La presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Adriana Puiggrós, presentó un proyecto modificatorio de la normativa vigente para el nivel de educación superior. Entre otras medidas, se prohíbe el arancelamiento de los estudios de grado.
La diputada del bloque oficialista, Adriana Puiggrós, presentó un proyecto de “Ley de Implementación efectiva de la responsabilidad del Estado en el Nivel de Educación Superior”, cuyo objetivo es modificar la actual ley de Educación Superior 24.521.
El proyecto presentado explica la necesidad de derogar la ley vigente dado que “deja abierta la posibilidad de arancelar los estudios de grado académico y restringir el acceso vía exámenes eliminatorios de ingreso”.
Al respecto, la norma presentada establece “la responsabilidad principal e indelegable del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la Educación Superior, en tanto la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social”.
Asimismo, se detalla que el Estado nacional es el “responsable de proveer el financiamiento”, como así también de la “supervisión y fiscalización de los organismos e instituciones educativas de gestión estatal” y de “la supervisión y fiscalización de los de gestión privada, por parte de la autoridad competente en educación superior”.
Con respecto a la gratuidad y acceso, el proyecto presentado por la diputada oficialista Adriana Puiggrós determina que el financiamiento de la Educación Superior Universitaria Nacional “corresponde al Estado nacional de manera indelegable”, y que debe “garantizar la gratuidad de los estudios de grado y el adecuado desarrollo de sus funciones”
En tanto, el proyecto establece la “prohibición de cualquier tipo de gravamen directo o indirecto sobre los estudios de grado”.
Entre los fundamentos presentados en el proyecto, se establece que la “responsabilidad del Estado” se concreta en “la garantía de la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley”.
En lo que respecta al bienestar estudiantil, el proyecto presentado por la diputada Adriana Puiggrós, determina que deberá haber una “provisión equitativa de becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos tecnológicos apropiados que posibiliten el derecho a la Educación Superior en los casos de aquellas personas que, sufran carencias económicas verificables y/o tengan discapacidades, permanentes o temporarias”.
En el proyecto también pone límites a la suscripción de acuerdos y/o convenios que sean considerados “de mercantilización de la educación superior”. Sobre esto la iniciativa establece “la prohibición, de la Educación Superior estatal, para suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o alienten formas de mercantilización”.
Cabe recordar que el Congreso Nacional ha modificado las diferentes leyes del campo educativo sancionadas durante las presidencias de Carlos Menem, exceptuando hasta el momento la Ley de Educación Superior.
