Se estima que en Argentina se realizan unos 400.000 abortos por año. Dependiendo de la fuente, según se considere el Ministerio de Salud de la Nación u organizaciones feministas, se calcula entre 100 y 200 el número de mujeres que mueren anualmente a causa de esta práctica. Por lo tanto, considero que el sistema actual es hipócrita al penalizar a la mujer sin tener en cuenta otros aspectos como la protección de su vida y la del bebé. Me preocupa la salud de esas mujeres y también me entristecen los 400.000 bebés a los que se les niega el derecho a nacer.

Legalizar el aborto no es la solución. Esos bebés abortados son como personas desaparecidas pero en una instancia en donde no hay abuelas que puedan salir a recuperarlos. Mi propuesta es evitar ambas muertes y trasformarlas en vida.

Hoy se pretende decidir sobre cuál es el momento en que la vida de una persona vale. Al respecto, en la Cámara de Diputados se han presentado dos proyectos que apuntan a establecer el derecho al aborto entre la semana 12 y 14 de gestación. El tema ya está instalado en la agenda y la Comisión de Legislación Penal tendría previsto abordarlo en los próximos días. En el mismo sentido, ayer se realizó en el Senado un seminario titulado “el derecho al aborto, una deuda con la democracia”. Cabe preguntarse, ¿Es cuestión de la democracia decidir si una persona merece vivir o no?; ¿Existe algún criterio por el cual se lo pueda justificar?. El entonces Presidente de Uruguay, Tabaré Vásquez, médico, ateo y socialista, vetó la ley del aborto en su país moviéndose en contra de la mayoría de su partido, explicando que científicamente ya está comprobado que existe vida desde la concepción: la de un bebé con un ADN propio, distinto al de la madre.

Impulsar el camino más fácil, la legalización del aborto, no resuelve el problema. Sin embargo, se lo está promoviendo en diputados como la “gran salida” frente a casos de embarazos no deseados. Mi propuesta es que miremos el problema y busquemos una solución eficiente que implique activar programas de educación sexual y salud reproductiva para prevenir este tipo de embarazos. Asimismo, proveer asistencia en materia de salud, económica y laboral a las mamás en situación de vulnerabilidad, y que se aporten los mecanismos para acompañar a la mujer que no desee tener al bebé hasta el momento de su nacimiento, donde podrá darlo en adopción.

En cifras, el aborto legal, seguro y gratuito le costaría al Estado 1.200 millones de pesos. Con ese dinero se podría coordinar un sistema que resguarde la vida de esos 400.000 bebés que hoy mueren por año. Sería más coherente que se asigne un mayor presupuesto para impulsar políticas públicas que favorezcan y acompañen a la mujer embarazada. Por otro lado, es necesario que nuestros legisladores nacionales traten con urgencia la modificación de la Ley de Adopción para facilitar la adopción de los niños de aquellas madres que no desean tenerlo. Hace 3 años que pertenezco a la Comisión de Familia, Mujer, Minoridad y Adolescencia, y desde entonces he presentado proyectos que aún no fueron tratados, iniciativas orientadas a contener, acompañar y cuidar a la mujer con embarazos no deseados, donde se prevé la asistencia médica, psicológica y la ayuda económica para tratar de salvar ambas vidas. No tratarlos es hipocresía.