El Senado sancionó una iniciativa que establece la obligatoriedad de realizar estudios de impacto ambiental en toda obra pública o privada que pueda provocar un daño al medio ambiente. La iniciativa tuvo modificaciones especialmente pensadas en el conflicto con Uruguay.
El proyecto aprobado por unanimidad en la Cámara alta corresponde al senador José Pampuro, quien fue el encargado de defenderlo en el recinto.
Precisamente Pampuro incorporó a último momento al proyecto original un artículo que vela por el impacto transfronterizo de los emprendimiento sindustriales. Es que en el tema se coló la cuestión de las pasteras, y así el documento aprobado incluyó un capítulo vinculado al conflicto con Uruguay por la instalación de la planta de Botnia.
El presidente provisional del Senado citó diversos antecedentes de legislaciones internacionales. Pampuro indicó que el costo de los estudios estará a cargo del responsable de la obra, y deberán ser realizados por profesionales inscriptos es un Registro de Consultores que se creará a ese efecto.
La presentación del estudio tendrá carácter de declaración jurada, y serán las autoridades gubernamentales las responsables de evaluar dichos estudios y conceder o rechazar el permiso de obra.
Según establece ahora el proyecto que cuenta con media sanción, “cuando los impactos previsibles de un proyecto pudieran afectar a terceros países, la autoridad ambiental competente deberá dar formal intervención en la etapa de revisión a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”, la cual deberá poner el estudio de impacto ambiental a disposición de los países involucrados.
El proyecto fue girado a Diputados para su sanción definitiva, y tiene el objetivo de cumplir con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que vela por la protección del medio ambiente.
El Poder Ejecutivo solicitará el estudio de todo proyecto de obra o actividad comprendida en esta ley que se desarrolle en terceros países y que pudiera afectar al país, y lo pondrá en conocimiento de las autoridades competentes de las jurisdicciones potencialmente afectadas.
La bancada radical, a través de su jefe, Ernesto Sanz, expresó su apoyo a la norma, pero aclaró que implica la adopción de “supuestos mínimos” en materia ambiental, y debe ser “complementaria de las normas locales”.
