El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto que busca agilizar la tarea del llamado “jury de enjuiciamiento” a partir de un proyecto apoyado por todos los bloques políticos de la Cámara Alta.

La iniciativa, propicia una serie de modificaciones a determinados artículos de la Ley 13.661 que establece las normas de procedimiento para el enjuiciamiento de magistrados y funcionarios en la provincia de Buenos Aires.

Entre los puntos de mayor importancia que ahora están a consideración de Diputados provinciales, se establece que en el mismo sorteo de los legisladores y abogados que practican las Presidencias del Senado y Suprema Corte respectivamente, se haga lo propio con tres miembros suplentes, que se integrarán al Tribunal en caso de vacancia por recusación o excusación de algún miembro titular, circunstancia que “permitirá evitar tediosas dilaciones del trámite procedimental como ocurre en los casos en que se torna necesario volver a practicar un sorteo”.

Asimismo, se propone eliminar la imperatividad que se establece de asentar la existencia de una denuncia en el legajo del funcionario denunciado, dejando tal circunstancia para una posterior etapa del procedimiento.

También se propicia establecer que el inicio del sumario previsto sea una facultad del Tribunal de Enjuiciamiento, quien lo ordenará en aquellos casos que juzgue conveniente según la naturaleza de los hechos expuestos en la denuncia y a la luz de la plataforma fáctica de cada procedimiento.

En igual orden, se auspician diversas reformas tendientes a evitar demoras innecesarias en el procedimiento. Así por ejemplo, se asigna al Presidente del Jurado “la facultad de resolver las excusaciones de los miembros abogados, dejando de lado la sesión especial que debe convocarse a ese efecto; se dispone expresamente que cuando en el sorteo realizado por la Suprema Corte resulte desinsaculado un abogado matriculado en el departamento judicial correspondiente al del magistrado o funcionario denunciado -habitual motivo de excusación- , se proceda a sortear un nuevo integrante en reemplazo de aquel; se establece un ajuste de diversos plazos que se consideran excesivos o exiguos en algunos casos; etc”.

En otro orden, se excluye “a los Colegios de Abobados de la necesidad de acreditar la responsabilidad suficiente para responder a las eventuales costas que genere el juicio. Ello en tanto resulta de público y notorio la solvencia de los Colegios para afrontar esta circunstancia, constituyendo, dicha exigencia, un mero obstáculo que conspira con los fines que persiguen dichas instituciones”.