Senadores de diversas bancadas quieren que el Gobierno informe sobre la situación del secretario y de una funcionaria del INDEC.
Un grupo legisladores de distintas bancadas opositoras reclamó al Gobierno que informe sobre que medidas tomó luego de que la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas pidiera el apartamiento de sus funciones del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y de la directora del INDEC Beatriz Paglieri.
Recordemos que ambos funcionarios son investigados por la Fiscalía por supuestas irregularidades que se habrían cometido en la elaboración del Indice de Costo de Vida. A Moreno se le imputa haber reclamado al INDEC información que está amparada en el secreto estadístico, que establece la ley 17.622.
La iniciativa fue presentada en la Cámara alta por el senador renovador de Salta Ricardo Gómez Diez, y es acompañada por los senadores Adolfo Rodríguez Saá, Roberto Basualdo, Rubén Giustiniani, Hilda González de Duhalde, Marita Colombo, Isabel Viudes, Carlos Rossi y Pedro Salvatori.
El proyecto está fundado en el informe de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas del 15 de mayo que determinó que se había “distorsionado y alterado” el cálculo del IPC y que se había violado el secreto estadístico del INDEC.
Los senadores aducen que “la investigación de la Fiscalía es concluyente, y determina que se ha distorsionado y alterado el cálculo del índice de precios al consumidor, convirtiendo en engañosos y falsos los comunicados de prensa oficiales que emite el organismo desde el día 5 de febrero pasado en adelante.
“Se han recolectado suficientes elementos de prueba que permiten sospechar que se ha violado el secreto estadístico que ampara cierta información del INDEC, para ser puesta en conocimiento de la Secretaría de Comercio Interior”, agregaron.
La oposición destaca la necesidad de “reestablecer la confianza sobre una institución cuya razón de ser radica justamente en la credibilidad”.
“Una buena parte de la deuda pública argentina, tanto interna como externa, está nominada en pesos ajustados por inflación al consumidor”, agregaron, por lo que “de no darse marcha atrás conas las irregularidades, puede generar el reclamo de bonistas y ponernos en una nueva situación de conflicto”.
