nada, un error, y para la oposición una oportunidad.

* Martini es diputado nacional del PRO-Capital Federal