La Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto de ley para prohibir la candidatura a cargos públicos de los procesados por delitos de lesa humanidad. Pero no se consiguió la total aprobación en particular por lo que los pocos diputados opositores que estaban en el recinto se levantaron y se cayó la sesión. La polémica central fue la inclusión de la prohibición para los funcionarios judiciales en la época de la dictadura.
En la vuelta al recinto, los diputados nacionales no esquivaron la responsabilidad de un tema importante y complejo como es poner un límite a las candidaturas a los ciudadanos procesados por delitos de lesa humanidad. Aunque terminó en polémica porque la ley no fue votada integramente, ya que se aprobó solamente en general y no en particular.
Por lo tanto, la Cámara de Diputados volvió a protagonizar un hecho destacado políticamente donde brilló la diferencia que existe entre las distintas partes del Parlamento.
Los diputados oficialistas lograron aprobar por 133 votos a favor y 2 abstenciones, el proyecto de ley consensuado por los distintos bloques para fijar causales para inhabilitar por razones éticas a candidatos a cargos electivos.
El tratamiento de este proyecto fue postergado durante todo el 2008, luego que la Cámara baja rechazara el ingreso del ex subcomisario Luis Patti. Sin embargo, a menos de dos meses de la próxima elección, será el turno del Senado de debatir este complejo tema que requiere una pronta definición.
Durante el debate, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Remo Carlotto consideró que “estamos dando un paso fundamental en contra de la impunidad en los estados judiciales. También vamos a hacerlos en el marco institucional para que ninguno que participó del terrorismo de Estado en nuestro país participe de un cargo público”.
“Si Patti entra al Congreso es porque estamos escondiendo la realidad de nuestro país”, disparó la diputada autora del proyecto, Victoria Donda.
Según sostuvo el diputado Claudio Lozano, que el proyecto debería contemplar que “no hace falta estar procesado sino que alcanza con la prueba suficiente de la Justicia”.
Pero el proyecto contempla que debe estar autoprocesado por la Justicia mientras que otros diputados radicales pidieron la sentencia firme.
Otro de los debates centrales fue si la ley involucra a Luis Patti, quien se ha presentado nuevamente como candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires. Se aclaró que por los tiempos parlamentarios no podrá ser ley antes del 28 de junio.
Para la diputada kirchnerista Diana Conti aclaró que “vota a favor pero que este proyecto no será nunca ley y si lo es será inconstitucional”.
Asimismo, la Coalición Cívica también votó a favor de este tema pero tomó distancia con respecto a la necesidad de la condición de inhabilitación por “prueba suficiente”. La diputada Marcela Rodríguez solicitó que el texto debería estipular esta figura jurídica donde no se necesite una sentencia firme para ser juzgado “porque sino se estaría dejando a muchos de los denunciados en la CONADEP a fuera”.
La historia del debate del proyecto
Cabe recordar que el tratamiento de las incompatibilidades éticas para ser candidatos se inició el año pasado con dos jornadas de consultas que realizó la comisión a dirigentes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la Secretaría de Derechos Humanos y al constitucionalista radical Ricardo Gil Lavedra, entre otros.
Luego, la diputada Victoria Donda (Libres del Sur), que se alejó en el último tiempo del kirchnerismo, presentó un proyecto acompañada por legisladores de distintos bloques -incluido el oficialismo- que recogió planteos escuchados en la audiencia.
El proyecto modifica el artículo 33 bis de Capítulo IV, Título II de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos para disponer que no podrán ser candidatos a cargos públicos electivos ni ser designados para ejercer cargos partidarios a perpetuidad las personas condenadas judicialmente por delitos vinculados a la desaparición forzada de personas.
También indica que tendrán inhabilitación legal para ser candidatos quienes hayan sido condenados por los delitos de robo, defraudación, estafa, malversación de fondos públicos o privados y falsificación de instrumentos públicos o privados.
A su vez, se incluye en la prohibición para ser candidatos a las personas que hayan “usurpado cargos electivos” durante gobiernos de facto, hayan ejercido cargos de ministro, secretario, subsecretario, embajadores, director nacional, jefe de Fuerzas de Seguridad federales o provinciales entre el 24 de marzo de 1976 y 10 de diciembre de 1983.
El proyecto dispone que “no será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos” y obliga a los partidos a presentar, junto con el pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos y el último domicilio electoral.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, presidida por la justicialista Graciela Camaño, sólo convocó a reunirse para tratar este tema dos veces. La primera fue antes que el conflicto con el campo llegue a la Cámara de Diputados y la última fue en el 2009 y no tuvo quórum.
