Las ONGs Católicas por el Derecho a Decidir, Insgenar y Cladem manifestaron que “Argentina incumple sus leyes sobre el aborto no punible”, refiriéndose al caso de la pequeña entrerriana de 11 años que solicitó la interrupción del embarazo. Tras la judicialización del caso, los médicos determinaron continuar con la gestación puesto que no existían riesgos para la madre y el feto.

“Los funcionarios/as públicos de los sistemas de salud y de justicia, que son los directamente involucrados en garantizar estos abortos, no sólo incumplen con esta tarea sino que actúan contra los derechos de las víctimas”, manifestaron las organizaciones.

A través de un comunicado, recordaron que en el artículo 86 del Código Penal se establecen dos situaciones excepcionales para llevar a cabo un aborto: cuando el embarazo es producto de una violación o si peligra la vida de la madre. “En el caso de la niña de Entre Ríos se cumplen ambas causales: fue violada y corre riesgo su salud física y mental”, explicaron.

Asimismo, las entidades aseguraron que “nunca debió ocurrir” la intervención judicial, mientras que la interrupción del embarazo “debió ser realizada prontamente en el hospital tal como también lo establece la Guía técnica de Abortos no Punibles del Ministerio de Salud de la Nación”.

Por otra parte, a raíz de un caso similar ocurrido en 2007 en Guernica, Católicas por el Derecho a Decidir, Cladem e Insgenar decidieron llevar un litigio internacional –LMR contra Estado- ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cuerpo que monitorea el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es signatario.

“El Comité ha fallado que Argentina ha violado su propio marco legal en este caso de aborto no punible y le ha planteado al Estado nacional y bonaerense que deben indemnizar a LMR y su familia e implementar políticas para que estos casos no se repitan. Es decir: que los abortos no punibles se realicen en tiempo y forma”, finalizaron.