La presentación hecha ante la Inspección General de Justicia

A continuación, detallamos textualmente el pedido formulado por el senador Gerardo Morales y el diputado Ricardo Gil Lavedra: Al Sr. Inspector General de JusticiaSr. Marcelo MambertiLos presidentes de los bloques…

A continuación, detallamos textualmente el pedido formulado por el senador Gerardo Morales y el diputado Ricardo Gil Lavedra:

Al Sr. Inspector General de Justicia
Sr. Marcelo Mamberti
Los presidentes de los bloques de diputados nacionales del radicalismo y del bloque de la UCR en el Senado, Ricardo Gil Lavedra y Gerardo Morales, respectivamente, y el titular de la Comisión de Justicia de la Cámara baja, Juan Pedro Tunessi, solicitaron a la Inspección General de Justicia que “requiera en forma urgente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la inmediata intervención de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, en razón de las graves irregularidades que están siendo investigadas respecto del manejo de fondos públicos por parte de esa entidad”.
Se expresa en la presentación que “la constatación de esos actos graves no necesita demostrarse. Su existencia es de dominio público, está siendo investigada por la Justicia y los organismos de control y, además, fue reconocida por la propia presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini, la que acusó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender de estafadores y sostuvo que se llevaron de la Fundación documentación trascendente en un camión blindado”.

HECHOS
El escándalo surgido en torno a las serias irregularidades vinculadas con la administración de fondos para la construcción de viviendas sociales por parte de la Fundación Madres de Plaza de Mayo se extiende cada día, ante la perplejidad de los ciudadanos.
La constatación de esos actos graves no necesita demostrarse. Su existencia es de dominio público, está siendo investigada por la justicia y los organismos de control y, además, fue reconocida por la propia presidenta de la entidad, Hebe de Bonafini, la que acusó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender de estafadores y sostuvo que se llevaron de la Fundación documentación trascendente en un camión blindado.
En este sentido, la citada dirigente expresó en medios periodísticos:
“El [Schoklender] fue un gran creador, es muy inteligente. Todo lo de Sueños compartidos no lo podemos negar. Se fue de mambo cuando quiso convertir el emprendimiento en una empresa. Eso fue hace casi dos años… Discutiendo mal más de un año, pero que venía con esto, dos años. Yo le decía: «Tenemos una empresa, el Gobierno no quiere comprar esas casas… Nosotros trabajamos como soldados del proyecto nacional y popular y si el Gobierno no necesita las casas». El me decía las vendemos y yo le decía que eso era una locura, pensaba como una empresa…Si van presos que vayan presos, tienen que pagar lo que hicieron, es muy gordo, no es una pavada” (DIARIO LA NACION: “Bonafini admitió que ´hace dos años` que discutía con Schoklender por dinero”, Martes 7 de junio de 2011)”
“Ellos [Schoklender] son estafadores y traidores” (DIARIO PANORAMA.COM).
Frente a estas irregularidades , el presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, admitió “Hay cosas que nos alarman, nos asustan”, respecto de la investigación que realiza ese organismo para determinar la ruta de los $ 765 millones otorgados por el Gobierno a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas sociales.
Sobre la averiguación del camino seguido por los fondos, Despouy aseguró: “Es una decisión que tomamos por unanimidad desde el momento mismo en que explotó todo”, y calificó el caso de “tan delicado, tan doloroso y lleno de implicancias de distinta naturaleza”.
El funcionario dijo que sospecha que “no solamente se da una desviación del fondo nacional, sino la constitución de un fondo integrado por dinero de muy distintos orígenes, y no precisamente sano origen
Según Despouy, “pudo acontecer que hubo una transferencia, que esa transferencia llegó al municipio, que efectivamente se concretó con el cheque mismo, pero ese cheque pudo ir no ya a un fondo específico para el pago de esa obra, sino que pudo ir, como algunos han denunciado, a una cueva financiera donde se transforma en un activo de una empresa”. Advirtió que se observará “estrictamente si se ha respetado la ley de obras públicas” (DIARIO LA NACIÓN: ““Hay cosas que asustan“, dijo Despouy.”, viernes 17 de junio de 2011).
Resulta evidente que las actuales autoridades de la entidad no han sido idóneas para, cuanto menos, advertir las mencionadas maniobras ni para reaccionar con la celeridad y transparencia necesarias una vez que, al parecer muy tardíamente, se enteraron de ellas.
Prueba de ella resultan las declaraciones públicas de la titular de la fundación y su letrado patrocinante, que fueron publicadas en sendos medios de comunicación
“Aprendí que uno tiene que ser mucho más desconfiada y un poquito más egoísta a veces” (DIARIO LA NACION: “Bonafini admitió que ´hace dos años` que discutía con Schoklender por dinero”, Martes 7 de junio de 2011)”
Como presidenta de la Asociación, Bonafini presentó además un escrito en el que fue muy dura con Sergio y Pablo Schoklender. No sólo los acusó de ser “los arquitectos profanos del más doloroso dispositivo de traición” pese a que habían sido recibidos “como hijos”; dijo además que sustrajeron cheques que autoridades nacionales entregaron a la fundación en pago por las obras y que los “descontaron en cuevas financieras”. Todo -señaló- a sus espaldas y con su “total desconocimiento”. (DIARIO LA NACION: “Bonafini denunció a Sckoklender en la Justicia”. Martes 14 de junio de 2011.)
La Justicia está investigando y van a ir presos todos los que sean necesarios. No puedo decir todo lo que sé y no quiero tampoco”, advirtió Bonafini en una entrevista publicada por la agencia estatal Télam. (DIARIO PANORAMA.COM)
Sí advirtió que tienen una “relación de correspondencia” con los “cuantiosos bienes personales” de Schoklender y sus secuaces. “Hemos ido tomando conocimiento de las múltiples propiedades, rodados lujosos -si no extravagantes- aviones y yates, empleados y adquiridos por la banda, no por necesidad alguna del proyecto Sueños Compartidos, sino por los apetitos propios e insaciables de quienes han perpetrado este obrar delictivo”, afirmó Bonafini (DIARIO LA NACION: “Bonafini denunció a Sckoklender en la Justicia”. Martes 14 de junio de 2011.).
Y sostuvo que desconocía los manejos irregulares de Sergio Schoklender, porque “era un tipo que trabajaba 30 horas sobre 24, le pagaba a la gente y las construcciones se hacían… De todos modos, reconoció que desde hacía mucho tiempo tenía discusiones con el ex apoderado de las Madres. “Hace un año empecé a tener discusiones con él porque quería convertir la fundación en una empresa. Y yo no tengo ningún interés en que esto sea una empresa, quiero que siga siendo una fundación, como está”, dijo Bonafini”. (DIARIO LA NACION: “Bonafini echó a Pablo Schoklender”, Lunes 06 de junio de 2011).
Por su parte el abogado de la fundación Madres de Plaza de Mayo, Eduardo Barcesat, admitió al referirse al plan de viviendas sociales de la entidad que “debieron haber tenido un control más severo. …., tal vez a través de alguna auditoria, que fuera más severo y que no se contentara solamente con ver que la obra se hacía, que era buena, que se cumplían los plazas y que eran viviendas muy dignas”.
El abogado, en declaraciones a radio América, completó: “Esta es la parte que falló del proyecto” de viviendas sociales Sueños Compartidos. Sin embargo, atribuyó la presunta falta de rigor en el control a “abuso de confianza: amor de las Madres hacia los (hermanos) Schoklender”. (CLARIN.COM: “El abogado de las madres admite que faltó control”, 20 de junio de 2011).
Si bien a nadie escapa el protagonismo del ex apoderado en la gestación de las turbias maniobras que lo habrían llevado a adquirir en pocos años una fortuna considerable, mediante –por lo menos- la contratación como representante de esa fundación de la empresa “Meldorek SA.”, de la que posee el 90% del capital accionario, circunscribir un asunto tan espinoso y de ramificaciones tan vastas al accionar de una sola persona, no resiste el menor análisis.
Por otra parte, según ha trascendido, las funciones de Schoklender habrían continuado desempeñándose por individuos que tenían estrecha relación con él.
Tampoco puede pasar desapercibido que el objeto social de la fundación, entidad sin fines de lucro, no es -a priori- la construcción de viviendas. No obstante, por indicación del gobierno nacional aparece suscribiendo directamente como constructora contratos de obra pública sin licitación alguna y sin siquiera figurar en el Registro de empresas constructoras para el Estado. Esta circunstancia, sumada a los actos graves descriptos supra, configuran la causal indicada en los incisos j ap. 1, 3 y 4 del art. 10 de la ley 22.315 para que proceda la intervención de la entidad.
Los cuantiosos recursos públicos utilizados por la referida entidad, los fines sociales a los que están destinados y la necesidad de preservar sin dilaciones todos los elementos probatorios que puedan arrojar luz sobre el funcionamiento de una trama de negocios oscuros,, exigen que en forma urgente se intervenga a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Es una medida que ya debería haber sido adoptada y cuya dilación vuelve a sembrar dudas sobre la sinceridad de los propósitos alegados por el gobierno nacional de investigar este hecho hasta sus últimas consecuencias.
Tampoco puede general duda alguna que la intervención es necesaria en resguardo del interés público, por cuanto se ven afectados fondos públicos, existiendo claras sospechas en su forma de adjudicación, administración y destino. Por lo cual se encuentra configurada la causal indicada en el inciso j.2 del art. 10 de la ley 22.315 para que proceda la intervención de la fundación.
Prueba de la trascendencia y el interés público involucrado en este caso es la investigación y control que se está llevando a cabo desde distintas órbitas (judicial, legislativa), a los que no puede quedar ajena la Inspección General de Justicia, que se encuentra obligada a intervenir a fin no solo de investigar sino de evitar la continuidad en estas irregularidades.
DERECHO
Fundamos nuestra petición en las siguientes normas:

A) La intervención a la Fundación: El artículo 10 de la ley 22.315 faculta a la Inspección General de Justicia a solicitar al Ministerio de Justicia la intervención de una asociación civil o fundación, “cuando constate irregularidades graves y estime imprescindible la medida, en resguardo del interés público”, dando como casos que justifican ese proceder los siguientes:
“1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento;
2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público;
3) si existen irregularidades no subsanables;
4) si no pueden cumplir su objeto”.

B) El control de la IGJ sobre el cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden a las fundaciones:
1) Artículo 444 de la Resolución General 7/2005 de la IGJ. Las asociaciones civiles y las fundaciones, así como las representaciones locales de entidades constituidas en el extranjero, deberán presentar anualmente a la Inspección General de Justicia juntamente con sus estados contables:
1. Detalle de las características y cuantía de sus participaciones y el porcentaje que representan en el capital de la sociedad anónima participada.
2. Copias de las actas de los órganos de administración y gobierno y, en su caso, del registro de asistencia a asambleas de la misma.
3. Los mismos elementos indicados en los dos incisos anteriores, en relación con las participaciones indirectas en otras sociedades, cuando éstas impliquen el control interno de hecho o de derecho de las mismas.
4. Información sobre los derechos de usufructo que hayan constituido a favor de terceros, acompañando copia del instrumento de constitución.
La Inspección General de Justicia podrá solicitar toda otra información que estime conducente con respecto a la participación de las referidas entidades civiles en las sociedades participadas, al ejercicio de derechos como socias y a la actuación de quienes integren el directorio o el órgano de fiscalización de las sociedades directa o indirectamente participadas y revistan a la vez la calidad de fundador, herederos del mismo o integrantes de los órganos de administración y fiscalización de la asociación civil y/o fundación.
Cuando a resultas de la información prevista en estos artículo advierta la existencia de tenencias que por su entidad pudieren implicar por parte de la asociación, fundación o representación un modo de ejercicio indirecto de actividades comprendidas en el objeto de la sociedad directa o indirectamente participada, la Inspección General de Justicia pondrá tal circunstancia en conocimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
2) Artículo 458 de la Resolución General 7/2005 de la IGJ Ultimo párrafo: Asociaciones civiles y fundaciones. “En el caso de denuncias contra asociaciones civiles y fundaciones, la providencia indicada en el primer párrafo dispondrá la realización de una visita de inspección a la entidad que se realizará dentro de quinto día y tendrá por objeto recabar toda la documentación adicional a la aportada por el denunciante que se estime pertinente de acuerdo con el contenido de la denuncia, en cuya oportunidad se notificará también el traslado de la denuncia. El inspector o inspectores actuantes en la visita de inspección, se constituirán en la sede de la entidad y recabarán de la misma la totalidad de la documentación conducente, copia de las actas y/o estados contables cuestionados, sumarios internos y demás elementos de juicio que guarden relación suficiente con la materia de la denuncia, consignando asimismo, en el acta respectiva, toda otra información y/o manifestaciones que se les formulen verbalmente y sean pertinentes. Los elementos que, requeridos, no sean suministrados en esa oportunidad, deberán ser presentados como máximo hasta la oportunidad de contestación del traslado de la denuncia. Su no presentación constituirá presunción en contra de la entidad”.
C) Aplicación de sanciones. El decreto 1493/1982 reglamentario de la ley 22.315 regula la aplicación de sanciones por la IGJ a las fundaciones ante el incumpliendo de sus obligaciones legales.
En suma, estamos solicitando que la Inspección General de Justicia cumpla los deberes que la ley pone a su cargo y ejerza las facultades que las normas le atribuyen en defensa del interés público. La inacción o falta de actividad hará personalmente responsables a los funcionarios que no observen las obligaciones que el derecho positivo les exige.

PETITORIO
Por todo lo expuesto solicitamos:
1) Se inicien las actuaciones de rigor y se requiera en forma urgente al Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la inmediata intervención de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de conformidad con lo dispuesto por el art. 10 de la ley 22.315.
2) Oportunamente, se apliquen las sanciones que correspondan, de conformidad con la ley 22.315 y su decreto reglamentario 1493/1982.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.

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